Por segunda vez en la historia del Estado, el gobierno tiene arriba de la mesa un informe que mide el grado de prevalencia de la inseguridad alimentaria, cuyos resultados no cambian significativamente respecto del anterior -el que fue difundido en octubre de 2022-, en un año en que los sectores más vulnerables de la población sufrieron las consecuencias de la sequía que hasta hace unos meses afectó el suministro del agua potable en la zona metropolitana.

De hecho, en la introducción del estudio -realizado en conjunto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y Salud Pública (MSP)- se establece que al momento de llevar adelante el trabajo de campo -en la segunda quincena de junio- el país atravesaba “la etapa más crítica de la crisis hídrica”, problema que pese a las medidas que entonces tomaron las autoridades “podrían haber aumentado las dificultades de acceso económico a los alimentos de algunos sectores de la población no incluidos dentro de las estrategias focalizadas implementadas por el Estado para favorecer el acceso a agua embotellada”.

A grandes rasgos, las conclusiones son las mismas que la de la primera edición. Así, el Segundo Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares definió que el problema de fondo se mantiene como “prevalente en el país”, y que las principales dificultades se concentran en los hogares con menores a cargo -más aún cuando hay niños de cero a seis años- y geográficamente tanto en el sur del país -Montevideo y Canelones- como en los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres.

En el primer caso -hogares con menores de seis años- la inseguridad alimentaria grave (o severa) afecta al 3,3%, casi lo mismo -también dentro del margen de error- que en 2022, cuando el problema llegaba al 3,8%.

Asimismo, y como es lógico, la inseguridad alimentaria está más presente en los hogares “cuyos ingresos se encuentran en el primer quintil de ingresos”. Allí, “la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó el 37,1% y la inseguridad alimentaria grave el 8%. Estos porcentajes -agrega- disminuyen de forma marcada al aumentar los ingresos de los hogares. En aquellos del quintil 5 de ingresos, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave se estimó en 2,0% y la inseguridad alimentaria grave en 0,2%.

En el Ministerio de Desarrollo Social tomaron los resultados teniendo en cuenta que la cartera retiró desde el año pasado el apoyo a la Coordinadora de ollas populares -es decir, bajo el entendido de que la demanda de alimentos disminuye-, y con la satisfacción de que la inseguridad alimentaria presentó una “leve baja”, aunque esta se encuentra dentro del margen de error y el propio informe aclara que los cambios con respecto a 2022 “no son estadísticamente significativos”, como puede apreciarse en la tabla.

Así, mientras en 2022 los hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave llegaban al 15% el año pasado, en esta edición fueron el 14,6%. Una variación similar se dio al comparar las personas en hogares de esta condición, que en 2022 fueron el 16,5% y este año, 16,3%.

La cifra de los hogares con inseguridad alimentaria grave, en tanto, se mantuvo prácticamente igual: eran el 2,6% en 2022 y este año se redujo un 0,1%. Lo mismo respecto a las personas con inseguridad alimentaria grave: 2,9% en 2022, 2,8% en 2023.

Como sea, y más allá de estos números, en la cartera que lidera Martín Lema también subrayan la importancia de contar a partir de ahora con “evidencia” para luego aplicar en forma más efectivas las políticas sociales, y no basarse en la medición que hasta este 2022 hacía la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que a diferencia de la muestra utilizada por el Instituto Nacional de Estadística -que es de unos 7.500 casos- trabajaba a partir de la encuesta a 1.000 personas.

“Este informe ofrece datos discriminados por región, con lo cual la estrategia de trabajo puede ser mucho más quirúrgica”, señalaron fuentes del Mides a El País.

La inseguridad alimentaria, define el informe, se configura cuando “una persona carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable”, problema que puede deberse “a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos”.

“En un país con suficiencia de alimentos como Uruguay -se describe-, la inseguridad alimentaria se asocia con dificultades de acceso económico a los alimentos”.

Si este problema -entendido como multicausal y asociado a problemas de salud como ser malnutrición y enfermedades no transmisibles, sobre todo cuando afecta a niños y adolescentes- se da en un nivel moderado, la persona que lo sufre tiene comprometida la ingesta calórica diaria necesaria en un ser humano. Cuando es grave, “las personas se saltean comidas o pasan todo un día sin comer”.

¿Cómo se mide? Tomando en cuenta un conjunto de herramientas, advierte el estudio, “incluyendo medidas de disponibilidad de alimentos, indicadores económicos, mediciones del estado nutricional y de salud, entre otros. Ninguna herramienta por sí sola puede medir la seguridad alimentaria y nutricional en su totalidad”, señala sobre el trabajo, que de hecho, teniendo en cuenta justamente la complejidad de este problema, recomienda que a partir de este punto se implemente un “monitoreo anual”.

Incluso más: “Para el monitoreo de la evolución de la prevalencia de la inseguridad alimentaria en la población -se sugiere- es clave realizar un seguimiento de una serie de al menos tres años consecutivos. Esto permite disponer de cifras sólidas para dimensionar la magnitud y evolución del problema, identificar grupos de mayor vulnerabilidad, así como áreas geográficas a priorizar en las políticas públicas”.

Este informe se elaboró en base a una serie de preguntas que respondieron los participantes -una muestra que incluyó a 7.585 hogares- que fueron incorporadas en la Encuesta Continua de Hogares (ECH), armándose así “un módulo de seguridad alimentaria que incluyó la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés)”. En cada una de las ochos preguntas, el enunciado comenzaba aclarando que debía responderse en función de “los últimos 12 meses”, y todas apuntaron a conocer la calidad y la cantidad de los alimentos consumidos en el hogar en ese lapso.

La primera de las preguntas buscaba saber si en el hogar hubo preocupación “por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos”.

Luego se preguntó si, por la misma razón, en su hogar no se pudo consumir “alimentos saludables y nutritivos”.

La tercera indagó sobre si las limitaciones económicas se reflejaron también en limitaciones en la “variedad” de las comidas.

La cuarta pregunta ya apuntó directamente a conocer si la falta de dinero generó que algún integrante de la familia tuviera que “dejar de desayunar, almorzar o cenar”.

Con la siguiente se apuntó a si el consultado o un integrante de su grupo familiar tuvo que comer “menos de lo que pensaba que debía comer por falta de dinero u otros recursos”.

Con la sexta pregunta se procuró averiguar si en los hogares directamente se quedaron “sin alimentos” en el último año.

La penúltima indagó si en el hogar en cuestión hubo alguien que “sintió hambre”, pero no pudo comer por la limitación económica.

La última, diseñada especialmente para conocer casos de severidad, preguntó si alguna vez hubo alguien que “dejó de comer todo un día” debido a la falta de recursos.