CAMPAÑA

La Coordinadora Contra Toda la LUC nuclea a personas de distintas organizaciones sociales y sindicales con el fin de impulsar una campaña de recolección de firmas para la derogación total de la Ley de Urgente Consideración (LUC), solicitó a la Corte Electoral una prórroga en el tiempo estipulado para juntar las firmas que permitan llevar a cabo el referéndum. A su vez, en consonancia con sus postulados, hizo otro planteo para que el recurso se haga contra toda la Ley 19.889.

“Dado el antecedente por el que se pospusieron las elecciones departamentales estipuladas para mayo y concretadas en octubre, propusimos un plazo de seis meses de prórroga. Entendemos que dicho plazo colaboraría a realizar una recolección de firmas que asegure el correcto cumplimiento de los protocolos sanitarios y contribuiría a la democracia del país”, señaló la coordinadora en un comunicado.

Fernando Moyano, integrante del grupo, dijo a El País que con respecto al recurso para ir contra toda la LUC, la Corte tiene hasta el 11 de enero para dar una respuesta. En tanto, en lo que refiere a la extensión del plazo que fue solicitado para juntar las firmas, la corporación “tendría que trasladar el tema al Parlamento, para que este dicte una ley de prórroga”.

“La Corte puede resolver que el tema es importante y trasladarlo al Poder Legislativo, o decir que no lo es y dejarlo así”, anotó.

Según Moyano, el vínculo que tiene la coordinadora con el Pit-Cnt es “indirecto”, porque la central definió ir contra un conjunto de artículos. Indicó que tampoco tiene vínculo con el Frente Amplio, aunque “hay gente que concurre a los comités de base”.

Como se recordará, el Pit-Cnt se presentó el 17 de diciembre ante la Corte Electoral para ingresar la solicitud para juntar las firmas y convocar a un referéndum contra 135 artículos de la LUC.

Según la Coordinadora Contra Toda la LUC, los conjuntos de normas de urgente consideración “son piezas legislativas peligrosas para la democracia, porque atraviesan un amplísimo espectro de la vida social y económica del país, lo que abre, simultáneamente, muchísimos frentes de análisis”.

“A este tipo de iniciativas se las conoce como leyes ‘ómnibus’, ya que reúnen en un solo texto asuntos que, por su diversidad, debieran estar separados. Esta dispersión debilita el debate parlamentario y la capacidad de las organizaciones sociales de atender a los múltiples tratamientos que estos temas requieren”, advierte.