INICIATIVA QUE GENERA POLÉMICA

La industria forestal tiene un nuevo frente abierto, que preocupa a algunos productores. A la intención explícita de Cabildo Abierto de modificar la ley forestal y sumar un impuesto para esa actividad, se suma la decisión de la Intendencia Municipal de Paysandú de colocar “un precio” por la circulación en caminos rurales del departamento.

Lo que despierta la atención de algunos empresarios forestales consultados por El País es que, en ambos casos, las decisiones vienen de dirigentes que integran el oficialismo. En el primer caso parten de Cabildo Abierto, uno de los cinco partidos políticos que integra la coalición del gobierno que lidera Luis Lacalle Pou. Por el lado municipal, en tanto, se trata de una intendencia del mismo partido político del jefe de Estado: el Partido Nacional.

En los dos temas, la Presidencia de la República sigue su avance, y según comentaron a El País fuentes del gobierno, la posición del presidente Lacalle de “no cambiar las reglas de juego” para la industria forestal se mantiene.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, explicó ayer a El País que la nueva implementación -que será por decreto municipal- es para todo el tránsito de camiones que hagan uso intensivo de la caminería rural. En ese marco es que la Asociación de Productores Forestales del Uruguay se acercó a conversar con el gobierno sanducero.

“Están muy dispuestos a encontrar una fórmula de entendimiento, porque no estamos hablando de un impuesto. El impuesto es aquella imposición coactiva del Estado en la que el Estado no da nada a cambio. No, eso no sería así. Acá estamos hablando del pago de un precio por el uso de la caminera rural para destinar a mantenimiento. El clima es muy bueno”, comentó Olivera.

El jerarca agregó que la semana que viene conversará con los productores agrícolas y los lecheros, a quienes también les correspondería el pago de ese uso de caminería. El intendente de Paysandú redactó su presupuesto con esta nueva disposición, que estimó que como mínimo recaudará $ 98 millones por año. Olivera aseguró que la cifra será destinada exclusivamente para la refacción de la caminaría, siguiendo la vieja consigna: “el que rompe, paga”.

“La intendencia arregla los caminos, pero no lo puedo hacer tres o cuatro veces. Después, determinado tipo de sector pasa y lo deja en condiciones calamitosas. Esto lo que busca es un poco de equidad, plasmando aquello de que el que rompe, paga”, remarcó.

El cálculo del cobro tendrá tres variantes. Uno por toneladas transportadas, otro por frecuencias de sectores u empresas, y el tercer indicador será por distancias de kilómetros recorridos.

Olivera explicó que hasta el momento se depende de “la buena voluntad” de los emprendimientos empresariales para lograr recursos extra que posibiliten la recuperación de caminos rurales.

“Lo que se busca es sacar ese componente aleatorio de que no sabés si vas a tener plata o no, para poder tener algo definido y ordenado de pagos por uso intensivo de la caminería”, comentó el jerarca blanco.

La intendencia de Cerro Largo intentó tiempo atrás una idea similar, pero le fue declarada inconstitucional en dos ocasiones. “Ellos primero fijaron una tasa por el uso de la caminería, y fue declarada inconstitucional. Después fijaron un precio basado en los mismos argumentos que la tasa que se declaró inconstitucional porque se lo consideraba un impuesto encubierto. Nosotros lo estamos rediseñando de otra forma, y allí está trabajando el grado cinco tributarista Andrés Blanco, que entendemos nos va a dejar más blindados”, detalló el intendente de Paysandú.

El País intentó consultar al sector empresarial, desde el cual se respondió que están analizando el tema en la interna de la gremial.

Manini Ríos propone una revisión del sistema tributario en general

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, anunció ayer en conferencia de prensa que su partido busca que el Poder Ejecutivo realice una revisión de todo el sistema tributario para implementar cambios. El País informó ayer que los diputados de su partido plantearon al equipo económico la creación de un impuesto a los forestales, en el marco del proyecto de rendición de cuentas que la semana que viene entrará al Parlamento.

Ayer el senador de la coalición que lidera Luis Lacalle Pou agregó que su planteo es más abarcativo y busca cambios de fondo. Agregó que a comienzos de año lo conversó con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a quien le dejó el documento con propuestas.

“Estas medidas van desde la exoneración de aportes, subsidios, quitas de intereses y moras, (hasta la) reactivación del sector pesquero y la no suba de gasoil”, detalló Manini. “Nosotros proponíamos ahí una revisión del gasto tributario y también estamos proponiendo una revisión del sistema tributario en general. Entendemos que el IRPF es un sistema que grava principalmente al trabajo, grava los ingresos, no grava la renta como lo dice su nombre. El que más trabaja es el que paga más”, consideró. Manini aseguró que su partido no tiene “nada en contra” de los forestales.

“Decimos que todos los rubros del sector agropecuario deben tener el mismo tratamiento. Hay sectores que tienen exoneraciones y servicios que otros no tienen, y eso distorsiona la actividad agropecuaria. Hay campos hoy que son sumamente caros para acceder a ellos, para desempeñar algún tipo de actividad diferente a la forestal, debido a que ese sector puede pagar arrendamientos o precios de compra mucho mayores que otros”.