Quince años después de haber sido sometido a una primera auditoría, y a cuatro de otra profunda evaluación, la gestión del Servicio de Cantinas de las Fuerzas Armadas sigue expuesto a riesgos, entre ellos, el desvío de fondos, una situación que ya tiene como antecedente la extracción ilegal de US$ 20.000 para pagar la defensa jurídica de un militar acusado por violación a los derechos humanos.

Cantinas Militares proporciona al personal militar y su familia artículos de primera necesidad en condiciones accesibles y beneficiosas, a través de locales en los distintos batallones y/o brigadas. Pero también incluye la venta de otros bienes, como por ejemplo medicamentos y electrodomésticos, a través de puntos de venta en todo el país. Cuenta con unos 170 funcionarios, civiles y militares, y tiene ingresos anuales que superan los 500 millones de pesos.

En 2009-2010 la Auditoría Interna de la Nación realizó tres informes muy críticos sobre la gestión del organismo.

Volvió a revisar la situación en 2019-2020, y detectó 15 situaciones de criticidad extrema y alta. Allí el organismo se comprometió a instrumentar un plan de acción.

El último informe de Auditoría, de agosto de 2024, al que tuvo acceso El País, confirma que si bien se revirtió gran parte de los riesgos, el organismo sigue expuesto por deficiencias en su sistema de contralor.

La auditoría concluye que “permanecen riesgos como ser pérdidas económicas y/o sanciones por no contar con habilitaciones correspondientes; que se utilicen fondos con un destino diferente al establecido en la normativa; no contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones, entre otros, por lo que se recomienda continuar con la implementación de las acciones correspondientes de forma de mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el organismo”.

Además, el análisis enfatizó que resulta prioritario cumplir con la realización de la auditoría externa anual del Fondo Especial de las Fuerzas Armadas y que se deberán mejorar los sistemas informáticos de gestión y registración a efectos de lograr una eficiente gestión del Fondo, contando con registros íntegros y confiables.

Foto: Leonardo Mainé

La ley 20.075 aprobada en octubre de 2022 regularizó la situación del organismo y creó el Fondo Especial de Cantinas de las Fuerzas Armadas, administrado por el Servicio y con carácter de fondos de terceros, el cual se integra con la totalidad de la recaudación por concepto de la venta de bienes y servicios, como así también de donaciones, herencias, legados, y la venta de bienes muebles pertenecientes a dicho servicio.

Sin embargo, el artículo 94 establece que el organismo debe reportar antes del 30 de abril de cada año a los ministerios de Defensa Nacional y Economía y Finanzas un informe de auditoría externa del Fondo Especial de Cantinas de las Fuerzas Armadas.

Este extremo fundamental no se ha cumplido por lo que persiste el riesgo de que se utilicen “fondos con un destino diferente al establecido en la normativa”.

Y en este sentido hay varios antecedentes. En 2017 egresaron US$ 200 mil en efectivo. Según la auditoría “si bien se expresa haber identificado quién lo recibió en nombre del Estado Mayor, no se proporcionó documentación que respalde que los fondos hayan ingresado a una cuenta bancaria del Estado”.

Otro faltante de US$ 20.000 detectado en ese momento determinó una investigación administrativa que logró confirmar que se utilizaron para pagar honorarios de un estudio jurídico que defendía a un militar residente en el extranjero acusado en causas de violaciones a los derechos humanos. El pago fue autorizado por el entonces comandante en jefe del Ejército, Claudio Gioavanni Feola, quien fue sancionado con 15 días de arresto a rigor.

La investigación del Ministerio de Defensa señaló que no podía aplicar sanciones más duras porque “las irregularidades constatadas se verificaron por larga data, durante distintas administraciones, por lo que no podrían determinarse como únicos responsables quienes se desempeñaron en el período de la auditoría, y por lo tanto, la imposición de sanciones devendría en una eventual violación del principio de igualdad”.

Por otra parte, en la gestión del organismo se mantiene el riesgo de accesos y modificaciones no autorizados a los sistemas que permitan alterar la información sobre ventas, créditos, stock, etc.

Si bien se eliminaron los usuarios genéricos y existe un procedimiento para la gestión de altas, bajas y modificaciones de permisos en el sistema, el mismo no se encuentra documentado. Asimismo, se constató que existen funcionarios que mantienen permisos en el sistema informático no compatibles con las tareas asignadas.

En cuanto a los proveedores, se lleva un registro en planilla Excel con los habilitados para contratar. No obstante, de la información que surge del Visual Store de las compras realizadas en el año 2023 se identificaron proveedores que no se encuentran en dicho registro o que cuentan con una denominación diferente, lo que dificulta su control. Esto lleva a que se pueda contratar a empresas que no cumplan los requisitos para ser proveedor del Estado.

Cantinas Militares de las Fuerzas Armadas cuenta con 24 puntos de venta en todo el país, de los cuales seis son supermercados y 18 son cantinas. Dispone de dos despachos de medicamentos ubicados en Montevideo.

Foto: Leonardo Mainé

Cantinas Militares sigue expuesta a que se registren “faltantes y/o sobrantes de dinero” mientras que continúa sin “contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones”. En 2023 se modificó el procedimiento de manejo de fondos, siendo el servicio de remesa el que deposita la totalidad de la recaudación en la cuenta bancaria, al tiempo que se constató la realización de conciliaciones bancarias mensuales con la debida oposición de intereses. Se adquirió un software contable pero no fue posible su utilización dada su incompatibilidad con el sistema de los puntos de venta. “Actualmente el Servicio no cuenta con una contabilidad centralizada, lo que dificulta la preparación de los Estados Financieros”, dice auditoría.