TRAS CASO EN CHUY
"Tenemos que tener un arma jurídica para expulsar a esta gente, que no la queremos en el Uruguay, ni siquiera en las cárceles", concluyó.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, calificó de “barbaridad” la situación de semiesclavitud en la que vivían 11 venezolanos en Rocha y que dejó a tres individuos imputados por la Justicia por asociación para delinquir y trata de personas con fines de explotación laboral.
"El Uruguay abre sus puertas a gente para que venga a trabajar, con las mejores tradiciones del país, para que se asienten acá, y delinquen. Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz para que el que delinque se expulse del país. Expulsado. Con condena, naturalmente, por el señor juez", dijo este lunes en rueda de prensa, luego de participar de la inauguración de la base de la Zona Operacional V.
"Le abrimos la puerta, los recibimos bien y tenían personas menores casi esclavizadas. ¿Y ahora qué? ¿Los va a costear el sistema penitenciario nuestro?", reflexionó Heber.
"Vamos a ir con una ley de migraciones al Parlamento, vamos con un criterio de que aquel al que generosamente el Uruguay le abre sus puertas para venir a trabajar y opta por la delincuencia y establecer una red donde prostituye y somete casi esclavizantemente a menores de edad de nuestro país, es totalmente inadmisible", agregó.
"Nosotros tenemos que tener un arma jurídica para expulsar a esta gente, que no la queremos en el Uruguay, ni siquiera en las cárceles", concluyó.
Quien también fue consultado sobre el hecho de esclavitud en el Chuy fue el presidente de INAU, Pablo Abdala, quien calificó la situación como "compleja".
Abdala sostuvo este lunes en rueda de prensa que entre las víctimas hay cinco menores de edad, que hoy están a cargo del INAU, con custodia policial. Se trabaja por su seguridad, por cuidarlos y alimentarlos, afirmó.
Además explicó que se está trabajando con los organismos que tienen competencia en el tema de su repatriación, como Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este caso surgió porque uno de los adolescentes se presentó en el Centro de Protección de Derechos (Ceprode) para denunciar la situación de la que estaba siendo víctima, afirmó Abdala. Allí manifestó su angustia, su deseo de volver a su país, con su familia y eso desencadenó todo lo demás. "Esperemos que prontamente puedan volver a su casa", concluyó.