Redacción El País
El Centro Breve Estadía del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que funciona como “puerta de entrada al sistema de protección de adolescentes varones”, fue monitoreado por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) entre marzo y setiembre, cuando “se constataron un conjunto de situaciones de importante gravedad”, lo que ha generado controversias entre los titulares de ambas instituciones, la inspectora y la inspeccionada.

Tras recibir en marzo dos denuncias por las condiciones en que estaban los adolescentes amparados por el Estado, la Inddhh resolvió realizar un monitoreo que incluyó seis visitas al centro, también conocido como ex Tribal.

“En las primeras cinco visitas se constató violencia in crescendo, episodios reiterados de violencia que exponían a los adolescentes residentes a situaciones de riesgo en su integridad física, psicológica y eventualmente su vida. En la última visita, del 1° de septiembre, se verificó un descenso en los niveles de conflictividad, si bien aún se verifican agresiones entre pares, amenazas, coerción y consumo problemático de sustancias en el centro, que configuran violencia institucional”, concluyó la Inddhh en su informe del 20 de setiembre.

“Se comprobó (...) enfrentamiento a golpes entre pares, la detección, porte o uso de armas de fabricación casera conocidas como ‘cortes’ o ‘puntas’, así como amenazas con armas de fuego a adolescentes residentes en el centro”, expresa el informe. Además, advierte sobre “situaciones deficitarias de la infraestructura y su mantenimiento”, aunque en la última visita “se constató el inicio de reparaciones edilicias”. A su vez, confirmó “el aumento de la dotación de personal”, pero destacó “la inexistencia de un proyecto específico para el centro”.

Entre otras recomendaciones, la Inddhh planteó “crear una mesa de trabajo, con los agentes del Estado involucrados (justicia, educación, salud, seguridad, entre otros), para redefinir el abordaje de ingreso al sistema de protección especial”.

Al presidente del INAU, Pablo Abdala, le llamó “poderosamente la atención este temperamento institucional de la Inddhh”.

“Un hecho específico, aislado, en determinadas circunstancias, puede haber ocurrido (...), pero (por) la forma de presentar las cosas, hechos específicos, excepcionales, que no son la cotidianeidad del centro, la idea que transmitimos es que está fuera de control, que es un caos”, se quejó Abdala el viernes en Esta boca es mía de canal 12, donde criticó las “generalizaciones” de la Inddhh.

“Creo que la institución ha actuado de manera bastante temeraria, no por la intención, sino por la naturaleza o el alcance de las afirmaciones que ha hecho”, agregó el presidente del INAU, quien descartó el caos, reivindicó las mejoras edilicias y de gestión, y dijo que no es comparable la situación actual del lugar a la de un año o seis meses atrás, o a la de 2018, cuando INAU cerró el centro.

Por su parte, la presidenta de la Inddhh, Jimena Fernández, defendió el trabajo realizado. “La metodología es precisa y no responde a impulsos, ni a manera de trabajar temeraria, ni a vaivenes”, dijo en diálogo con El País. En ese sentido, recordó que esa metodología surge del “Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos”, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002 y refrendado luego por Uruguay. “Nuestros informes no generalizan, sino que toman los partes diarios, se revisan y se ve cuántas veces hubo incidentes, cuántas se encontraron cortes, y se deja constancia de eso. ¿Hubo todos los días 24 horas? No, pero tampoco es algo aislado. Esa es la violencia física y emocional de la que hablamos”, planteó Fernández.

“Se trabajó seis meses y ahora llegamos a ver resultados. Esperamos que esos resultados se prolonguen, tener una devolución de nuestras recomendaciones de parte de INAU y seguir trabajando de forma conjunta”, sentenció.