IMM preparó decreto para retirar elementos de "arquitectura hostil" tras caer un hombre sobre "pinchos" y morir

Envió proyecto a la Junta Departamental para eliminarlos, al igual que a cualquier objeto que represente riesgo a la "integridad física" de las personas en la via pública. Prevé multas de hasta $ 35.000.

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Pinchos en un local del centro.
En el Municipio B hay pinchos muy peligrosos, según alcaldesa.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

La Intendencia de Montevideo (IMM) envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto en el que se prohíbe en toda la ciudad la instalación de elementos físicos que, por su diseño, ubicación, altura o composición, representen "riesgos significativos para la integridad" física de las personas que transiten o hagan uso de la vía pública.

El proyecto, al que accedió El País, está referido a cualquier tipo de elemento representante de la denominada "arquitectura hostil", presente en casi todas las zonas de la capital, y cuyo principal cometido es evitar que personas que viven o pernoctan en la calle se instalen en estos sitios.

La resolución de la comuna llega a raíz de pedido formulado por Silvana Pissano, alcaldesa del Municipio B —y hoy una de las candidatas del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo— luego de haberse reportado la muerte de un hombre de 30 años que, en octubre del año pasado, transitaba con su esposa y su pequeña hija por el Centro de la ciudad. Al llegar a Héctor Gutiérrez Ruiz casi Durazno tropezó en el escalón de un edificio y cayó sobre una hilera de "pinchos", piezas cortantes ubicadas en la fachada de una propiedad, que son los elementos más comunes de este tipo de arquitectura.

La prohibición planteada por la IMM abarca a fachadas, cercos, cerramientos, límites o estructuras en inmuebles particulares o de dominio del Estado, cuanto sean de acceso directo desde un espacio público. El proyecto refiere especialmente a todos los objetos punzantes o cortantes.

El proyecto de decretó comenzará a ser analizado a partir del 1 de marzo, cuando la Junta retome actividades luego del receso. A partir de su puesta en vigencia, los titulares o poseedores de los inmuebles tendrán 60 días para adecuar o retirar estos elementos. La IMM pondrá en marcha al respecto una campaña de difusión, a los efectos de informar sobre los riesgos de la "arquitectura hostil", las disposiciones del decreto y el plazo para su cumplimiento.

La IMM podrá intimar y proceder al retiro de estos elementos. La transgresión a lo indicado podrá ser sancionada con multas en una escala a partir de las 20 unidades reajustables, equivalentes hoy a $ 35.344. La intendencia podrá decomisar los elementos que tenga que retirar, y el pago de los gastos de retiro, remoción, traslado o depósito serán de cargo del titular registral del inmueble. Dicho titular también deberá asumir el costo del deterioro que, a consecuencia de la remoción, pueda producirse en el lugar en que estos elementos estaban ubicados.

El proyecto descarta en ese sentido cualquier tipo de indemnización.

La IMM podrá eventualmente autorizar excepciones a la prohibición en el caso de inmuebles con declaración de monumento histórico nacional o que cuentan con protección patrimonial departamental.

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