PARLAMENTO
El ministro transmitió a la bancada del Partido Nacional que confiaba que la coalición estará alineada en la defensa del contrato con Katoen Natie.
El ministro Luis Alberto Heber, que será interpelado hoy por el Frente Amplio como responsable del acuerdo que el gobierno alcanzó en el puerto con la empresa belga Katoen Natie, transmitió a la bancada del Partido Nacional que confiaba que la coalición estará alineada en la defensa de ese contrato. Esto incluye la postura que tendrán los tres senadores de Cabildo Abierto, quienes han manifestado discrepancias con algunos aspectos del acuerdo -al menos con la información que tienen sobre el tema-; y la de los colorados, que esperan que el ministro anuncie durante el llamado a sala el proyecto de ley que elaboraron para crear un ente regulador portuario que controle la actividad de los privados, dijeron a El País fuentes políticas.
Es que las diferencias en la coalición en torno a este tema persisten, aunque en distintos grados. Así, por el lado de los cabildantes no hay aún garantías de un respaldo “a priori” a la gestión que llevó adelante Heber -quien volverá por unas horas a la titularidad de la cartera de Transporte para defender el acuerdo. “La verdad es que nosotros vamos a escuchar al interpelante y al interpelado, y vamos a tomar nuestra decisión luego de escucharlos”, dijo a El País el senador Guillermo Domenech, que remarcó: “No somos partidarios de inclinarnos en ningún sentido a priori”.
Y por parte de los colorados, pese a que no está en duda el “respaldo” al gobierno, sí manifestarán “algunos reparos”, sobre todo en “la forma” como se dio este acuerdo, que fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou el pasado 2 de marzo en la Asamblea General sin que el resto de los socios de la coalición estuviera enterado.
Papeles del FA.
Todo el asunto portuario se compone de un triángulo de tensiones entre el Estado, Katoen Natie y la empresa Montecon -la firma que opera en los muelles públicos- y para comprenderlo hay que remontarse hasta la década del 90. Contiene un trasfondo jurídico que generó dudas técnicas hasta último momento por parte de los senadores oficialistas.
Por ejemplo, en la reunión que mantuvo Heber con la bancada de los blancos varios plantearon dudas acerca del marco legal de base de todo este tema, comentaron fuentes parlamentarias. Es decir, se preguntó sobre el conjunto de normas -como la Ley de Puertos de 1992, la que subastó la terminal de 2001 y otros decretos y normativas portuarias- en el que se basó Katoen Natie para amenazar en 2019 con la firme posibilidad de ir a juicio contra el Estado. Los belgas entendían que las reglas se incumplían al favorecer -según ellos- en forma ilícita a su principal competidor, Montecon. El gobierno actual, encabezado por Luis Lacalle Pou, evitó la demanda con este acuerdo por el cual se les dio a los belgas la concesión de la terminal especializada de contenedores (TCP) por otros 50 años, además de acordar una inversión por obras en esa zona por cerca de US$ 450 millones.
Basándose en esas mismas normas, la oposición cuestiona la legalidad del contrato, porque entre otros argumentos señalan que se instalará un monopolio ilegal. Sostienen que no se respeta el principio de libre competencia consagrado en la Ley de Puertos, sobre todo a raíz de un decreto que otorgó la prioridad de carga de contenedores a TCP a partir del año que viene.
En la reunión con los blancos el lunes pasado, Heber insistió en que la defensa del Poder Ejecutivo se basará en la exposición de argumentos jurídicos para sostener que la libre competencia portuaria no se afectó. Y, además, afirmará que la conveniencia de aceptar un acuerdo con Katoen Natie, a fin de evitar un juicio por cerca de US$ 1.500 millones, era incluso una sugerencia de la administración anterior. Según las fuentes, Heber afirmó que esto último consta en documentación del ministerio con la firma de autoridades frenteamplistas, y será exhibido durante la interpelación.
Por otra parte, Heber también tuvo una instancia previa con los senadores de Cabildo, en la que también resumió la defensa que hará hoy. Consultado sobre los argumentos del ministro, Domenech respondió: “Nos limitamos a escuchar y ahora nos dedicaremos a analizar”.
Proyecto de colorados ya está redactado
La iniciativa del Partido Colorado, promovida en gran medida por el diputado Ope Pasquet, ya circula entre varios legisladores de la coalición. Lo que plantea, a grandes rasgos, es la creación de un órgano o ente regulador que ponga límites a la actividad de las empresas privadas, algo que se entiende no ocurre en el acuerdo con Katoen Natie. En particular, lo que se busca es que las tarifas portuarias no sean fijadas por la compañía de capitales belgas, sino por un organismo similar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Pero también los colorados buscan un cambio “del concepto” jurídico detrás de este contrato. “Nosotros entendemos que tiene que haber un cambio desde el punto de vista legal”, dijo un legislador colorado consultado sobre el tema. Agregó en ese sentido que pretenden que la terminal especializada en cargas de contenedores (TCP), que hoy es “un servicio privado de uso público” pase a ser un “servicio público en régimen de concesión”, para lo cual es necesaria la aprobación de una ley.
Sin embargo, al momento no hay consenso en la coalición, sobre todo dentro del Partido Nacional, que no comparte la preocupación de los colorados. El subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola -que estará presente durante el llamado a sala-, dijo a El País el lunes pasado que a su juicio hoy “hay un acuerdo base que ya está firmado y cerrado”.