COMBUSTIBLES

El proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) presentado por el Poder Ejecutivo establecía la desmonopolización de los combustibles, pero no hubo acuerdo en la coalición multicolor y finalmente se aprobó un artículo que estableció mayores potestades para la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea); la obligatoriedad de Ancap de vender combustibles a precio de paridad de importación; y la conformación de un comité de expertos, designados por el gobierno y encargado de analizar toda la cadena de combustibles.

El comité de expertos presentó sus conclusiones en diciembre y el Poder Ejecutivo se reunió ayer con diputados y senadores de la coalición para explicar el rumbo elegido. “La dirección del gobierno es bajar el precio del combustible en el menor plazo posible, pero también fortalecer a Ancap para que, en función de cumplir con el artículo que se aprobó en la LUC, pueda seguir siendo una gran empresa y pueda seguir teniendo el monopolio del refinado de combustible, como lo tiene”, dijo el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

La LUC, que fue promulgada el 9 de julio del 2020, da un plazo de 180 días para que el gobierno remita un informe sobre cuál es su plan para cambiar la cadena de producción de combustibles. Paganini presentó ayer el informe del Poder Ejecutivo ante los socios de la coalición junto al subsecretario, Walter Verri, y el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero.

Las autoridades insistieron en que para que Ancap alcance un precio competitivo con la región necesita ser más eficaz. “Hay una variable de ajuste: hoy es el precio de paridad de importación más una ‘x’, que se irá ajustando a la baja, hasta desaparecer en un período de dos o tres años”, explicó el subsecretario a El País. “Eso llevará a la baja del precio de los combustibles. Con esos ajustes, Ancap podrá vender a precio de paridad de importación, sin perder”, aclaró Verri. El gobierno planteó a las bancadas de la coalición la necesidad de analizar las mezclas de combustibles y revisar los impuestos con los que están gravados. Además, también sugirió estudiar el fideicomiso del gas oil, que genera un sobre precio de $ 3,50 por litro de combustible.

“Se está analizando la posibilidad de dejar de mezclar biodiesel”, informó el subsecretario. Esto permitiría lograr una baja en el precio del gasoil, lo que impactaría directamente en los costos de la producción industrial y agrícola. Para concretarlo, para cambiar las mezclas de combustibles, es necesario una nueva ley.

La ley de biocombustibles obliga a mezclar etanol, en el caso de las naftas, y biodiesel en el gasoil. El etanol se fabrica en Bella Unión a partir de la caña, y en Paysandú a partir de oleaginosos (maíz y sorgo principalmente). En el sur, en la planta de Capurro, que gestiona Cousa (Compañía Oleaginosa Uruguaya S.A.), se fabrica biodiesel.

“Lo que remitimos al Parlamento no es un proyecto de ley, sino un informe en el que el Poder Ejecutivo da a conocer su plan para hacer más competitiva la cadena de combustibles, que tienda a ser un mercado más libre, y que se avance en la dirección de favorecer al consumidor”, aseguró Verri.

“No mezclaríamos biodiesel, por lo tanto dejaríamos de producirlo. Llevaría un proceso legal, aprobar la ley, modificar la ley de biocombustibles. Después hay que ver el contrato vigente con el que está fabricando biodiesel”, agregó el subsecretario, quien insistió en que este no es el único cambio, sino uno de una serie que se concretaría en cuatro etapas.

Los senadores Gustavo Penadés, del Partido Nacional, y Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, destacaron la importancia de la reunión para avanzar en la baja del precio de los combustibles.