Un tema que sigue generado incomodidad al gobierno de Vázquez

El líder opositor denuncia que podrían perderse US$ 1.000 millones.

Uruguay sigue en los titulares todos los días a raíz de la crisis de Venezuela, porque el presidente reconocido por la oposición, Juan Guaidó, hizo una grave acusación y sostuvo que el gobierno de Nicolás Maduro intenta sacar a través de las oficinas locales del Bandes entre US$ 1.000 millones y US$ 1.200 millones.

"Están tratando de mover desde Bandes un dinero que está en una de las cuentas, a Uruguay. El llamado es a Uruguay a que no se presten para que roben (...), podemos estar hablando de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares", dijo Guaidó, al referirse al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), que tiene presencia en el país.

El Bandes se instaló en Uruguay en 2006. La llegada de este banco del Estado venezolano se produjo a raíz de un acuerdo entre el presidente Tabaré Vázquez y su fallecido colega venezolano Hugo Chávez, para que la entidad comprara la cooperativa Cofac, que atravesaba graves dificultades, por US$ 10 millones. Pero el banco debió ser capitalizado varias veces por sus resultados negativos. De hecho, en 2013 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para que la banca oficial (bancos República, de Seguros y Central) contratara hasta 150 funcionarios provenientes del Banco Bandes Uruguay S.A. Hoy la institución tiene 15 sucursales distribuidas en 11 departamentos.

Según Guaidó, la información le fue filtrada por "altos funcionarios" que han decidido ponerse "del lado de la Constitución". "Quieren robarse el oro y manejar los fondos públicos descaradamente", sostuvo. El País intentó obtener datos adicionales pero el político venezolano está de reposo y afónico, informaron en su entorno.

Al gobierno de Maduro se le hace cada vez más difícil movilizar recursos en el sistema financiero internacional, ya que muchos bancos prefieren no ser intermediarios de sus transacciones debido a las sanciones financieras que impuso Estados Unidos.

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Guaidó ya había pedido al gobierno británico interceder para que el Banco de Inglaterra no devuelva a Maduro el oro y otros bienes que Caracas tiene depositados allí, según confirmó el pasado 28 de enero en Londres el secretario de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido, Alan Duncan.

Los fondos que supuestamente se intentan mover hacia Uruguay estarían en cuentas que administran allegados de Maduro en bancos europeos, dijo una fuente conocedora del tema. No queda claro si el dinero saldría de Uruguay o llegaría. Guaidó planteó que saldría del país.

La transacción estaría siendo planificada después de que más de una docena de países de Europa reconocieran a Guaidó, como presidente interino.

La Asamblea Nacional de Venezuela está armando "un esquema de protección de activos de la república" con abogados nacionales y extranjeros para evitar la salida de fondos porque Uruguay no es el único país que preocupa en este sentido, dijo a El País el diputado opositor venezolano Armando Armas (del partido Voluntad Popular). El legislador dijo que la información sobre la posible salida de fondos hacia Uruguay proviene de empleados públicos venezolanos opuestos al gobierno de Maduro. "Hay mucha información pero protegemos las fuentes", dijo Armas. El legislador había dicho hace algunos días que el Frente Amplio de Uruguay participa desde hace mucho en un esquema de lavado de activos venezolanos "antes con Chávez y ahora con Maduro".

Armas dijo que es parlamentario del Mercosur, que viene con frecuencia a Montevideo, y que hace años que viene haciendo el seguimiento al tema y coordina sus acciones con el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi.

Precisamente, el Partido Nacional ya reaccionó y el diputado Goñi anunció que junto a su correligionaria Graciela Bianchi convocará rápidamente al Parlamento al Secretario Nacional Antilavado, Daniel Espinosa, y a las autoridades del Banco Central del Uruguay para que se adopten medidas preventivas urgentes relacionadas con las denuncias realizadas por Guaidó. "Vamos a seguir muy de cerca y denunciar cualquier intento de convertir a Uruguay en destino de transferencias ilícitas de la dictadura de Maduro", enfatizó. El diputado explicó que pedirá que si llegaron fondos "sospechados" desde Venezuela se congelen y que si no lo hicieron aún se adopten medidas preventivas para evitarlo. Para Goñi, todos los fondos provenientes del Estado venezolano hoy son, en principio, sospechosos. Esta semana Goñi ampliará las denuncias penales que ya ha hecho vinculadas a los negocios de empresarios uruguayos con Venezuela.

El Partido Nacional emitió ayer una declaración en la que acusa al gobierno uruguayo de desprestigiar al país "con su silencio cómplice y frecuente actitud vacilante, frente a una realidad de cuyo carácter autoritario no debiera dudarse". El directorio blanco reiteró que ratifica su pronunciamiento, en cuanto a desconocer la legitimidad de Maduro como presidente. Y condena la "sistemática" violación de los derechos humanos en el país caribeño.

Un conjunto de diplomáticos uruguayos retirados, entre los que está el exembajador en Venezuela Juan José de Arteaga, emitieron un comunicado vinculado a la situación en ese país en el que señalan que la política exterior uruguaya buscó siempre defender la libertad y la convivencia pero que el gobierno actual "hace largo tiempo, no reafirma el mandato de dicha tradición, proponiendo iniciativas o votando resoluciones que desconocen a la misma y que no solamente lesionan nuestro prestigio internacional, sino que se apartan del sentir de la mayoría de nuestra población".

"Nos consta que nuestro punto de vista es compartido por un importante número de colegas que en este momento se encuentran en actividad y que en cumplimiento de la normativa vigente, se encuentran inhabilitados en hacer pública su opinión", señala la declaración firmada por Luis Carrese, Diego Zorrilla, Carlos Orlando, Zulma Guelman, María Blanco, Carlos y Octavio Brugnini, Pedro Mo, Teresa Morató, Alicia Parola, Daniel Pérez del Castillo, Inés Ubici, Joaquín Píriz, Amalia Tedesco, Julio Moreira, Cristina Figueroa, Agustín Espinosa, Diana Espino, Marta Echarte y Pelayo Díaz.

Los diplomáticos retirados enfatizan que la imagen democrática del país es lo que le ha permitido "tener una proyección mucho más importante de la que correspondería en virtud de su potencial económico o su extensión territorial". "Entendemos que es deber de todo gobierno, más allá de intereses o ideas circunstanciales, preservarla o incluso potenciarla en beneficio de todos los habitantes de la República". Los diplomáticos señalan que sintieron la "obligación moral" de emitir el pronunciamiento.

Hasta el momento, Uruguay no ha reconocido como mandatario legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, como han hecho varios estados latinoamericanos y europeos.

El jueves se realizará en Montevideo una reunión a nivel ministerial entre varios países europeos y latinoamericanos para abordar la situación en Venezuela para intentar mejora el clima político en ese país. El grupo de contacto trabajará durante 90 días y parte de la base de que hay que hacer un llamado a elecciones. Si tras ese plazo no hubiese logrado avances, se autodisolvería.