A pocos días de que el plenario de Diputados comience a discutir el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza -que ya se aprobó en el Senado- la iniciativa es puesta otra vez bajo la lupa debido a que recibió críticas tanto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) como de la Unicef que exigen cambios en su articulado, lo que fue calificado de “impertinencia” por parte del diputado blanco Rodrigo Goñi.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley conocido como de “tenencia compartida”, tras una intensa discusión en agosto de 2022 y que se saldó por 18 votos en 30.

A lo largo del debate, la senadora nacionalista e impulsora del proyecto, Carmen Asiaín, destacó entonces que el proyecto cuenta con el apoyo de las instituciones protectoras del niño y “no permite la tenencia de padres violentos o abusadores”, sino que permite a los padres “cumplir con su obligación” dando potestades al juez como “protagonista”.

Tras ello, la iniciativa también fue aprobada a nivel de comisión en la Cámara de Diputados y ahora está previsto que el plenario la discuta el próximo martes 11 de abril.

No obstante, la semana pasada se conocieron sendos comunicados de la Inddhh y de Unicef en los que ambas instituciones cuestionaron algunos de los contenidos del proyecto de ley y conminaron a los diputados a introducir modificaciones en su articulado.

La Inddhh planteó a los legisladores la necesidad de rever en especial el contenido del artículo 4° que “puede implicar vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora”. La entidad llamó la atención sobre la falta de recursos para atender este tipo de casos debido a que “los tiempos que median entre la imposición de medidas cautelares y su cese pueden ser muy largos”, lo que puede “aparejar la ruptura del vínculo preexistente entre el niño o niña y el progenitor o la progenitora”.

Unicef, en tanto, hizo saber de su preocupación porque el proyecto incluye aspectos que “son contrarios a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño”. La institución también cuestiona el artículo 4° porque a su juicio “prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés del niño” y agrega que ve preocupante que “la suspensión de la visita se plantea como excepción y no como una medida de protección a los niños”.

Los planteos de ambas entidades despertaron la reacción del diputado nacionalista Rodrigo Goñi que los calificó de “impertinentes”. El parlamentario se mostró sorprendido por entender que “luego de ocho años de tratamiento legislativo en las dos Cámaras, de escuchar a decenas de organizaciones, tanto en el ámbito parlamentario como en amplios debates en los diversos medios, y a muy pocos días de su votación definitiva (...), no se entiende esta acción de reiterar sus posturas por parte del Inddhh y de Unicef a través de comunicados públicos y cartas a los legisladores”.

Goñi expresó su rechazo a los comunicados y señaló que no comparte “su oportunidad, ni su forma, ni su contenido. En cuanto a la oportunidad, porque ya la tuvo y en reiteración real en ambas cámaras. En cuanto a la forma, porque parece excederse de su competencia de asesoramiento y arriesga configurar una intromisión en la etapa de decisión legislativa que corresponde a los representantes de la ciudadanía.