El Poder Ejecutivo dio este viernes su aval oficial al proyecto de ley que plantea la formación de un triunviratopara dirigir los destinos de la Fiscalía General de la Nación, por lo que será una de las iniciativas que la coalición de gobierno impulsará con fuerza a partir de marzo con la intención de lograr su sanción antes de fin de año.

La señal de luz verde la recibió la senadora Graciela Bianchi y se la dio el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, durante un encuentro en la Torre Ejecutiva. Así se lo confirmó a El País la legisladora nacionalista, al remarcar que detrás de ese aval está el presidente Luis Lacalle Pou.

Se trata de la confirmación de un cambio de postura del mandatario, que hasta el año pasado mostraba una oposición tajante ante esta posibilidad, pero que en las últimas semanas había mostrado su disposición a recorrer esa vía.

Bianchi agregó que este mismo viernes confirmó el apoyo del senador Guido Manini Ríos, por lo que Cabildo Abierto también estará dando sus votos al proyecto. La legisladora apuntó que aún debe hablar con el resto de la bancada colorada, pero descuenta su apoyo.

La iniciativa comenzará así a ser discutida luego del receso en la Cámara de Diputados, en donde permanece sin avances desde mediados de 2020 luego de haber sido presentada por el diputado colorado Gustavo Zubía y que, por lo pronto, llevaba las firmas de representantes de todos los sectores de esa colectividad.

Bianchi sostuvo que este mecanismo permitiría "abrir las opciones" para lograr un acuerdo con la oposición, algo que desde su punto de vista resulta imposible ante una fiscalía unipersonal.

La formación de un triunvirato era la opción más factible para designar a las nuevas autoridades de fiscalía desde que su anterior titular formal, Jorge Díaz, dejara ese cargo tras su renuncia en octubre de 2021. Ese lugar ha venido siendo ocupado desde entonces por Juan Gómez, en calidad de subrogante.

Un acuerdo para designar a un nuevo fiscal general bajo el actual esquema unipersonal quedó por el camino al fracasar las negociaciones con la oposición. Una de las fórmulas que se manejó planteaba un enroque en el que Díaz iría a la Suprema Corte de Justicia en tanto Graciela Gatti —que luego sería designada para presidir un tribunal internacional que investiga los genocidios en Ruanda y en Yugoslavia— pasaría a la Fiscalía General. Las diferencias impidieron lograr la mayoría de tres quintos de votos en el Senado para proceder a tal designación.

Bianchi remarcó que se hace indispensable una definición para permitir así lograr el "fortalecimiento institucional" que necesita el organismo tras el interinato de Gómez.

El anuncio se produce pese que algunos integrantes del nacionalismo, como el senador Gustavo Penadés, le dijo a El País que desconoce la existencia de tal acuerdo. Días atrás y en declaraciones a La Diaria el legislador había señalado que lo ideal sería llegar a un arreglo institucional y lograr designar a un fiscal que reúna las condiciones para ocupar ese cargo sin importar de qué partido sea.

Bianchi admitió al respecto que "algunas discusiones" se van a dar, pero insistió en el "claro direccionamiento" que expresó el gobierno en este tema.