Redacción El País
La Intendencia de Canelones denunció por difamación y amenazas al sector militar autodenominado “Grupo Patria o Muerte - Bando militar N.º 21 Cuartel en Purificación”, que en un comunicado le adjudicó delitos a las autoridades de la comuna canaria.

El pasado viernes 2 de agosto, Caras y Caretas publicó en su página web una nota en la que se incluye un comunicado de este grupo, donde según la intendencia "se difama y se adjudican graves delitos a autoridades de la Intendencia de Canelones, al mismo tiempo que se les infieren diversas amenazas". Esto se da en el marco del reciente hallazgo de restos humanos en el Batallón de Paracaidistas N° 14 de Toledo, Canelones y las declaraciones del intendente Marcelo Metediera con respecto a la propiedad del lugar.

La semana pasada, tras los hallazgos de restos en el predio, Metediera sugirió que el Batallón 14 debería "pasar a otro tipo de situación cautelar para que se pueda trabajar con tranquilidad".

"No sé si tendría que pertenecer a las Fuerzas Armadas o debería pasar a la Inddhh para que tenga total libertad para trabajar", agregó.

Luego aclaró en sus redes sociales "para evitar malos entendidos" que sus expresiones fueron "absolutamente personales" y "no representan una propuesta ni del PCU (Partido Comunista, sector que integra), ni del FA (Frente Amplio), y mucho menos de la Intendencia de Canelones".

"No entregaremos ni un centímetro del Batallón de Paracaidistas N° 14", señaló el grupo militar en una carta.

El intendente canario presentó la denuncia con el fin de que "la justicia tome conocimiento de la situación e inicie los procedimientos judiciales correspondientes que salvaguarden la integridad de la intendencia y sus representantes".

Foto: Ignacio Sánchez/El País

En un comunicado, la comuna canaria aclaró que "no admitirá ninguna acción que implique un riesgo para la democracia y el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, capital fundamental con el que cuenta hoy no solo la población del departamento de Canelones, sino de todo el Uruguay".

Además, la intendencia reafirmó "su compromiso" y asumió "con responsabilidad la obligación de tomar las acciones correspondientes para que, dentro de sus competencias, el Estado uruguayo avance en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, manteniendo su acuerdo de trabajo con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Indhh) y colaborando en cada una de las solicitudes que le sean requeridas en este marco".

Foto: Ignacio Sánche/El País