La Corte Electoral avaló este miércoles 276.167 firmas y confirmó que el próximo 27 de octubre habrá un plebiscito para definir si se reforma nuevamente el sistema de seguridad social. Fueron 16 más que las equivalentes al 10% del padrón de electores y suponen el inicio formal de otra campaña, paralela y complementaria, a la que tendrá lugar para las elecciones nacionales.

Este jueves los cuatro candidatos presidencialesde los partidos que conforman la actual coalición de gobierno firmarán un compromiso para trabajar activamente en contra de la iniciativa, dando de paso una "señal" a la ciudadanía alertando sobre los efectos negativos que, según su visión, caerán sobre el país de triunfar la consulta popular, impulsada por el Pit-Cnt, organizaciones sociales y algunos sectores del Frente Amplio (FA).

Más allá de que el promotor de este acuerdo, Pablo Mieres (PI), también invitó al frenteamplista Yamandú Orsi, el evento constituirá el punto de arranque de la campaña del oficialismo contra la reforma propuesta, que contará con un "comando de coordinación" entre todos los partidos y al que se procurará incorporar a distintas organizaciones sociales. "Es el punto cero de la coordinación en defensa de la seguridad social", sostuvo a El País el senador nacionalista Javier García.

"Van por el camino del kirchnerismo", advirtió García, al señalar que "el frente político" que impulsa esta reforma "es el mismo que fundió Ancap y que fundió Pluna, y que ahora va por la seguridad social". El legislador apuntó a su vez sobre las más de 95 mil firmas (ver nota aparte) que, por distintos motivos, fueron anuladas por la Corte y que en las últimas semanas habían motivado señalamientos cruzados por un eventual intento de "fraude" implementado durante la campaña de firmas.

La Comisión Pro Reforma, en tanto, anunciará este jueves los principales detalles de la estrategia que aplicará y que, desde el punto de vista discursivo, apelará a conceptos como la construcción de un "derecho humano" a través de la reforma. "Vamos a un diálogo con toda la ciudadanía", anunció este miércoles el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, quien dijo que la campaña planteará un debate público "serio e informado", en contraposición al discurso "catastrofista" y "de miedo" que llega desde los detractores.

En términos generales, la reforma propuesta consta de tres puntos que apuntan a una reducción de la edad mínima legal para el retiro a los 60 años, la vinculación entre la evolución de las pasividades mínimas con el salario mínimo fijado por ley y la eliminación del actual sistema mixto.

Foto: Estefaníaa Leal

El debate también se dará con números. La coalición se basará en parte en los datos aportados por el corredactor de la reforma vigente, Rodolfo Saldain que, en un libro que se presentará este jueves - al que accedió El País - advierte que la propuesta del Pit-Cnt representaría gastos significativamente mayores para todas las entidades involucradas con hasta 28 años de retroactividad. Entre otros, un aumento en los egresos del Banco de Previsión Social (BPS) equivalentes a 7,7 puntos del PBI. Según afirma, solo el costo de fijar en 60 años la edad de retiro aumentaría los egresos en 1,2% del producto. Otro 1,3% - unos US$ 1.038 millones, se irían en equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. La eliminación del régimen mixto, además, implicaría una diferencia entre las jubilaciones actuales con las del régimen de tránsición del orden de los US$ 216 millones anuales.

En suma, Saldain indicó que la nueva reforma haría aumentar siete veces, hasta 2040, el déficit del sistema, y para 2037 agotaría los fondos que se irían a transferir desde las AFAP hasta el fideicomiso. Para 2050 serían necesarios, entonces, 13,4 puntos de IVA, adicionales a los 7 ya afectados al BPS. Para 2100, serían 21,5 puntos adicionales.

Saldain señaló además que, de financiarse solo con aportes patronales y personales, para 2050 la primera debería fijarse en 18% y la segunda en 26%. En términos globales 44%, 21 puntos más que hoy y que, para 2100, se estima en 57%.

Del otro lado, el Pit-Cnt presentará en los próximos días dos informes del Instituto Cuesta-Duarte . Entre otros datos, allí se afirma que el costo de atar las jubilaciones al salario mínimo nacional será de US$ 400 millones, poco más de la tercera parte de lo planteado por Saldain.

En diálogo con El País, el dirigente Sergio Sommaruga planteó revisar "con calma",el régimen vigente de exoneraciones tributarias que, dijo, permitiría destinar unos US$ 2.000 millones más a las jubilaciones.

La confirmación del plebiscito complica la interna del Frente Amplio (FA), que durante la campaña de firmashabía resuelto "libertad de acción" para los sectores que quisieran acompañar la reforma,.aunque apostando a un "diálogo social" que, una vez logrado el gobierno, emprenda otra reforma por el camino político. Con Yamandú Orsi ya posicionando en contra de la consulta, resta una definición de Carolina Cosse. "No está claro su posicionamiento y esperamos que próximamente lo manifieste", pidió este miércoles Mario Bergara. El senador advirtió que podría representar una "debilidad" que la fórmula frentamplista no ofrezca una postura única y "consolidada" sobre el tema.

No acompañamos ni vamos a ensobrar la papeleta" dejó en claro Bergara, para quien aspectos vinculados a la seguridad social no deben estar en la Constitución. En su visión, la confirmación del plebiscito no debería hacer que la fuerza política tenga que rediscutir su posicionamiento. "Las posturas están tomadas, y se tomaron a conciencia" dijo. "Lamentamos este episodio, que nos hace llegar a una elección con posturas divididas en un tema tan trascendente", apuntó.

En el Partido Socialista - uno de los sectores que apoyó la iniciativa del Pit-Cnt- se sostiene que la habilitación del plebiscito impone, por lo menos, una nueva discusión interna. El diputado Gonzalo Civila le dijo a El País que la fuerza política debería analizar su posicionamiento ante esta nueva etapa.

Foto: Archivo El País