El 2 de setiembre de 2022 el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 8° Turno condenó a Ramiro Álvarez Arispe a dos años y seis meses de penintenciaría efectiva por un delito continuado de hurto de energía eléctrica, un delito continuado de negociación de sustancia estupefaciente prohibida y un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones. Álvarez Arispe, funcionario municipal de Canelones que revistaba en la Dirección de Tránsito y Transporte cuando esta era conducida por el actual intendente canario, Marcelo Metediera, fue destituido recién el 8 de marzo de este año y continúa preso.

El estatuto de los funcionarios públicos determina que sus vínculos con el Estado cesan en caso de ineptitud, omisión y delito. Sin embargo, el funcionario continuó siendo empleado de la comuna pese a haber recibido una sentencia firme. Y a esto se suma, según supo El País, que la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) informó el mes pasado a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que en ningún momento la intendencia le informó, como establece la norma, de la situación de Álvarez Arispe y de los sumarios de que había sido objeto.

La ley establece que todos los organismos del Estado (Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales) deben que comunicar al Registro de Vínculos con el Estado, de la ONSC, el inicio de los procesos sumariales, sus causales y eventuales ampliaciones, a través de los funcionarios designados instructores sumariantes. Las comunicaciones al registro tienen que efectuarse dentro de los 10 días hábiles de producida la circunstancia. El incumplimiento de esta obligación es una falta administrativa.

El primero de los sumarios para Álvarez Arispe fue dispuesto el 10 de marzo de 2009 cuando Yamandú Orsi era intendente interino porque del 1° de febrero de 2008 al 30 de octubre de ese año había registrado trece faltas con aviso y tres sin aviso.

El 8 de noviembre de 2010, una vez concluido el sumario administrativo, se dispuso una sanción consistente en tres meses de suspensión sin goce de sueldo para Álvarez Arispe. En la resolución se consideraron como atenuantes que había un buen concepto funcional del funcionario quien recurrió esta decisión sin éxito.

El 11 de mayo de ese año se había dispuesto instruir otro sumario con separación del cargo y retención total de haberes al funcionario porque había sido procesado con prisión el 9 de octubre de 2009 por suministro oneroso de estupefacientes. Fue excarcelado el 4 de mayo de 2010.

El 13 de junio de 2011 concluyó el sumario y se le impuso a Álvarez Arispe una sanción consistente en 60 días de suspensión sin goce de sueldo. En los considerandos de la decisión se señalaba que se estaba “ante un claro caso de adicción a las drogas por lo que su conducta no amerita la calificación de gravísima”.

Como atenuantes se mencionaban el buen concepto que tenían del funcionario sus superiores. En 2014 se lo observó con anotación en su legajo por no completar su horario de trabajo y en 2017 se le suspendió su licencia. En 2022 fue condenado por los tres delitos mencionados.

De ninguna de estas actuaciones informó la intendencia a la Oficina Nacional del Servicio Civil, como hubiese correspondido.

La Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) pidió a la intendencia de Canelones copia de los contratos firmados con Álvarez Arispe, copia de los expedientes en los que, el informe del área encargada de sueldos en el que se indica en qué períodos no se le pagó como consecuencia de las retenciones dispuestas en los sumarios y copia de la normativa aplicable a los funcionarios contratados.

Sin embargo, la intendencia de Canelones recurrió el pedido y su objeción será tratada la próxima semana por la Jutep.

El diputado blanco por Canelones Alfonso Lereté, quien denunció originalmente la situación del funcionario despedido, dijo a El País que “está claro que la intendencia no quiere responder ya que dejaría al descubierto el accionar del exintendente (Orsi) y eso lo perjuidicaría”.