Médica pediatra, exsubsecretaria de Salud Pública y actualmente diputada, Cristina Lustemberg apoya con su sector, El Abrazo, la precandidatura presidencial de Yamandú Orsi. En entrevista con El País, defiende su proyecto de ley para unificar la estrategia nacional sobre primera infancia. Lo define como una “reforma del Estado” en un tema que considera vital para el presente y el futuro del país. Afirma que durante este gobierno aumentó la desigualdad, pero admite que su partido también dejó algunos debes. Plantea universalizar las transferencias monetarias y espera que el sistema político tenga “grandeza” para priorizar la pobreza infantil.

-¿Cómo viene su proyecto de ley sobre primera infancia? Está aprobado en Diputados pero parece estar frenado en el Senado...

-Estamos en pleno año electoral. Los temas de infancia como tal siempre son difíciles de introducir. Más una ley como esta, que lo que propone es un ejemplo de reforma del Estado. Ordena la fragmentación que existe en políticas para los hogares donde hay niños y adolescentes. No genera una burocracia diferente, sino una coordinación interinstitucional en el que el centro sean los niños. Obliga a tener sistemas de información únicos, una estrategia nacional, con indicadores de resultados y procesos, para poder ver dónde hay superposición de recursos y baches presupuestales y, en 2025, poder reorganizar el funcionamiento. A la vista está que hoy lo que estamos haciendo no está teniendo impacto.

-¿Por qué?

-Este gobierno asignó una partida de US$ 50 millones, que acompañamos. Pero su nivel de ejecución ha sido muy bajo. Hay dificultades. Tengo esperanza de que el sistema político tenga la grandeza de ponerse de acuerdo en un tema tan estructural e importante para el país.

-¿No llama la atención, teniendo en cuenta que las políticas de primera infancia forman parte de los discursos de las campañas políticas, que esto no se trate?

-Para el Frente Amplio ha sido una prioridad. Pero, desgraciadamente, los niños no votan. En esto tiene que haber mucha generosidad política. Hay muchísimo en juego. Un país que está preocupado por la inseguridad, por la educación, por la cohesión social, no puede seguir teniendo concentrada la pobreza en hogares donde hay niños y adolescentes. No se puede dar el lujo de asignar recursos y no ejecutarlos. Hay que aumentar la inversión, pero también hay que ver el cómo lo hacemos.

Foto: Leonardo Mainé

-¿Cuál sería el incremento presupuestal necesario?

-Lo estamos estimando. Pero seguro que se tiene que duplicar. No hay duda de que habrá que unificar y universalizar las transferencias monetarias, para todos los hogares con menores. Así se hace en los países desarrollados. Los montos hoy son insuficientes. Ningún hogar vive hoy de las transferencias. Además, la cobertura no es universal. Por distintos motivos, el 25% de las transferencias no están llegando a personas que tendrían derecho a recibirlas. Hay problemas de prioridad política, de diseño y de gestión. Uruguay no puede darse el lujo de tener a 160 mil niños por debajo de la línea de la pobreza. Tiene que haber también políticas de empleo y de acceso a la vivienda.

-Usted y su sector, El Abrazo, forman parte de la campaña de Yamandú Orsi. ¿Tienen alguna propuesta estructurada en estos temas?

-Sí. Están contempladas en el programa del Frente Amplio. Todos los sectores estamos trabajando en propuestas en toda el área de protección social. Nosotros, y Yamandú en particular, estamos haciendo ahora una campaña muy de escucha, muy territorial. Nadie sabe más de infancia que el sector educativo, los maestros, los docentes, que ven cómo en Secundaria hay graves problemas de salud mental, de inseguridad alimentaria. Yamandú está haciendo una campaña de mucha escucha, con la academia, la sociedad civil y con reclamos a nivel territorial. Con todo eso, después que se proclame el candidato o la candidata a la Presidencia, sí deberán comunicarse acciones de gobierno concretas.

-Se insiste desde el Frente Amplio en que la desigualdad aumentó en este gobierno. ¿Se tienen datos o es una percepción?

-Hay indicadores. No es caerle al gobierno sin sustento. Los números absolutos hablan de que hay 50 mil personas más que están por debajo de la línea de la pobreza, y que pueden llegar a ser casi 17 mil niños y adolescentes. Se pasó de 17% en 2019 a 20,1% en 2023. En Uruguay aumentó la pobreza en los hogares donde hay niños y adolescentes. El Uruguay tiene que elaborar políticas públicas que quiebren esta desigualdad.

