EXPLICACIONES

En el gobierno hay un asunto de máxima prioridad por estas horas, por más que ello no se vea reflejado necesariamente en declaraciones públicas: cómo enfrentar la interpelación que promovió el Frente Amplio para este lunes a los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y de Interior, Luis Alberto Heber, por haber expedido a fines de octubre del año pasado un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, hoy buscado por Interpol.

En el Poder Ejecutivo saben que será una instancia en la que la oposición no se medirá en los cuestionamientos. Señales ya ha dado de sobra: el senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani ha exigido la renuncia de los secretarios de Estado, además de referirse al silencio que hasta el momento ha habido por este tema por parte del presidente Luis Lacalle Pou.

Por eso ayer hubo varias reuniones -o una extensa, con diferentes partes- en la sede del Ministerio del Interior, que tomó gran parte de la jornada de Heber y Bustillo y sus equipos técnicos, incluidos los subsecretarios Guillermo Maciel (Interior) y Carolina Ache (Cancillería), y otros jerarcas ministeriales, como el director general de Secretaría, Luis Calabria.

Uno de los objetivos fue “matchear” la información que tiene cada ministerio en relación al proceso que llevó a la expedición del pasaporte a Marset, y que desde el gobierno se entiende que fue ajustado a derecho, pues por un lado se siguió el “procedimiento” establecido en los casos en que un uruguayo solicita desde el exterior la tramitación de este documento; y por el otro -siempre según el discurso oficial- se actuó conforme a un decreto de 2014, que impide acceder al pasaporte a aquellas personas que tengan una requisitoria internacional, causa abierta o antecedentes penales en este país. Estos serían requisitos más laxos que los que existían antes, por lo que el Ejecutivo se encuentra preparando otra normativa que impida, por ejemplo, que una persona detenida en el exterior -como lo estaba Marset en Dubái, retenido por portar documentación paraguaya falsa hasta que quedó en libertad y se fue con el pasaporte uruguayo- pueda seguir estos mismos pasos.

Entonces, cruzar datos, coincidir con las fechas, trazar la cronología de los hechos -lo que incluye intercambio de información entre la Brigada de Drogas y la inteligencia de Paraguay que a mayo de 2021 permitió identificar el clan de Marset en aquel país- fue lo central en la reunión entre Bustillo y Heber, que comenzó al mediodía y terminó poco antes de que el canciller acudiera al acuerdo ministerial con Lacalle, a las 16, en la Torre Ejecutiva.

Pero esta parte también incluyó la participación de varios de los senadores de la coalición de gobierno, que escucharon en resumidas cuentas los ejes de la defensa que plantearán los secretarios de Estado en el Parlamento. Según supo El País, los jerarcas repitieron lo que han dicho en declaraciones a la prensa: que una de las líneas argumentales a confrontar con la oposición es que esta situación se dio debido a la existencia del decreto del gobierno de José Mujica, lo que dio marco legal al pedido de Marset.

“Están tranquilos con la información que tienen”, resumió a El País uno de los participantes de este encuentro, al tiempo que un integrante del gobierno incluso aseguró que los ministros están “confiados” con las “explicaciones” que darán este lunes a las 15 horas ante los legisladores de la cámara alta.

Sin embargo, y como también ha sido evidente durante las últimas horas, esa tranquilidad no es igual entre los socios de la coalición.

Mientras un legislador blanco se fue ayer de la reunión con la certeza de que el trámite concedido a Marset “no fue ni inusual ni exprés”, en Cabildo Abierto los ánimos son otros. El senador Guillermo Domenech -que también estuvo presente ayer en la sede de la cartera de seguridad, junto con su par Raúl Lozano- ya dijo que este caso y la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito ocurrida en 2019 son “gemelos”, y que los ministros debían dar “explicaciones a todo el país”.

Es que en este partido la preocupación por el tema persiste, y han tomado la determinación de que no van a “respaldar conductas incorrectas” tras la interpelación. Por lo que, más allá de lo que escucharon ayer en la reunión, esperan con expectativa la exposición de los ministros, señalaron fuentes parlamentarias.

El senador Lozano reconoció en esa línea que “es muy malo que sucedan este tipo de cosas” y que eso era algo en lo cual “hay coincidencia” en filas oficialistas. Pero que más importante, siguió, es determinar si lo ocurrido se dio en el marco de la legalidad. “Porque si no se cumplió con las leyes y el reglamento, estamos en una situación muy grave”, advirtió Lozano, aunque enseguida añadió que, en principio, cree que ese no es el escenario del gobierno. En cualquier caso, agregó, el anuncio de la modificación del decreto vigente debería efectivizarse cuanto antes.

“Más allá de lo que dice la norma, hay que reverla, modificarla, porque evidentemente estamos ante un hecho que nos golpea en los ojos y no podemos permanecer impasibles ante eso”, concluyó.