RESOLUCIÓN

La historia parecería llegar a su final: el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) falló ayer que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, no son colonos propietarios en campos de Artigas. Lo mismo aplica para el padre de ella, Roque Moreira.

La resolución llegó después varios meses de idas y vueltas, de informes internos y externos con posturas diferentes, y de que el senador sostuviera en reiteradas oportunidades que sus tierras no estaban atadas al instituto. La conclusión del INC llevó a Manini a advertir sobre una maniobra política contra él y su esposa.

La decisión del directorio, sin embargo, no fue unánime. Quien está en representación del Frente Amplio, Andrés Berterreche, votó en contra. El integrante del MPP enumeró una serie de argumentos, donde apunta al propio directorio y al último informe que recibieron del catedrático de derecho agrario de la Universidad Católica del Uruguay, Horacio de Brum, a solicitud de los integrantes.

Después de que se hiciera pública la resolución, el senador Manini Ríos indicó que el directorio del INC “resolvió lo que se sabía desde el primer día”, que los tres “jamás” fueron colonos. Recordó que “así lo estableció hace meses el principal catedrático en derecho agrario” de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), Enrique Guerra Daneri. “Y lo ratificó -continuó- el informe externo que encargó el INC” al catedrático de derecho agrario de la Universidad Católica del Uruguay, Horacio de Brum.

Estos dos documentos concluyeron que Manini Ríos, Moreira y el padre de ella no son colonos. Uno de ellos, el de Guerra Daneri, lo presentó el senador a modo de descargo ante el INC en junio. El de De Brum es el último que llegó a las manos del directorio, y era del que estaban a la espera para fallar.

Pero estos dos estudios no eran los únicos que los directores tenían arriba de la mesa. Hay otros tres, hechos por distintas áreas del INC, que los calificaron como colonos propietarios. Uno es el resultado de una inspección oficial, otro de la Asesoría Letrada y el tercero -que se conoció hace poco más de una semana- de la Sala da Abogados.

El líder de Cabildo Abierto aseguró ayer a través de Twitter que “quedó comprobado” que los “reiterados informes de los militantes de jurídica del Instituto carecían de fundamento y tenían un claro sesgo político”. Y añadió: “Espero que quienes de buena fe se hicieron eco de la mentira tengan ahora la hidalguía de disculparse...”

A su vez, el senador apuntó contra medios de comunicación al decir que, “todos aquellos” que se “prestaron para la mentira, y los que en los últimos días, conscientes de que el fallo final del INC no podía ser otro que este, pretendieron instalar la idea de que iba a ser una decisión política, deberían ahora informar sobre los argumentos contundentes e incontrastables de este fallo... Es hora de que le pidan disculpas al pueblo uruguayo al que, una vez más, le tomaron el pelo...”.

Berterreche realizó varios cuestionamientos al estudio de De Brum. Primero, dijo que era “inaceptable que un trabajo que pretende decidir sobre el contencioso en cuestión esté basado en cuatro expedientes y que se sostenga por parte del consultor que: ‘no se ha podido disponer de todos los antecedentes requeridos para esta consulta’”.

Y añadió: “Que una decisión de esta trascendencia, tanto en importancia como en costo, tenga limitaciones de acceso documental es insostenible”.

También dijo que De Brum “inicia con una llamativa advertencia y que condiciona toda su opinión: ‘...no se ha podido disponer de todos los antecedentes administrativos requeridos para esta consulta, por lo que el análisis está circunscripto a la documentación recibida del Instituto Nacional de Colonización’”. En ese sentido, Berterreche opinó que al “plantearlo en forma tan genérica, quedan serias dudas de si es esta su opinión definitiva o si la misma podría variar en caso de acceder a otra documentación”.

Además, dijo que ofreció “prolongar el plazo y dar acceso a toda la base documental”, pero que el “resto de los directores se han negado a aceptarlo”.

También señaló que el dictamen de De Brum “no se detiene a controvertir en forma expresa el informe de la Sala de Abogados”. Berterreche entiende que “hubiera sido de buena técnica” que “controvirtiera las afirmaciones de los profesionales del Instituto, para poder sopesar la calidad de los argumentos ensayados de uno y otro lado”.

A su vez, indicó que el “colono propietario anterior al padrón que luego compró Manini Ríos, una vez cancelado su compromiso pidió permiso al INC para ceder el 50% de la propiedad a su hermana. Si bien no se han tenido a la vista los títulos de propiedad del inmueble adquirido por el Sr. Manini Ríos (porque este entiende que no corresponde su presentación ante el Instituto), es evidente que estos deben tener incorporados en sus antecedentes dominiales la existencia de dicha autorización otorgada por el INC al propietario anterior”.

Y finalizó: “Parecería tanta falta de rigurosidad que un informe que llevó meses a distintos profesionales se resuelva en este caso en menos de una semana, como que se entregue para su análisis por este cuerpo con menos de 21 horas para su tratamiento definitivo”.