DERECHOS HUMANOS

Un informe que divulgará hoy el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) contiene una serie de recomendaciones al Estado luego de analizar las más de 80 denuncias de presuntos casos de abuso policial a personas detenidas, hechos sobre los que dio cuenta en julio del año pasado la Asociación de Defensores de Oficio.

En un apartado del informe denominado “prevención indirecta”, el MNP recomienda tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Interior que se “disponga de manera urgente una investigación administrativa en sus respectivas dependencias, a efectos de abordar las presuntas irregularidades denunciadas” por los defensores públicos. El MNP dice que hay “información concreta sobre episodios de procedimientos policiales irregulares”.

Como consejo para una “prevención directa”, el informe del MNP - que es un organismo de control que funciona dentro del ámbito del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo- también recomienda al Poder Legislativo que se tipifique “la tortura como delito autónomo en el Código Penal”, y que tenga una “redacción clara y conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Convención contra la Tortura de acuerdo a lo que han observador y recomendado los organismos de control internacional”.

Al Poder Ejecutivo, concretamente a la cartera de seguridad, se recomienda “avanzar en una definición precisa del uso de las cámaras corporales” de los funcionarios policiales cuando participan de operativos o detenciones. El protocolo que el organismo entiende que debe existir tiene que contemplar “quiénes tienen la potestad de hacer las grabaciones”, regular “el encendido y apagado de las cámaras”, además de dejar definido “cómo se accede a los contenidos estableciendo un registro de quiénes lo hacen”.

También hay una recomendación dirigida directamente al Poder Judicial, ya que se sugiere “convocar a la mesa de diálogo que fuera encomendada por la Suprema Corte de Justicia a la Dirección Nacional de Defensoría, citando al Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación” y al propio MNP, “a efectos de adoptar acciones concretas para garantizar el acceso a un abogado desde el primer momento de la detención”. Asimismo, se exhorta a “dar cumplimiento” al pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acerca de la necesidad de poner en funcionamiento “un registro de casos de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes”.