La llamada “Comisión Especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia” fijó ayer fecha para votar la postergada nueva ley de partidos políticos. El día pactado es el próximo jueves 16, en lo que pretende ser el comienzo del fin para un largo periplo de cinco años. El sistema político intentará ponerse de acuerdo en una nueva normativa, que sustituya a la que está vigente desde el año 2009.

El plazo fue establecido en el marco de un acuerdo entre el Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente. Una inusual mayoría que promete, llegado el caso, avanzar sin el aval de los nacionalistas, líderes de la coalición de gobierno, que siguen sin lograr un acuerdo.

Tal como había adelantado El País, colorados, frenteamplistas e independientes terminaron de sellar ayer el acuerdo que resume en 35 artículos la ansiada nueva ley.

Los firmantes del pacto tripartito están dispuestos a aceptar sugerencias de los blancos. De todas formas, avisan que rechazarán cualquier nuevo análisis si visualizan un “ánimo dilatorio” en cuanto a la aprobación de la ley.

“Si estamos todos mejor, pero si somos tres partidos, será con estos tres partidos”, le dijo a El País el diputado colorado Conrado Rodríguez.

“Votos hay”, resumió el diputado frenteamplista Carlos Varela, cuya formación está dispuesta a forzar la aprobación inmediata de la ley en Diputados, al considerar que es impostergable enviar una “señal” a la población en el actual contexto político.

Varela consideró bastante inverosímil que colorados e independientes se echen para atrás cuando lo que se iría a aprobar es, básicamente, su propio proyecto. “No creo que nadie se atreva a rechazar esta propuesta”, dijo. Y opinó: “Quien lo haga debería pagar un costo político muy alto”.

El legislador opositor recordó, además, que el viernes 18 vence el plazo de actuación de la comisión especial y apuntó que su partido no piensa votar una nueva prórroga.

El domingo pasado, al expresar su postura sobre las últimas derivaciones del caso Marset, el presidente del FA, Fernando Pereira, urgió a la aprobación de esta ley. “No podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política”, pidió. “Quien esté trabando esta ley, deberá explicarle a la sociedad uruguaya por qué”, apuntó.

Desde el Partido Independiente, el diputado Iván Posada remarcó que la base del trabajo de la comisión fue siempre llegar a una ley que logre el apoyo unánime del sistema político. En ese contexto, mostró su disposición a analizar los eventuales planteos que puedan hacer los blancos. Lo que sí ratificó Posada es que la fecha pactada para votar el proyecto es el jueves 16.

Con el actual panorama, el proyecto lograría los votos de 57 diputados, más que suficiente para su aprobación en cámara. La idea es llevarlo el plenario lo más rápido posible, incluso a través de una sesión extraordinaria.

El acuerdo llegó cuando el Frente Amplio accedió a avalar que las personas jurídicas puedan donar a las campañas. A cambio, lograron establecer que la publicidad electoral en radio y televisión tenga un único precio para todos los partidos, en un proceso bajo control de la Corte Electoral.

En la comisión se descuenta el apoyo de Cabildo Abierto, que dice tener una serie de propuestas para incorporar, que todavía no ha concretado. Pese a eso, los liderados por el senador Guido Manini Ríos se inclinan por refrendar el texto consensuado en la comisión.

“Cabildo Abierto va a apoyar el proyecto y entendemos que debe ser aprobado antes de fin de año”, había dicho el martes pasado Manini. Y sostuvo que, más allá de “algunos aportes”, su partido pretende llegar a una acuerdo unánime.

César Vega (PERI) y Daniel Peña (Partido de la Gente) ratificaron su apoyo al documento presentado ayer.

Los blancos llevarán el tema a consideración de su Directorio el próximo lunes. Sus socios lamentan que, desde que la discusión del tema se retomó en agosto, los nacionalistas nunca explicaron los motivos de su indefinición.

En este panorama, los blancos comprenden que no tienen mucho margen y que la base de cualquier acuerdo será, justamente, el texto que está en circulación. La idea es lograr el lunes una postura única a nivel partidario, a partir del documento que, dicen, conocieron oficialmente recién ayer.

Para ser realidad, a la nueva ley le queda aún el trámite en el Senado. Una cláusula transitoria incluida en el proyecto prevé su vigencia a partir del próximo 1° de enero. Si es ratificada, podría ya aplicarse en la campaña hacia las internas.

El texto prevé que cada persona física o jurídica podrá donar hasta una cifra equivalente hoy a $ 1,8 millones durante una misma campaña política, desde las internas hasta las departamentales. Los candidatos a presidente podrán hacer aportes personales a sus propias campañas por hasta unos $ 5,8 millones. Para postulantes al Senado, a la Cámara de Diputados y a las intendencias departamentales el límite será de $ 4,7 millones. Los candidatos a ediles, en tanto, podrán hacerlo con hasta $ 1,4 millones.