Un informe de Naciones Unidas (ONU) redactado en Ginebra, Suiza, generó una tormenta a nivel local. Un grupo de expertos apuntó a la gestión de la crisis hídrica, lo que derivó en que el gobierno citara a representantes locales del organismo para manifestarles el malestar sobre sus críticas, y hasta un comunicado de Cancillería.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, recibió ayer de noche en Torre Ejecutiva a los representantes de ONU, Alberto Pacheco y Gustavo De Armas. Fuentes del Ejecutivo indicaron a El País que el gobierno marcó de manera frontal su “gran malestar y molestia”, así como “cierta sorpresa” y hasta “profundo descontento” por las reflexiones de los expertos publicado este jueves.

Bajo el título “Expertos de la ONU instan a Uruguay a priorizar el uso del agua para el consumo humano”, se emitió un informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, donde se dijo que el aumento de salinidad del agua llegó a niveles “alarmantes” y que es “necesario profundizar” medidas para garantizar agua a la población.

En la reunión, el gobierno marcó que habían “adjetivaciones” que no correspondían, así como afirmaciones “un tanto temerarias”, como que instar a grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”.

Otro punto que molestó es que se hayan “ignorado” las medidas tomadas. No solo fueron relatadas una a una, sino que se entregó una copia impresa, agregaron las fuentes. Tras ello, se puntualizó que el informe para el gobierno era “parcial”, dijeron informantes.

Generó malestar que no se incluyera la prestación brindada a los más vulnerables para que accedan a dos litros de agua mineral por día, que hoy llega a más de 540.000 personas del área metropolitana. O que unos 420.000 usuarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y más de 100.000 jubilados y pensionistas que perciben montos mínimos reciben el dinero desde el 3 de julio.

También para las embarazadas y menores de dos años que cobran Asignaciones Familiares-Plan de Equidad (Afam-Pe) de Montevideo y zonas aledañas rige desde el 19 de mayo.

Pacheco y De Armas -según fuentes de Presidencia- “admitieron” que el informe fue “desafortunado”. Ambos plantearon que hubo una “descoordinación” entre el grupo en Suiza y la oficina local, así como que no tuvieron “nada que ver” con esa redacción que los tomó por “sorpresa”. Indicaron que la realidad que perciben a nivel local “no tiene nada que ver” con lo que dice el informe, agregaron.

Los expertos de ONU marcaron que “la continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante”. Esto, agregaron, “afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”.

“Las autoridades de salud han reconocido el riesgo y han instado a los grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber”, lo que valoraron, “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”.

“Reconocemos los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos al agua. Sin embargo, es necesario profundizar las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida”, acotaron.

El informe afirmó, entre otros puntos, que “Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos”, tras plantear “la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país”.

Bajo el título “Ante inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU”, Cancillería emitió tras la reunión un comunicado, del que participó el Ministerio de Salud Pública (MSP), según supo El País.

En primer lugar, se planteó que los valores de sodio y cloruros excepcionales que rigen desde el 4 de mayo “no se consideran alarmantes ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas”. Incluso que la “gran mayoría de la población general” puede “seguir consumiéndola”.

“El gobierno actuó en forma preventiva, el agua sigue siendo bebible, y garantizó a los sectores más vulnerables la compra del doble del promedio diario que se consume de agua por persona en nuestro país”, agregó en referencia a la prestación del Mides.

También se destacó que no se hicieron cortes de suministro para evitar “contaminación biológica” del agua, así como que se ha mantenido el saneamiento para que no haya “el surgimiento de un escenario de enorme peligro sanitario y la propagación de enfermedades”

Cancillería marcó que “se han fortalecido las acciones de vigilancia para monitorizar posibles impactos en la salud y a la fecha no se detectó ni reportado eventos de salud directamente relacionados al cambio en la salinidad del agua”.