La Intendencia de Montevideo dice que hoy apoya a 244 ollas populares y merenderos extendidos por toda la ciudad, en tanto que espera hacer lo mismo con otros 37 organizaciones de este tipo que, por ahora, permanecen "en lista de espera", con la expectativa de recibir financiación del gobierno departamental.

"La alimentación sigue siendo una necesidad expresada por distintos colectivos", aseguró la directora de Desarrollo Social de la IMM, Mercedes Clara, al presentar ante la Junta Departamental la Rendición de Cuentas correspondiente a su oficina y fundamentar los motivos por los que el apoyo a estas organizaciones debió extenderse.

Las cifras oficiales indican que el año pasado la intendencia apoyó a 345 ollas y merenderos populares. También que, al menos una vez en el año, la comuna debió asistir en forma puntual a "algunos centros educativos", como liceos y locales de UTU que "pidieron apoyo", con alimentos y utensilios de cocina. Según Clara, hubo un promedio mensual de 261 iniciativas apoyadas con distintos insumos.

La existencia —y, sobre todo, la cantidad— de ollas populares ha sido en los últimos tiempos una frecuente fuente de fricciones entre la IMM y el gobierno nacional. Clara señaló que en febrero del año pasado el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) "dejó de dar apoyo" como lo venía haciendo a ollas y merenderos, cambió su modalidad y comenzó a aplicar el Plan de Alimentación Territorial (PAT). Según la directora, la comuna pudo confirmar que su puesta en práctica del nuevo plan "llevó tiempo", por lo que en 2023 "hubo meses" en que el alcance de esa nueva propueta habría sido limitado. "No se tenía muy claro cómo había que hacer para acceder", dijo. "Los puntos en algunos casos eran distantes" agregó, describiendo la situación como parte del "proceso de instaurar algo nuevo".

Clara dijo que ollas que dejaron de recibir apoyo del Mides tuvieron que cerrar, debido a que el aporte de la IMM no era suficiente. Algunas, tiempo después, volvieron a activarse, añadió.

Hoy, dijo Clara, la intendencia implementa un sistema de fiscalización, en el que recorre y chequea que las ollas y merenderos a los que apoya estén abiertos, efectivamente, en los días y horarios que dicen funcionar. Según sus cifras, desde finales de 2020 hasta hoy la administración departamental apoyó un total de 638 iniciativas de este tipo.

La directora se refirió a los "apoyos puntuales" que la IMM dice otorgar a centros educativos, con los cuales "no se puede comprometer" ya que, dijo, eso "sería inabarcable". En estos casos, agregó, el apoyo se da cuando hay "situaciones críticas". Según cifras de la comuna, en lo que va del año se debieron atender solicitudes de 11 centros educativos.

"La situación de emergencia alimentaria en la que se encuentra un importante sector de Montevideo es la punta del iceberg de una situación de desigualdad mucho más profunda, que se vincula con la vulneración de un conjunto de derechos", afirmó. De esa premisa, dijo, fue que nació el "Fondo por más", principal componente de promoción del apoyo alimentario de la comuna que, reparó Clara, "ha estado sosteniendo" a las ollas y merenderos de Montevideo.

Vinculado a este programa, está otro de recuperación de frutas y verduras que pasan por la Unidad Agroalimentaria (UAM), aptas para el consumo humano pero que son descartadas por razones comerciales. Así, una cuadrilla de trabajadores vinculados al Plan ABC de la intendencia recupera esos alimentos, que luego se distribuyen en las redes de ollas y merenderos apoyados por la IMM. El año pasado, se recuperaron más de 616 mil kilos de fruntas y verduras.

La situación planteada por Clara hizo que el Frente Amplio promoviera este jueves en la Junta una resolución para que se destine a los programas del Eje de Alimentación de la comuna el 100% de los recursos presupuestados para este año en el Fondo de Emergencia departamental.

El edil Nicolás Lasa (Partido Socialista) dijo a El País que eso supone un "piso" de $ 5 millones.

Lasa dijo que la resolución solo contó con el apoyo del FA y que, al momento de aprobarla, los ediles del Partido Nacional no estaban presentes en sala. Allí se recuerda que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada seis hogares de la capital sufren de inseguridad alimentaria grave o moderada, por lo que "miles de montevideamos siguen sin tener sus necesidades básicas satisfechas y siguen recurriendo a iniciativas populares y de la sociedad civil a los efectos de garantizar sus alimentación".

La resolución, a la que accedió El País recordó que, pese a las iniciativas de la IMM, "las competencias sobre las políticas alimentarias se ubican en organismos nacionales responsables de esta área", en referencia al Mides.

Durante su presentación, Clara hizo una larga exposición sobre las "respuestas" de la administración departamental ante siutaciones de "vulnerabilidad social extrema". Así, explicó, otro de los ejes de atención estuvo vinculado al desarrollo de estrategias de inserción laboral, con un fuerte componente socioeconómico y de fortalecimiento de la economía social y solidaria, junto con la "presencia en territorio". Así, la Unidad de Economía Social y Solidaria de la intendencia apoyó a 17 emprendimientos familiares y cooperativas vinculados a ollas y merenderos.

La Rendición de Cuentas que la IMM presentó ante la Junta indica que, en términos monetarios, el apoyo a estas iniciativas sumó el año pasado $ 64 millones que, además de alimentos, contempló recargas de supergás y asesoramiento nutricional.

"Una de las realidades más dolorosas de este tiempo son las personas en situación de calle", afirmó Clara en su informe. "Una realidad que intentamos abordar desde nuestros recursos y en permanente articulación con los organismos competentes", agregó. Así, dijo, el Programa de Atención a Personas en Situación de Calle creció el año pasado en su capacidad de atención, en particular por la inauguración de un centro diurno ubicado en La Paz y Avenida Rondeau, que funciona de lunes a sábados, y que se sumó a los tres que ya existían: La Casa, La Trama, y La Estación.

Según la intendencia, el año pasado pasaron por allí 4.305 personas, que tuvieron acceso a duchas, lavado de ropa, capacitación laboral, atención médica y de salud mental. Muchos recibieron capacitación en la limpieza integral de esos mismos centros, o de otros, logrando así una inserción laboral.

Clara señaló que, si bien el problema de las personas que viven o pernoctan en la calle se concentraba en el Municipio B, el año pasado se constató su crecimiento hacia otras áreas de la ciudad.

Se trata de un fenómeno que ha sido fuente de conflictos entre el gobierno nacional y el departamental. A mediados de julio, al asumir formalmente su cargo en sustitución de Carolina Cosse, el intendente Mauricio Zunino vinculó la problemática de la limpieza de la ciudad al incremento de las personas en la calle.

"En las áreas centrales tenemos muchísima población en situación de calle a la que este gobierno nacional no ha dado respuesta", aseguró Zunino. "La cifra es cada vez mayor, basta que cualquiera de nosotros camine por 18 (de Julio), por San José, por Soriano, para que vea la cantidad de población que hay en situación de calle y cómo eso afecta parte de la situación de limpieza de la ciudad", concluyó el jefe comunal.