INICIATIVA CON APOYOS Y RESISTENCIAS

En poco más de dos meses, las intendencias pasarán a tener una nueva competencia: casar y realizar reconocimientos de uniones concubinarias, inscripciones de nacimientos y de defunciones. Las tareas insumirán funcionarios y locales, lo que no convence a algunos jefes comunales que están pidiendo aplazar la puesta en marcha del artículo 534 aprobado en la ley de Presupuesto.

Allí se encomienda el pasaje gradual de funciones del Registro de Estado Civil, actualmente a cargo de los jueces de Paz, al Ministerio de Educación y Cultura con plazo máximo del 31 de diciembre de 2021. También faculta al Registro a suscribir convenios con otros organismos, y en ese marco el Poder Ejecutivo planteó que la tarea sea competencia directa de los intendentes y alcaldes.

“Teóricamente hasta el intendente puede casar. Yo no pienso casar a nadie, pero el intendente puede hacerlo a partir de esta normativa. La idea es que lo hagan los funcionarios”, dijo a El País el jefe comunal de Salto, Andrés Lima.

Hoy lo que se hace por parte de las intendencias es entregar testimonios de partidas de nacimiento y defunción, lo cual, opinó, es “sencillo”. El tema es que eso se ampliaría a las legitimaciones de hijos y divorcios.

Según Lima, el volumen de trabajo “es muy grande” y en la Intendencia de Salto no creen estar preparados en 60 días para asumir esa función. Allí se necesita un local (para celebrar los casamientos) y se requiere un mínimo de 10 funcionarios para la tarea.

“Esa ceremonia que uno ve, donde va la pareja que va a contraer matrimonio, pasa a hacerse en dependencias de la intendencia. Hoy, en el caso de Salto, la oficina del Registro Civil es una oficina chica porque solo se expiden partidas. Ahora hay que salir a buscar un lugar más amplio”, comentó Lima.

El próximo jueves, en el Congreso de Intendentes que se realizará en Durazno, Lima planteará una prórroga de seis meses en la vigencia de este artículo del Presupuesto para que las intendencias tengan tiempo de prepararse. “No es que le estemos diciendo que no a lo de la ley de Presupuesto, sino que se nos otorgue un poco más de tiempo porque si lo tenemos que hacer de un día para el otro no sé qué puede pasar”, admitió. Según dijo, su temor pasa por “no estar a la altura” para hacer cumplir las tareas que la ley asignó a los gobiernos departamentales.

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, explicó a El País que el Ministerio de Educación “apeló a los gobiernos departamentales” y a las autoridades electas como los alcaldes para que se desempeñen como oficiales del Estado Civil. En Paysandú hay una propuesta de convenio para hacerse cargo de las nuevas competencias y que se reciban a cambio capacitaciones y recursos informáticos. “En nuestro caso estamos analizando la cantidad de recursos humanos y materiales que necesitamos para cumplir esta función, que no es propia de las intendencias”, consideró.

Olivera afirmó que el espíritu es “cooperar” con el gobierno, pero tampoco se quieren “asumir cuestiones para complejizar la función”. “Bastantes actividades tenemos como para asumir alguna otra más; tenemos vocación de colaborar, pero en la medida de que nos den las herramientas y recursos para hacerlo. “Hoy, si me preguntás a mí, no me seduce demasiado. Pero vamos a colaborar, veremos la forma”, señaló el intendente de Paysandú.

Consulado por El País, el presidente del Congreso de Intendentes Carmelo Vidalín reconoció que hay diferentes visiones sobre el artículo del Presupuesto que habilita a las intendencias a celebrar los casamientos. “Es un tema a tratar en la próxima reunión y hay posiciones dispares”, acotó.

Por ejemplo, el intendente de Treinta y Tres es un defensor de la medida. Mario Silvera dijo a El País que si bien estas funciones no han sido implementadas hasta ahora, “los gobiernos departamentales también tienen a su cargo otras tareas que no son competencia específica”, y mencionó a las 35 policlínicas municipales. “En este caso entendemos que el Poder Ejecutivo tomó esa iniciativa y nosotros la vamos a apoyar y respaldar”, concluyó.

En Treinta y Tres todavía no designaron a los funcionarios que se dedicarán a realizar los casamientos, pero se está coordinando el local donde se celebrarán.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo que ya está en marcha la instrumentación de la medida. Allí se está por adquirir un inmueble para poder realizar los casamientos. En tanto, se cesaron pases en comisión en el Poder Judicial y se los trasladará para que cumplan la función. “Casaré a algún amigo en especial algún día”, acotó Umpiérrez.

La decisión de ir eliminando los Juzgados de Paz (donde se celebran los casamientos) para reducir costos y optimizar recursos no es del Ministerio de Educación, sino de la Suprema Corte de Justicia. El MEC está trabajando en un software y herramientas informáticas que permitirán que los datos lleguen en tiempo real al Registro, y no como en la actualidad, que lo hacen recién a fin de año. El cambio se informó en el Parlamento durante esta Rendición de Cuentas.