Este martes el senador nacionalista Gustavo Penadés, acusado públicamente por presunto abuso y explotación sexual de menores, envió una carta a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en la que pidió que “si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes (...) se proceda a dar trámite a dicho pedido en forma inmediata”.

Aunque la Constitución no se refiere a ellos como “fueros”, sí dedica 3 artículos (112, 113 y 114) a explicar este mecanismo de protección frente al Poder Judicial.

Senadores y diputados disponen de libertad para legislar, por lo que “jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”, apunta el artículo 112.

En el 113 detalla: “Ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo en el caso de delito infraganti y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho”.

Además, “ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93”, agrega el artículo 114.

El artículo referido apunta que “compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, al presidente y el vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa”.

Foto: Leonardo Mainé

En un extenso análisis sobre este tema recogido por el sitio oficial de la consultora Factum, el politólogo Óscar Bottinelli detalla el porqué de este mecanismo: “Existe el riesgo de que (un legislador) sea detenido porque se le ocurre al Poder Ejecutivo, al gobierno, o porque lo pide un juez. Y en uno u otro caso puede ser un atropello para impedir a algún senador o algún diputado el poder cumplir su función. Si un legislador corre el riesgo de ser detenido toda vez que se le ocurra al gobierno o a un juez, el Parlamento no es libre”.

Si se acusa de un delito penal a un senador o diputado, debe hacerse frente a la cámara a la que pertenece, “la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”, apunta el artículo 114 de la Constitución.

En tanto, el artículo 115 añade que cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes.

“Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”, agrega.

No es habitual que las cámaras del Parlamento tengan que resolver si hay fundamento para votar el desafuero de algunos de sus miembros, pero es algo que ha ocurrido en los últimos años por diversos motivos.

El antecedente más reciente es de este período:a fines de setiembre de 2020, la Cámara de Senadores debió decidir si permitía que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, podía ser imputado por la Justicia por presunta omisión de denunciar la confesión que había hecho José Nino Gavazzo en un Tribunal de Honor en 2018 -en el que declaró haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973.

Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

En este caso, y tras idas y vueltas -Manini había dicho en campaña que no se acogería a la protección constitucional-, los senadores entendieron que no había méritos para votar el desafuero.

En el anterior período de gobierno hubo otros dos casos. En abril de 2019 el Senado votó el desafuero de Daniel Bianchi -que entonces pertenecía al Partido de la Gente-, quien tuvo que asumir su responsabilidad penal luego de haber chocado varios autos en Punta del Este, accidente que protagonizó estando alcoholizado.

Lo mismo había ocurrido en noviembre de 2017 con el diputado blanco Wilson Ezquerra, quien había atropellado, también alcoholizado, a una mujer. En ambos casos, los legisladores fueron penados con la realización de tareas comunitarias.