Redacción El País
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) y la Asociación Gremial de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, rechazaron elveto del presidente Luis Lacalle Pou a algunos artículos de la ley que plantea cubrir la totalidad los créditos laborales de los exempleados de Casa de Galicia.

En una declaración, a la que accedió El País, las gremiales médicas señalan que son “falsos” los fundamentos del Poder Ejecutivo para vetar parcialmente la ley. “El proyecto de ley no crea una situación más ventajosa, sino que por el contrario intenta equiparar la situación entre los extrabajadores de Casa de Galicia y los trabajadores de cualquier empresa privada. Para ello dispone que el BPS resuelva la situación conforme a la ley 19.690, vigente desde el año 2018”, aseguran.

Por otro lado, aseguran que “el plazo legal que tiene el BPS para expedirse sobre el pago de este fondo es de 150 días. En diciembre de 2022 los trabajadores solicitaron el pago, por lo tanto, el plazo se venció en abril. Ya han transcurrido 11 meses desde la solicitud”. “El proyecto de ley aprobado en el Parlamento determina 180 días más, o sea, 6 meses que hay que sumar a los 11 meses transcurridos. No es de recibo calificar de ´breves y perentorios´ estos tiempos adicionados por el Parlamento”, añaden.

El texto del Ejecutivo señala que “se da cobertura a créditos que el resto de los trabajadores no tienen protegidos (los postconcursales)”. Para las gremiales médicas “esto es falso” ya que “la ley 19.690 no hace una diferenciación entre el pago de créditos concursales y postconcursales, por lo que no sabemos sobre qué fuente legal se basa para hacer esta distinción. Es de público conocimiento todo el proceso transitado por los trabajadores, tanto su verificación de créditos, como sus acuerdos transaccionales validados judicialmente y presentados en el BPS en diciembre del 2022”.

El texto del veto dice que “no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos personales con las autoridades empresariales”, y para las gremiales “esto es falso”. “El proyecto de ley ordena la aplicación de la ley 19.690, la que excluye del pago a los cargos de alta dirección o con vínculos de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive”.

En relación a la objeción por el gasto público el texto del veto dice: “la Constitución de la República ha reservado para el Poder Ejecutivo la iniciativa privativa en diferentes materias, a la vez que ha impuesto al Poder Legislativo determinadas limitaciones o condiciones”. Para las gremiales “corresponde aclarar que no se dispone un nuevo gasto, sino que simplemente se ordena cumplir con las disposiciones legales vigentes”.

Además, con respecto al Fondo de Garantía de Créditos Laborales del BPS las gremiales sostienen que “está integrado por el aporte de las empresas y trabajadores y es administrado por el BPS”. “En el Fondo existen 12.000.000 de dólares y todos los meses ingresa un monto aproximado de 300.000 dólares, según pudimos averiguar”, expresan en la declaración.

En ese sentido, expresan que el Poder Ejecutivo “ha propuesto crear un fondo aparte para los trabajadores de Casa de Galicia integrado por US$ 8.000.000, es decir, que ya previeron el gasto de montos por fuera del fondo de garantía”.