PUJA POR LA EDUCACIÓN

En Torre Ejecutiva existe “preocupación” en cuanto a las ocupaciones a centros educativos, según señalaron fuentes del gobierno a El País. Tanto así que el martes pasado, un día después a que se ocuparan nueve instituciones -entre ellas el IPA y Magisterio-el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, mantuvieron una reunión en el edificio de Presidencia. Allí fue que se llegó a un acuerdo: se debía cumplir con la Constitución y desocupar todos los centros.

Un día después fue que la ANEP, por tres votos contra dos -de los representantes docentes-, decidió pedir al Ministerio del Interior que desocupase los centros de formación de maestros y profesores, donde los estudiantes se manifestaban en contra de la reforma educativa.

Los operativos empezaron sobre 22 horas y se extendieron hasta pasada la una de la madrugada, cuando la Policía se presentó en el IPA. El jueves ocuparon centros del interior, que también fueron desocupados por agentes policiales. Y ayer volvieron a ocupar el IPA y rápidamente se volvió a desalojar.

La fuente de Torre Ejecutiva dijo que la determinación es aceptar la protesta sin que esta implique un freno para la reforma, ni para el normal funcionamiento de los centros.

“Ante cada ocupación, desocuparemos. Y lo haremos todas las veces que haga falta. Tenemos un plan único: hacer cumplir con la Constitución”, sostuvo en tanto una autoridad de la educación a El País.

En el seno del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP se despertaron algunas diferencias luego de los sucesos del miércoles, cuando empezaron a realizarse los desalojos. Tras esto, los consejeros electos por los docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, llamaron a una conferencia de prensa en la que señalaron que existe una “radicalización” en la postura de la ANEP ante las protestas de los gremios estudiantiles.

Iglesias expresó que lo sucedido en los últimos días responde a una “emocionalidad”, en la que están inscriptas algunas autoridades de la ANEP por ser señaladas por los gremios.

“En los climas emocionales muchas veces predominan las posiciones rígidas. Es humano sentirse agredido. Pero un político debe saber qué hacer con esa emocionalidad”, señaló.

Por su parte, el consejero Mazzoni comenzó su participación “saludando la irrupción del movimiento estudiantil en este debate”, y aseguró que tanto este como el gremio de docentes “no ha sido tomado en cuenta” por las actuales autoridades de la enseñanza.

Ambos representantes aseguraron que no les correspondía opinar sobre la conveniencia o no de las ocupaciones, y se limitaron a expresar que es una decisión de los estudiantes que ellos respetan.

Mazzoni, en tanto, mencionó que en la sesión del Codicen “un consejero” manejó la posibilidad de recurrir a una denuncia penal ante las ocupaciones.

En respuesta a esto, Silva aseguró que “es falso que no existen ámbitos de diálogo con estudiantes y docente”. Según el presidente de la ANEP, se puede llegar a acuerdos en el marco de la reforma educativa, pero lo que no hay “es un cogobierno”.

En esta línea, el docente aseguró que hay una lógica de los sindicatos y gremios de “estirar los tiempos”. Algo que no está dispuesto a promover la ANEP.

“Nunca es suficiente el tiempo y hay que deliberar más y discutir más. Nosotros discutimos, pero vamos a tomar decisiones”, añadió el jerarca.

Sobre formación docente, Silva aseguró que se trabaja en transformar “un desastroso plan de 2008” -del primer gobierno del Frente Amplio y de Tabaré Vázquez-, porque según su visión “la educación no puede seguir esperando”.

Sobre el comentario del consejero Mazzoni en cuanto a una posible denuncia penal, que según pudo saber El País hacía alusión al consejero Juan Gabito, el presidente del Codicen criticó que se utilice una conferencia de prensa “para difundir lo que se considera en sala”. En la misma línea desmintió las afirmaciones.

“Lo que el consejero abogado planteó es que el vergonzoso estado en que se entrega la fachada -sobre todo la del IPA- está tipificado dentro del código penal. Pero nadie mocionó hacer una denuncia penal”, sostuvo Silva.

Para el jerarca de la ANEP, no hay una radicalización desde las autoridades, lo que hay es una intención de “tomar decisiones y asumir la responsabilidad, cuando esto le compete a las autoridades”.

Ayer, en tanto, tuvo lugar la mesa de negociaciones que propusieron las autoridades del Consejo de Formación en Educación (CFE) a los gremios estudiantiles. Horas antes la reunión, el presidente de la ANEP, Silva, dijo que sería necesario que “ambas partes muestren voluntad de apertura y que haya razonabilidad en los planteos”.

Tras el encuentro, que se extendió por más de tres horas, un comunicado del CFE informó sobre los puntos acordados. Se aceptó abrir nuevos espacios de diálogo para la construcción del marco curricular de formación docente y también elevar un pedido al consejo de la ANEP de un incremento presupuestal para becas en 2023.

También se acordó incorporar “paneles visibles y móviles” frente a los centros educativos para que los alumnos puedan expresarse.

Además, el CFE se comprometió a enviar a los gremios estudiantiles información sobre los avances en las obras edilicias.

Según cierra el documento, las autoridades de formación docente se mostraron abiertas al diálogo y a una “nueva instancia para continuar trabajando”.