Redacción El País
El impuesto global que obliga a pagar a las principales multinacionales del mundo no es de esos temas que se transforman fácilemente en estribillos repetidos de la campaña electoral en curso, pero en los últimos días comenzó a gotear como un problema que, de a poco, va tomando sustancia a medida que los candidatos —sobre todo del Partido Nacional y el Frente Amplio— empiezan a visualizarse en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.

Lo mencionaron esta semana el postulante de la coalición de izquierda, Yamandú Orsi, su recién designado ministro de Economía en caso de ganar las elecciones, Gabriel Oddone, y es algo en lo cual trabaja activamente el equipo económico del candidato nacionalista, Álvaro Delgado, además de que también es abordado en el programa de gobierno del Partido Colorado.

Ahora bien, ¿de qué se trata este problema?

Como fue explicado en una columna publicada a fines del año pasado en El País por Leonardo Costa, socio de Brum Costa Abogados y profesor de fiscalidad internacional, en 2021, bajo el liderazgo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 137 países y jurisdicciones, incluyendo a Uruguay, llegaron a un acuerdo que implicó una profunda reforma en el sistema fiscal internacional.

Este acuerdo, conocido como Pilar 2, se traduce en la imposición de una alícuota tributaria efectiva del 15% para aquellas firmas que superen los € 750 millones de ingresos anuales —lo que en Uruguay ocurre en alrededor de 200 casos, según fuentes del sector financiero, aunque no todas las compañías cuadran en las condiciones de este nuevo esquema tributario.

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El objetivo de todo este esfuerzo liderado por la OCDE es proteger los ingresos fiscales de los países que exportan capital, evitando la erosión de su base tributaria de las rentas empresariales o el traslado de beneficios fiscales a países de baja o nula tributación.

Y el tema está previsto entre las “48 prioridades para gobernar” presentadas la semana por el Frente Amplio, en un capítulo en el que se subraya la necesidad de “acelerar el crecimiento económico”, promover la apertura económica del país y la llegada de la inversión extranjera directa.

La medida concreta es “implementar mecanismos para que las empresas localizadas en el Uruguay" hagan llegar ese impuesto a las arcas del Estado.

“Uruguay debe adoptar una actitud activa, para incentivar la permanencia de las empresas multinacionales que tributen este impuesto”, propone también el Frente Amplio, que recuerda que las multinacionales que tengan su casa matriz en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Sudeste Asiático —donde se encuentran los 40 país que ya están aplicando lo resuelto por la OCDE— estarán obligadas a pagar el impuesto a la renta mínima global en 2025. Si no lo hacen en Uruguay, lo terminarán pagando igual en sus lugares de origen o en otro país.

“El mundo nos plantea un desafío”, dijo este martes Orsi, al exponer ante la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación del Uruguay. Lo mismo había hecho la semana pasada, ante un grupo de empresarios argentinos en Buenos Aires. Su mensaje fue dirigido a “toda la academia y el pensamiento nacional”, que deberían encarar un tema “que se nos viene”, y que constituye “la única novedad” de carácter tributario entre las prioridades.

Por eso fue que Oddone, en su presentación oficial este lunes en la sede frentista, aseguró que “hay por delante un escenario internacional de cambios importantes” en materia tributaria, y que pueden llevar a que Uruguay “deba revisar su régimen de promoción de inversiones” que, advirtió, “implícitamente tiene efectos tributarios”.

“De allí que en materia impositiva, en campaña electoral no es bueno hacer anuncios de ningún tipo”, señaló el economista. “Hay circunstancias que están fuera de control del país”.

Los programas de gobierno de blancos y colorados dedican un pasaje a este tema —no así los del resto de los socios de la alianza oficialista.

El documento del Partido Nacional afirma la necesidad de "seguir con atención y a su tiempo tomar las medidas correspondientes ante la propuesta del Impuesto Mínimo Global impulsado por la OCDE para evitar que impacte negativamente en las empresas instaladas en nuestro país".

Los colorados, en tanto, argumentaron que lo que habrá que implementar son "mecanismos alternativos o complemetarios de atracción a los existentes para adaptaron a esta nueva realidad tributaria internacional", y proponen como ejemplo "incentivos al empleo, la investigación e innovación". Y prometen desarrollar "un plan para abordar esta eventual situación de manera efectiva".

Lo mismo en el equipo económico de Delgado, que lidera Diego Labat, el titular del MEF en caso de un nuevo gobierno de coalición. "Nuestra idea es continuar la línea de trabajo que ya está diseñando el gobierno y el desafío es que Uruguay se acople al nuevo sistema".

Amparo Mercader, economista especializada en impuestos e integrante del equipo que conduce Labat, dijo por su parte a El País que el objetivo es atender "los equilibrios de los compromisos asumidos y la competitividad del país".