IMPACTO DE CIFRAS DE DELITOS

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El gobierno sabe que un desafío importante para lo que queda de su gestión radica en el combate a la delincuencia, y esa batalla -para el Poder Ejecutivo- está ganándose en la baja de varios delitos, salvo en el más importante de todos, que son los homicidios y que suben desde hace meses.

En este contexto, y luego de haber anunciado ayer las cifras oficiales del tercer trimestre del año, el Ministerio del Interior también dio a conocer que en la zona más complicada de Montevideo se instalarán a mediano plazo unas 2.000 cámaras.

El área donde se reforzará con más y mejor videovigilancia es la que se conoce como las Zonas Operacionales III y IV -es decir, el norte de la capital-, donde se produce la mayor parte de los delitos, especialmente los asesinatos, cuya mayoría, a criterio de la cartera de seguridad, son producto del enfrentamiento entre las bandas de narcotráfico, que se disputan de forma violenta el territorio por efecto de la actuación policial.

“Además del patrullaje, (habrá) más vigilancia estática y movible”, adelantó ayer en conferencia de prensa el ministro Luis Alberto Heber.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a El País que, cuando eso ocurra, Montevideo elevará la cantidad total de cámaras en un 50% -hoy hay unas 4.000-, y que tendrá un “fuerte” impacto en el esclarecimiento de los delitos en una zona escasamente poblada, en la que las evidencias que los fiscales suelen tener para resolver los casos no pasan de imprecisos testimonios vecinales.

“La idea es complicarles la vida a los delincuentes”, señaló un jerarca ministerial.

El acuerdo al que llegó el gobierno con la empresa es de arrendamiento y mantenimiento, lo que implicará un costo aproximado de $ 100 millones anuales. Esta modalidad es destacada especialmente por la cartera, pues se prevé que las cámaras van a ser vandalizadas, por lo que se necesitarán reparaciones en forma constante.

La respuesta que da el ministerio tiene básicamente dos motivaciones.

Por un lado se trata de un reclamo “histórico” de los vecinos, molestos con el hecho de que “el Estado no esté presente al norte de avenida Italia con cámaras de seguridad”, que sí son habituales en los barrios de la costa montevideana. “La importancia para nosotros es generar igualdad en la seguridad” de la capital, dijeron fuentes de la cartera.

La otra motivación fue dicha: la evidencia objetiva de las imágenes, la “certeza” probatoria que puede obtenerse con ellas.

Pero hay un tercer aliciente para el gobierno, y es que como las cámaras necesitan tener internet para integrarse a la red nacional del Centro de Comando Unificado, esto tendrá por defecto positivo la llegada de fibra óptima en aquellos barrios que aún no la tienen. “La idea es aprovechar la volada y que con las cámaras llegue también la conectividad”, dijo otra de las fuentes consultadas.

Pero el plan del gobierno en realidad es más amplio. Porque el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, convocó para hoy una reunión considerada “clave”, en la que participarán el ministro del Interior y el subsecretario Guillermo Maciel; el director general de Secretaría, Nicolás Martinelli; el director nacional de la Policía, Diego Fernández; el director del Centro de Comando Unificado, Alejandro Sánchez; y los jefes de Policía de Canelones (Víctor Trezza), Maldonado (Julio Pioli) y Rocha (Jorge García Montejo).

El encuentro, que se hará sobre las 14 horas en la Torre Ejecutiva, tiene por finalidad terminar de definir los detalles de acuerdo por el que también se instalarán otras 800 cámaras de última generación a lo largo de la rutas Interbalnearia, y varios tramos de la 8 y 9, lo que abarca la franja costera de Canelones, Maldonado y Rocha.

Es un tema “prioritario” para el gobierno, y que solucionará, entre otros aspectos de la seguridad pública, una situación que en el ministerio relatan con este ejemplo hipotético: unos delincuentes llegan hasta cualquier balneario de la costa, se bajan del auto, asaltan un comercio, y entonces huyen. ¿Qué vías de escape tendrían? No tendrán otra opción que atravesar o cruzar las rutas comprendidas por el proyecto, momento en el que se estima que cualquiera de las cámaras captará al vehículo con lujo de detalle.

“Tenemos el objetivo de armar un corredor seguro desde Montevideo hasta Rocha”, señalaron en el gobierno, que apuesta a tener de esta forma, asimismo, un control más rigurosos del contrabando y de todos los delincuentes que busquen salir de Uruguay.

Pues se trata de dispositivos de muy alta tecnología: visualizan con precisión cualquier matrícula y cuentan con inteligencia artificial para reportar los vehículos que participaron en delitos.

¿Cómo es el contrato en este caso y cuánto dinero implicará? La inversión aún no está definida en el Poder Ejecutivo, pero lo que sí está resuelto es que será bajo el mismo convenio entre Uruguay e Israel que fue marco para que una empresa israelita proporcionara las 1.500 cámaras que funcionan en el departamento de Maldonado desde 2016.

Es una idea que surgió en el gobierno a fines de junio, cuando el presidente Luis Lacalle Pou -junto con Delgado y el propio Heber- visitó la sede fernandina del Centro de Comando Unificado, y observó in situ las característica de las cámaras y la información que son capaces de procesar.

A partir de esa experiencia, la meta fue clara y los jerarcas se movieron en diferentes ámbitos con eso mente. Una de las instancias cruciales fue una visita que hizo a Israel el ministro Heber semanas atrás, en la cual se terminaron de acordar los detalles de la ampliación del acuerdo, que de alguna manera es fruto de la necesidad de los departamentos fronterizos (Rocha y Canelones) y de la oportunidad que se presenta habida cuenta de la “capacidad ociosa” de todo el sistema de Maldonado.

Luego, el secretario de Presidencia coordinó otros dos encuentros con el ministro y los jerarcas policiales, que tendrá como corolario la reunión de hoy para ya definir “cuánto, cómo y en qué lugares” se desplegarán los nuevos dispositivos.

Es muy frecuente que tras un homicidio en las Zonas III y IV de Montevideo los investigadores se encuentren con que toda pista sobre el responsable se sostenga en la declaración de un vecino, que muchas veces no pasa de aportar que el autor vestía “una camisa blanca”. O, algo que también es muy usual, no haya nadie que se ofrezca a salir de testigo por las amenazas o el miedo que infunden las bandas de narcotraficantes.

De manera que el Ministerio del Interior no solo apuesta a la instalación de 2.000 dispositivos de vigilancia, sino también a continuar con la descentralización del Centro de Comando Unificado y colocar en algún punto de los barrios al norte de la capital una oficina de monitoreo de cámaras. Esto permitiría un control más enfocado en lo que sucede en esos lugares a través de las pantallas, lo que redundaría en una “reacción más rápida” ante los delitos “y más cantidad de policías” en el área, según acotaron fuentes de la cartera.