RESPUESTA AL FISCAL DE CORTE

Las críticas del fiscal de Corte, Juan Gómez,contra el proyecto de ley de Cabildo Abiertoque plantea penalizar a jueces y fiscales que se equivoquen a la hora de imputar a personas, no cayeron en gracia en el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos.

El titular del Ministerio Público había dicho a El País que la iniciativa que busca que se cree el delito de prevaricato era “impresentable”, entre otras cosas porque “criminaliza a los fiscales”.

“Sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás”, fue parte de lo que dijo Gómez al respecto.

En respuesta, el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, señaló también en diálogo con El País que “lo que es impresentable es la forma como se está manejando la Fiscalía en materia penal”.

“Tiene juicios importantes en su contra, todos los días aparecen denuncias por un motivo u otro y los propios defensores de oficio se quejan del funcionamiento de la Fiscalía”, continuó Domenech, que también consideró que se trata de problemas que no ocurrían con el sistema procesal penal que estuvo vigente hasta noviembre de 2017: “Todas estas cosas no pasaban cuando el eje de la Justicia penal estaba en el Poder Judicial”, puntualizó el senador.

Por eso, para este dirigente es necesaria “una gran reforma del sistema”, pues actualmente “ha devenido en una actuación caótica”, que incluso afecta al propio Gómez al ser “atrapado por una maquinaria que lo va a terminar triturando”.

La iniciativa en cuestión, que también fue cuestionada por los gremios de fiscales y de jueces, propone, entre otras cosas, penas de hasta siete años de prisión para los funcionarios del Ministerio Público que “intencionalmente” persigan a personas que son inocentes.

También hay un artículo concentrado exclusivamente en los juzgadores: “El juez que a sabiendas dictara resolución injusta en una causa penal o no penal, será castigado con 10 meses de prisión a siete años de penitenciaría”, dice el texto a estudio en el Parlamento, que también contempla multas e inhabilitación especial para los funcionarios, que en algunos casos alcanza los siete años.