Sea por vía legislativa o plebiscito, Cabildo Abierto quiere cambios en la reestructura de las deudas de las personas físicas. Con ese firme anuncio el partido dirigido por Guido Manini Ríos dio sus primeros pasos después de la polémica renuncia de Irene Moreira como ministra. Pero, a priori, no tiene los apoyos necesarios para que se convierta en ley en el Parlamento. Hay blancos que prefieren esperar por otra iniciativa que elabora el Poder Ejecutivo y, desde el Frente Amplio, adelantaron que, si bien lo pondrán a estudio, no ven viable votarlo.

La propuesta de Cabildo Abierto se presentó el martes por la tarde es considerada “invotable” en filas frenteamplistas tras un primer análisis, además de que la consideraron irresponsable. Es más, creen que tienen mayor posibilidad de respaldar el que pretende presentar el gobierno con ciertos ajustes. Y su vez, señalan que el nuevo texto propuesto por Cabildo parece haber sido diseñado “con la intención directa de no llegar a ningún tipo de acuerdo”.

El senador opositor José Carlos Mahía dijo a El País que le llama la atención que, luego de haber llegado a un principio de acuerdo con el Frente Amplio para consensuar un proyecto tomando como base el texto original, se presente ahora esta iniciativa que modifica lo que los propios cabildantes habían presentado previamente “de su puño y letra”.

Haciendo referencia a las recientes disputas que los liderados por Manini Ríos han mantenido con sus socios en el oficialismo, Mahía espera saber si este nuevo proyecto representa la opinión de toda la coalición de gobierno. “Esto tiene mucho más de campaña política que de real intención de buscar una solución para la problemática de miles y miles de deudores”, afirmó el senador de Asamblea Uruguay.

“Está en elaboración”. Esa fue la escueta respuesta que, en las últimas horas, la bancada del Partido Nacional en el Senado recibió en torno a un asunto que espera hace meses: la versión del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley que ponga sobre la mesa una fórmula para reestructurar las deudas de las personas físicas.

La demora genera cierto nerviosismo entre los blancos, que aguardan esa iniciativa en procura de cambiar un panorama que se presenta complejo y que podría derivar, dicen, en un problema para todo el sistema político.

Cabildo Abierto, en tanto, quedó a la espera de la devolución de los otros partidos. Entre los blancos, el articulado generó sorpresa y, a partir de una lectura inicial, se da como un hecho que no logrará los acuerdos para convertirse en ley.

Además de resultar “demasiado abarcativo”, se señala que amplía el espectro de posibles beneficiarios y, sobre todo, no se limita solo a deudas por consumo sino que pasa a comprender todo tipo de adeudos, incluso con el Estado.

La senadora Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada nacionalista, consultada por El País, dijo que el nuevo proyecto es “el mejor ejemplo” de la voluntad anunciada por Cabildo Abierto de diferenciarse de sus socios en el oficialismo.

En este sentido, entre los blancos existe un doble convencimiento: ni Cabildo aceptará el proyecto que enviará el Ministerio de Economía -que se adelanta será más conservador- ni el gobierno avalará el nuevo texto de los cabildantes. También que, tal como está presentado, los pocos blancos que se habían mostrado dispuestos a apoyar el proyecto original no lo harán en esta nueva iniciativa.

Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana entiende que el proyecto, “tal como está, genera dos o tres riesgos”. El primero, es que “afecta las cuentas entre particulares, es decir, la compra en el almacén, la adquisición de una moto o una bicicleta”. “Si eso se afecta, puede impactar en el crédito, y hacerlo es un daño para los más pobres”, añadió el legislador.

También le parece “un poco engorroso y numeroso el trámite” que plantea la iniciativa. Además de que se presenta el “riesgo de asistir a decenas de miles de juicios, cuando no sean centenas de miles, en una Justicia que no tiene la capacidad de llevarlos adelante”. En ese sentido, cree que, “en vez de apelar a los entendimientos para cada caso, hay que crear algunas normas”.

Cabildo Abierto propuso que se reserve el 70% de los ingresos mensuales de los adeudados a la hora de acordar con los acreedores cuando no superen la suma de cuatro salarios mínimos. Por lo tanto, al entender de Botana, la transición desde el 35% actual se debería hacer de manera gradual para “no generar daños a entidades”.

“Lo bueno es que lo hayan presentado y que empecemos a discutir”, indicó el legislador.

Los cuestionamientos al nuevo proyecto surgieron más allá del terreno político. “Me parece un poco ambicioso, dijo a El País la exjueza Dora Szafir, que llegó a asesorar a Cabildo Abierto en la redacción de su iniciativa original que no tuvo éxito en el Parlamento. “Lo mejor es enemigo de lo bueno”, remarcó.

La exmagistrada entendió que, tal como está redactado, es muy poco probable que este proyecto logre las mayorías necesarias para ser aprobado. Lamentó al respecto la oportunidad perdida de haber acordado, sobre la base del texto anterior, una solución para los miles y miles de personas afectadas por el sobreendeudamiento.

Szafir cuestionó en particular la intención de Cabildo de modificar, a través de un solo artículo aislado, el monto de interés que puede ser considerado usura pero dejando intacto el resto de la ley vigente. Una situación que, advirtió, provocará que ante una misma circunstancia existan diferentes interpretaciones.

Por su parte, el economista Javier De Haedo cuestionó a tra vés de Twitter a los proyectos que, como este, terminan por perjudicar a determinados grupos a los que pretenden “defender”. Según su visión, la iniciativa tendrá el efecto contrario al que declara, hará reducir la oferta de créditos. “El tiro por la culata”, afirmó.