La Intendencia de Montevideo (IMM) reiteró el pasado viernes un gasto observado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Se trata de los $ 158.050.939 que la comuna pagará a la empresa Teyma, de forma directa y excepcional, para cubrir el servicio de limpieza, barrido y recolección de residuos en el Municipio B entre diciembre del año pasado y marzo.

La administración de Carolina Cosse había resuelto en setiembre no renovar el contrato con esta compañía, que desde 2003 gestionaba el Consorcio Ambiental del Plata (CAP). Las tareas de limpieza empezarían a estar a cargo de la comuna, en el marco de la estrategia “Montevideo más verde”, que incluye técnicas que no eran aplicadas por CAP.

Entonces se abrió una “transición ordenada” que finalizaría en noviembre con la conformación de un fideicomiso de administración para pagarle a los cerca de 300 empleados dependientes de Teyma. Sin embargo, esta etapa todavía no ha terminado, pese al vencimiento de los plazos previstos por la IMM.

El País consultó a la comuna por la reiteración del gasto observado por el Tribunal de Cuentas, que figura en la resolución 918 de 2023. Las fuentes se limitaron a señalar que este marco normativo no es algo “nuevo”, sino que reafirma el contrato por tres meses adicionales que se había resuelto el 16 diciembre.

En efecto, ese día la IMM adjudicó a Teyma la compra de forma directa y excepcional. No obstante, la resolución solo hacía referencia a la necesidad de prorrogar el contrato que había caído: no incluía el pronunciamiento del TCR.

Este organismo de contralor recién presentó objeciones el 25 de enero, en virtud de los artículos 33 y 157 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf).

El primer apartado señala que las contrataciones deberán realizarse mediante una licitación pública y plantea 37 excepciones a esta regla general, pero ninguna se aplica en el caso de la limpieza en el Municipio B, según el TCR.

El artículo 157, en tanto, sostiene que “cuando se invoquen razones de urgencia o imprevistos de carácter excepcional deberán fundarse adecuadamente, y en el primer caso informar sobre la imposibilidad de la previsión en tiempo”.

Desde la comuna indicaron ayer que la reiteración del gasto es un procedimiento administrativo que no incidirá en el anuncio de prorrogar el contrato. Es decir, se seguirá adelante con el proceso.

Por su parte, Cosse esbozó en ambas resoluciones por qué no se abrió una licitación pública. Según informó El Observador, hasta el 31 de diciembre había suficientes fondos para garantizar la operativa con la concesión.

El documento del viernes pasado explica que, “en el proceso inicial de transición a la gestión propia”, la división Limpieza detectó la necesidad de ampliar el plazo, “dada la complejidad y relevancia” del proceso.

Ante la inminente finalización del contrato, “resultó imposible” realizar una licitación que permitiera garantizar los servicios de recolección y limpieza de la zona, pudiendo “ocasionar graves problemas sanitarios”, aseguró la administración.

La semana pasada el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Guillermo Moncecchi, se reunió con delegados de la Federación de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys) y de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo. El objetivo del encuentro fue hacer una puesta a punto de cómo marcha la transición. Gustavo Fernández, representante de Fuecys en este ámbito, contó a El País que la comuna reiteró su compromiso de absorber a todo el personal de CAP y a mantener su antigüedad. Aún está pendiente la conformación de la comisión de seguimiento del fideicomiso, agregó. Por su parte, el gremio municipal ve con buenos ojos el paso dado por Cosse, pero está expectante del avance de las negociaciones y pide que se fijen plazos (ver aparte).

La zona comprendida dentro del acuerdo está delimitada por las calles La Paz, Miguelete, Bulevar Artigas y la rambla. La IMM pagaba cerca de US$ 14 millones anuales por la gestión.