Primero cayó el Grupo Larrarte, después República Ganadera y semanas más tarde, la compañía más grande y reputada en el rubro: Conexión Ganadera. Miles de uruguayos perdieron así sus ahorros (o parte de ellos) y son varios los profesionales contratados para devanarse los sesos pensando cuál es la mejor solución para perder menos dinero. Cuando el abogado Camilo Silvera —que representa a unos 250 damnificados por las tres empresas— dijo este miércoles en diálogo con En Perspectiva que el Estado “tenía que intervenir” para “salvar” a los ahorristas, eso generó una ola de comentarios. Este jueves, Silvera aclaró a El País que han “iniciado los contactos necesarios” para llevar adelante una propuesta de solicitud de crédito al Banco República (BROU).
“Cuando hablé de involucrar al Estado fue que, por ejemplo, el BROU pueda ofrecer un crédito como hace en tantos otros negocios, pues ese es su negocio”, comenzó explicando. “Así podría ayudar a más de 7 mil familias que sufrieron, entre otras cosas, que no se cumpliera con los controles debidos. No se trata de que Juan Pueblo pague los platos rotos; se trata de que el Estado gane plata”, desarrolló.
La solicitud de financiamiento al BROU se concertaría luego de que los ahorristas se pusieran de acuerdo en formar una nueva empresa con los activos que puedan quedar de las compañías. Con el eventual crédito, esos activos se incrementarían, la empresa podría producir más y mejor, por lo que el dinero se recuperaría más rápido, estimó Silvera.
“Los términos del crédito habría que analizarlos y negociarlos, pero hemos iniciado los contactos necesarios para llevar adelante una propuesta de estas características y ya se nos ha hecho saber (de parte de estos contactos en el banco) sobre su interés de avanzar en este sentido. Por tanto, podría llegar a existir esta posibilidad. También podría ofrecer el crédito un banco privado y así hacerse socio también de las ganancias”, sostuvo el abogado.
Fuentes del BROU dijeron a El País que no han recibido planteos formales por este tema ni estuvo en la agenda de la sesión de directorio de este jueves. De todas maneras, aclararon que si los ahorristas agrupados o la empresa oficializan el pedido de financiamiento ante el banco, sus técnicos se encargarán de estudiarlo, como sucede con cualquier solicitud de este tipo.
Buenas y malas
Un integrante del directorio del BROU explicó a El País qué pasos daría el banco si se oficializa la solicitud de crédito por parte de una nueva empresa, que tendría a los ahorristas como accionistas, según el modelo que propuso el contador Ricardo Giovio, contratado por Conexión Ganadera, para presentar una solución a los socios de la compañía y los inversionistas. “Cuando haya una propuesta concreta, los servicios técnicos van a analizarla como tantas otras veces. Hemos colaborado a salvar empresas, pero siempre con determinadas garantías”, agregó la autoridad bancaria.
“Nosotros tenemos que cuidar el banco y el dinero de los uruguayos. No podemos salir a respaldar cualquier cosa colgados del pincel”, expresó quien integra el directorio.
En la historia reciente hay experiencias exitosas del BROU en este sentido y de las otras, entre las que se recuerdan los millonarios préstamos al Frigorífico Pesquero Uruguayo (Fripur), el que se declaró en concurso en agosto de 2014, a pesar del financiamiento del banco estatal. En el otro extremo, la Citrícola Salteña (Caputto) —donde trabajaban 2.000 personas— se presentó a concurso de acreedores en febrero del 2019, y para seguir funcionando contó con el apoyo financiero del BROU, que era entonces el principal acreedor, con 20 millones de dólares. En marzo de 2022, la multinacional estadounidense Frutura compró la mitad de los activos de la compañía por 36 millones 420 mil dólares, y asumió la conducción de la operativa, hasta hoy sin reducir la plantilla de trabajadores.
Jueza levantan feria
Este jueves la jueza de concurso (subrogante) Virginia Echenique levantó la feria judicial para tratar el caso de Conexión Ganadera. Para el contador de la empresa el concurso judicial debería declararse lo antes posible, algo en lo que coinciden los representantes de los damnificados. Esto implicaría desplazar a las autoridades y designar un síndico que haga un inventario de los activos y pasivos de la empresa. La decisión “protegería los activos”, dijo Ricardo Giovio.