El próximo jueves 22 de agosto comenzarán las obras para remover un cable de UTE de un predio militar, hallado por un equipo que buscaba allí hace más de dos años posibles restos de desaparecidos en la última dictadura militar (1973 - 1985), según confirmó a El País la presidenta de la empresa estatal energética, Silvia Emaldi.

Está previsto que las obras para quitar el poderoso cable de unos 6.000 voltios, hallado por sorpresa el 20 de julio de 2022 cuando una máquina excavadora lo rompió; y la realización de un nuevo tendido eléctrico para no afectar el suministro en el Servicio de Material y Armamento (SMA), a los fondos del ex Batallón 13, insumirán unas "tres semanas". Este período, aclaró Emaldi, puede extenderse si hay jornadas con lluvia.

Desde que ocurrió ese incidente, hace más de dos años, se suspendió la búsqueda en una zona clave para los investigadores. El cable, que por azar no generó daños al equipo abocado a la búsqueda de restos humanos, fue descubierto en un predio de unos 8.000 metros cuadrados que está justo detrás del centro de detención clandestino “300 Carlos” o “Infierno Grande”, ahora un galpón militar, donde fueron torturados varios militantes de izquierda entre los años 1975 y 1977.

En julio de 2023, la antropóloga Alicia Lusiardo, responsable del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), dijo a radio Sarandí, que contaban con “información de posibles enterramientos” en el predio, que no pudo ser analizado por la peligrosidad del cable roto, que impidió el acercamiento a menos de un metro.

Después de varias idas y vueltas, como informó El País en los últimos meses, finalmente este 30 de julio, UTE, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) firmaron un convenio para financiar el arreglo, que asciende a $ 2.415.567, unos US$ 58.000, a valores de este viernes, incluyendo imprevistos y Leyes Sociales. Inddhh aportó $ 485.000 para el arreglo, mientras que el monto restante será aportado por UTE y MDN.

El contrato quedó sujeto a la intervención del Tribunal de Cuentas (TCR). Es decir, que entra en vigor desde que el organismo colegiado se expida, lo que ocurrió este miércoles. El TCR acordó “no formular observaciones” al convenio suscrito entre las tres partes, según la resolución a la que accedió El País. Esta “luz verde”, no excluye que los gastos correspondientes sean “sometidos a la intervención preventiva del contador auditor y/o delegado, o del Tribunal Central según corresponda por razón del monto”, puntualizó el escrito.

Las obras, que el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, dijo que iniciarían en junio supondrán “modificar una parte de la traza” del cable, haciendo un nuevo trazado de 600 metros en una “zanja normalizada de UTE”. Esto permitirá retomar los trabajos en un punto de interés para los investigadores tras obtener años atrás un testimonio apunta a que al menos una persona vio a un detenido siendo conducido a esa área, según afirmó el director del Inddhh, Wilder Tayler, el 24 de julio, en rueda de prensa.

Esta noticia, en tanto, ocurre a pocos meses de la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo y en medio de un nuevo hallazgo en el mismo predio militar, Batallón 14 (Toledo), de restos de un hombre de entre 43 y 57 años, de entre 1.75 m y 1.85 m.

Se informó esta semana que el martes 20 de agosto se procederá a tomar la muestra genética, que se trasladará de inmediato, en cadena de custioda, al laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en Córdoba.