Redacción El País
Desde el pasado 25 de agosto entró en vigencia la nueva ley de internación compulsiva que habilita al Estado a retirar de la calle a aquellas personas que estén viviendo en espacios públicos y que tengan afectada "su capacidad de juicio" producto del consumo de drogas o de "una descompensación de su patología psiquiátrica", aunque no presten su consentimiento. Es por esto que el Poder Ejecutivo mantuvo este miércoles una reunión con las autoridades de la Intendencia de Montevideo.

Como informara El País, para el gobierno la comuna capitalina estaba en falta en su rol de policía territorial y en su deber de controlar el cumplimiento de la ley de faltas, lo que derivó en el encuentro de este miércoles en Torre Ejecutiva.

Al final de esta, el prosecretario de la IMM, Daniel González, declaró que la comuna no solo aplica la ley de faltas sino que colaborará en la aplicación de esta nueva normativa. "La intendencia ha estado colaborando y va a seguir colaborando", aseguró en rueda de prensa y detalló que la tarea de la comuna es encargarse de la limpieza posterior al retiro de "los campamentos" y los residuos.

"Estamos trabajando con ley de faltas con tres equipos cotidianamente y levantamos más de 40 toneladas por mes de residuos vinculados a este tema", afirmó y dijo que de ahora en más, a pedido del Ejecutivo, pondrán a disposición dos camiones más para la aplicación de esta nueva ley.

No obstante, aseguró que su participación "no comienza hoy" sino que en realidad "se agregó un dispositivo de internación compulsiva que queda en la órbita de ASSE, porque solo un médico puede determinar si una persona va a ser obligada o no a ser internada".

Lo que sí les pidieron las autoridades, según González, fue que los equipos de limpieza de la IMM estén atentos a las personas en situación de calle que puedan estar vulnerables y necesitar asistencia: "Dar aviso al Mides o a ASSE y ellos van a identificar si esa persona tiene que ser trasladada a un centro de salud o no".

Añadió que, pese a que algunas organizaciones sociales han cuestionado esta nueva ley, la comuna debe regirse por la normativa vigente y será potestad de los legisladores del próximo período modificarla o no.

En el segundo día de la implementación de esta nueva ley, el Mides recibió 20 solicitudes de intervención y en siete ocasiones los técnicos decidieron que no había riesgos ni fundamentos para aplicarla.

Foto: Archivo El País