-Esto requeriría otras soluciones, más allá de las transferencias monetarias....

-Obvio. Requiere mucho más. Pero no se pueden seguir naturalizando estas cifras, porque el Uruguay no es viable. Si queremos mejorar el mundo del trabajo, el desarrollo del país que se viene, no podemos seguir manteniendo estos niveles de desigualdad. Además, en el país hay un tema de escala. Ahora que nacen pocos niños, mejoremos la calidad de educación, el número de maestros, el ratio por número de estudiantes. En algunas cosas no es invertir más, es mejorar el diseño con la infraestructura que hay hoy. Lo que sí no es sostenible, es que el Uruguay siga mirando para el costado con los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos. Porque los niños no son el futuro, son el presente.

-¿Este desafío no es contradictorio con, por ejemplo, el planteo de reforma constitucional al sistema previsional, que incrementa el gasto del otro lado de la vida, en la tercera edad?

-El Uruguay no lo puede sostener. Cuando se ven, según los estudios, los niveles de gasto público social en el mundo adulto, no podemos seguir sosteniéndolo. Que Uruguay invierta, en hogares donde hay niños y adolescentes, la cuarta parte de lo que invierte en el mundo adulto... No es contraponer, pero lo que sí está claro es que, si se sigue manteniendo un gasto proadulto, vamos a seguir teniendo graves dificultades.

-¿Qué impacto tendría en las políticas sociales en primera infancia si esta propuesta de reforma constitucional triunfara?

-Habrá que ver. Lo que Uruguay no puede hacer es seguir con ese sesgo proadulto en el gasto público social, con la pobreza concentrada en hogares donde hay niños, y donde hay mujeres jefas de hogar. Allí está concentrado el 90% de la pobreza medida por ingresos. Tendrá que haber además otro tipo de políticas.

Foto: Prensa Cristina Lustemberg

-¿Cuáles?

-Subsidios de alquiler para viviendas, para los hogares en los que haya niños y jóvenes, otro grupo que está muy invisibilizado. Para insertarse en el mundo que se viene y para enfrentar los desafíos que hoy tiene, el Uruguay tiene que reconstruir toda esa matriz de protección social. La ley de infancia es el piso mínimo de acuerdos que tiene que tener el sistema político. Dos expresidentes, (José) Mujica y (Julio María) Sanguinetti, que apoyan esta ley, dijeron que es ejemplo verdadero y concreto del Estado uruguayo. Las cosas que todos decimos que las vamos a hacer pero no hacemos. Obliga al Estado a reformarse, con indicadores de calidad, de gestión, con sistemas de información únicos. Hoy no hay una estrategia nacional y el presupuesto se asigna con partidas compartimentadas. Si no hay una mirada integral, los que pagan el costo son los niños. Es algo que hay que tomarlo en serio.

-¿Cómo definiría a su proyecto?

-Es el Estado fortaleciendo y garantizando derechos, no sustituyendo a las familias. Hoy hasta los estudios económicos, hasta los más economicistas, demuestran que por cada dólar que se invierta en estas primeras etapas de la vida, y con una mirada de trayectoria de vida, al llegar a la adultez los individuos tienen mejores indicadores educativos y de cohesión social. Mejora la seguridad. Llama poderosamente la atención que a un país que está tan preocupado por estas cosas, no le importen los temas de infancia y adolescencia. Atender la pobreza infantil es un tema de justicia social, pero también hasta de sensatez. Los políticos seguimos cobrándonos cuentas sobre si bajó un poquito o bajó mucho.

-¿Cuál es la realidad?

-Aumentó, eso sí. El gobierno no puede decir hoy que no aumentó la pobreza, por más que compartimenten los datos por semestre. También hay que decir que, en los últimos años de gobierno del Frente Amplio, disminuyó la pobreza absoluta, pero con los indicadores de desigualdad y políticas estructurales deberíamos haber ido mucho más allá. Los estudios que indican que había que unificar y aumentar las transferencias monetarias están desde el año 2013. Hay situaciones en las que ya no se puede seguir mirando para el costado. El tema de la infancia no es un capricho de quienes trabajamos en políticas sociales, ni en el mundo educativo. Con los niveles de inseguridad alimentaria que hay hoy en el Uruguay, no se pueden seguir haciendo acciones cortoplacistas. Dejémonos de cobrar cuentas.