Uruguay es un país de tránsito para el narcotráfico internacional desde hace años. Las cifras crecientes de incautación de droga así lo demuestran, y nadie descubre nada al afirmar que el Estado tiene pocas herramientas para atacar el problema de base, que involucra a todo el planeta.

Sin embargo, combatir a los narcos se ha transformado, para la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en uno de los principales ejes de la política de seguridad del gobierno de Luis Lacalle Pou, y los resultados medidos en kilogramos de confiscación suelen usarse como argumento a la hora de confrontar con el Frente Amplio cuando en el debate público se plantean las diferencias entre esta administración y la del fallecido Eduardo Bonomi.

“Estamos dando combate. Tenemos incautación récord de cocaína y pasta base, con lo cual hay menos droga en la calle, menos plata y (como consecuencia) más disputa en los barrios en donde se vende”, dijo Heber a El País.

Pero lo que no hay es un radar en el norte con la potencia necesaria como para detectar a las avionetas clandestinas que entran por allí a Uruguay y arrojan la droga en el campo, operación a la que los fiscales especializados en la lucha contra el narcotráfico están acostumbrados a encontrar en sus investigaciones.

“Para tener más control en el territorio, nosotros insistimos con que el país necesita tener un buen radar en Artigas”, dijo el ministro sobre este punto. Y esta es una preocupación que el secretario de Estado ya transmitió a la Fuerza Aérea.

El periodista argentino Hugo Alconada Mon -dedicado a la investigación de la corrupción política, narcotráfico y lavado de activos en su país- había advertido más o menos en junio del pasado año, también en entrevista con El País, que si Uruguay pretendía “investigar el narcotráfico” tenía que poner “radares” y controlar “lo que pasa en Artigas”.

“No dijimos nunca que no. Claro que tiene razón -dijo ahora Heber-. Si nosotros desde Durazno o el centro del país no podemos controlar. Por eso tenemos que gastar para tener un buen radar ahí en Artigas para poder agarrar a las avionetas que entran volando bajo”.

Pero no solo eso, siguió el ministro. “Tenemos que tener gente con capacidad de reacción en las fronteras, porque los aviones entran, tiran y se van. No están más de 20 minutos para agarrarlos, como para tener una dimensión de a qué nos enfrentamos”.

El objetivo no es necesariamente interceptar a los aviones, algo que está habilitado a través de la Ley de Derribo -disposición incorporada en la Ley de Urgente Consideración-, vigente desde fines de 2020, y que creó un mecanismo legal para neutralizar aviones, previa autorización del presidente de la República -extremo al que nunca se ha llegado-. Porque para Heber lo esencial es identificar la avioneta para así seguir su trayectoria y encontrar el lugar donde tire el cargamento o aterrice rápidamente. “Eso permitiría hacer toda la labor de investigación”, dijo.

Quienes pilotean saben hacerlo muy bien. Son hombres que “se juegan la vida” y no son pocos. En una visita que Heber hizo a Paraguay -contó-, las autoridades de la Secretaría Nacional Anticorrupción de ese país le informaron que a sus fronteras entran aproximadamente 390 avionetas ilegales por año. Y suelen cargar, cada una, no menos de 450 kilos de cocaína -que traen de Perú o Bolivia.

Como sea, es un problema cuya solución no admite demoras, avisó Heber ante la consulta de si el planteo lo formulaba a futuro, para un próximo gobierno, o como una advertencia a ser atendida en esta gestión.

“Al menos hay que dejar todo armado” para el siguiente período, afirmó.

Cuando el titular de la cartera de seguridad recibe las críticas de la oposición -que generalmente apuntan al alza de los homicidios- responde con las cifras logradas por el trabajo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, y las brigadas departamentales que esta administración reabrió en Montevideo y Canelones, para enfocarse en el combate territorial.

“En el 2022 agarramos 4.494 kilos de cocaína. Y, salvo en 2019, cuando se encontró un cargamento en el puerto (año que cerró con la confiscación de 12 toneladas de cocaína), los niveles de incautación del Frente Amplio no superaban los 585 kilos. En 2016 fueron 1448, y en 2015 se agarraron 135... Son números, dato mata relato, como se dice”, concluyó.

Para un futuro gobierno Luis Alberto Heber entiende que hay algunos cambios institucionales que ya deberían irse discutiendo y así mejorar el funcionamiento del Ministerio del Interior. Uno de ellos, dijo, es que la Prefectura pase a estar dentro de la órbita de la cartera de seguridad y salga de la de Defensa Nacional. “Así es en muchos países y era así acá antes de 1970 -afirmó-. La Prefectura tiene funciones policiales iguales a las nuestras, y a veces al estar en jurisdicciones distintas se entorpecen investigaciones”.