La presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Casilda Echevarría, criticó en varias oportunidades las propuestas que surgían en el Parlamento vinculadas a los deudores en Unidades Reajustables (UR). Y, ahora que se aprobó una en el Senado, no fue la excepción.

La integrante del Partido Nacional consideró en diálogo con El País que “el valor justicia, el valor conveniencia y el valor respeto de los contratos, que es un activo del país, están violentados con este proyecto”. Y lo consideró “altamente inconveniente” por seis razones.

Primero, Echevarría marcó que, de aprobarse el proyecto, se van a “perdonar las deudas” de aquellas personas -o sus sucesores- que hayan tomado créditos hace más de 40 años. ¿Por qué hace hincapié en ese punto? Porque, si los créditos fueron tomados hace muchos años, es porque “han tenido varias refinanciaciones”, ya que de manera inicial estos son de 20 o 25 años. “Así que es gente que no ha cumplido en forma absoluta durante todo este tiempo, y el BHU les ha dado la posibilidad de refinanciar manteniendo el valor de la cuota”, dijo.

Segundo, recordó que hay “varios estudios hechos” que marcan que la UR “evoluciona en forma similar” a la Unidad Indexada (UI) en “plazos largos”. La UR se ajusta por el Índice Medio de Salario (IMS) una vez al año -por lo que los deudores tienen el “beneficio de que corren detrás de la inflación”, explicó Echevarría- y, en promedio, tiene tasas menores. La UI se ajusta por la inflación y de manera mensual, añadió.

Tercero, criticó: “En el medio quedan aquellas personas que contrataron créditos en UR y han cumplido. ¿Por qué lo digo? La morosidad en UR no alcanza al 3%, quiere decir que la mayoría de la gente, los que tienen vigente el crédito y los que cancelaron, han pagado. No hay ningún concepto de justicia en perdonarle la deuda, justamente, a aquellos que han prorrogado sus plazos y a quienes se les ha mantenido la cuota para que la pudieran pagar. Y mucho peor es el tema de la justicia con aquellos que no han podido definitivamente pagar y se les ha ejecutado el inmueble”.

En cuarto lugar, hizo referencia a los valores de los inmuebles de las personas a las que abarcaría la ley de aprobarse. “Te diría que entre 1.600 y 2.000 deudores tienen inmuebles cuyo valor varía entre los US$ 100.000 y US$ 150.000. Digamos que no es nada. Pero los demás alcanzados, que son unos 7.000, tienen inmuebles de mayor valor. Y no es porque ahora les hayan agregado cosas, sino que inicialmente han sido de mayor valor. Por supuesto, algunos se habrán mejorado y otros no”, indicó.

Quinto, hizo referencia a los deudores en UI que aún pagan sus deudas, y se preguntó: “¿Qué les vamos a decir a los que tienen créditos en UI? ¿Que esperen a refinanciar y a prorrogar los plazos porque después, a los 40 años, el Poder Legislativo los va a perdonar y les va a regalar la casa? ¿Eso les vamos a decir? ¿O les vamos a exigir que paguen?”.

Sexto, mencionó la problemática vinculada al “cumplimiento de los contratos”, un “activo importante que tiene el país”. En este caso, comentó, “se cumplen e interviene el Poder Legislativo para perdonar las deudas” a quienes aún están pagando.

Más temprano, Echevarría, mientras se discutía el proyecto en el Senado, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para criticar la iniciativa: “La generosa demagogia deberían pagarla quienes la hacen obligatoria para otros. Floridos discursos no harán correcta, ni justa, una ley. La UR, ni sus tasas ni su forma de ajuste perjudicaron a los titulares del crédito. Mantuvieron sus casas con mínimas cuotas y plazos eternos”.

Y añadió: “Veremos qué se les dice a los padres de familia que hoy no pueden hacer frente a un crédito en UI o peor aún que no pueden siquiera alquilar. Si se habla de justicia, veremos... La unanimidad en la Comisión del Senado no demuestra más que la demagogia es generalizada”.