Por Rosina De Armas
En materia de políticas públicas, la noticia de la semana fue el plan del Ministerio del Interior para bajar la criminalidad. A grandes rasgos la propuesta, financiada con un préstamo de US$ 2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consiste en captar a exreclusos que en contextos críticos intentarían disuadir a los delincuentes, con una llegada diferente a las que podrían tener otros funcionarios públicos.

La idea fue comentada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una entrevista con el programa Desayunos Informales de Canal 12, luego de que se confirmara un aumento de 25% de los homicidios en 2022. Como informó El País, la cartera trabaja junto al Ministerio de Desarrollo Social para poner en marcha el plan, que en Estados Unidos y países de Centroamérica ha dado buenos resultados.

Sin embargo, la iniciativa del gobierno no se agota allí. Ayer venció el plazo para que los técnicos de los partidos presentaran sus aportes sobre seguridad pública en el marco de una mesa de diálogo convocada por la cartera, que hasta ahora se reunió dos veces.

El coordinador de este espacio, Diego Sanjurjo, aseguró a El País que hay “muchas coincidencias” entre las propuestas realizadas por las distintas fuerzas políticas y la visión del Ministerio del Interior. “Todos los partidos hicieron un gran trabajo”, destacó el politólogo, que ya había adelantado a este medio que incluso había coincidencias con los planteos del Frente Amplio, entregados el 26 de diciembre.

Si bien Sanjurjo dijo que es “muy pronto” para definir qué iniciativas serán aceptadas y si se destinará presupuesto, otros dirigentes del oficialismo se mostraron confiados en que el Poder Ejecutivo pondrá recursos, en caso de ser necesario.

Este es el caso del abogado Andrés Ojeda, delegado del Partido Colorado, que recordó que en la primera reunión, Heber -que se detuvo a saludar a los asistentes- resaltó que para él era “muy importante” llegar a un acuerdo.

“Si se necesitan recursos, va a pedir recursos. Vi la voluntad del ministro y el respaldo explícito al plan que lleva Sanjurjo adelante. La batalla presupuestal va a estar”, afirmó Ojeda.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ingresará al Parlamento inmediatamente después de que termine el trabajo de la mesa de diálogo, sería el instrumento adecuado para garantizar el presupuesto.

De todos modos, algunos dirigentes se mostraron más cautos. En su contrapropuesta, el Partido Independiente subrayó la necesidad de dotar de recursos a un plan de estas características, según supo El País.

El trabajo con los jóvenes, la prevención de la violencia de género y doméstica, el combate a los homicidios, la rehabilitación en cárceles y el tratamiento de las adicciones fueron algunos puntos compartidos por los distintos representantes.

Cabildo Abierto hizo hincapié en reforzar las comisarías, el sistema penitenciario y generar programas de rehabilitación, según supo El País. Estos tres ejes fueron pilares de la propuesta electoral de los cabildantes en 2019.

Por su parte, el Partido Colorado también pasó raya sobre las iniciativas que propuso en la pasada campaña presidencial. Ojeda explicó que repasaron el programa de gobierno, en cuya elaboración participó Sanjurjo, y seleccionaron poco más de una decena de ítems. Entre ellos, destaca la instalación de centros de atención integral en zonas de mayor vulnerabilidad, que concentren los principales servicios estatales.

De acuerdo a la hoja de ruta de los colorados, deberán tener una unidad administrativa para dar inicio y seguimiento a trámites públicos, un equipo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, funcionarios de los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, y “puntos de escucha” atendidos por expertos en vulnerabilidad y adicciones.

El Partido Independiente enfatizó la necesidad de reforzar la presencia policial en las comunidades, tras el “desmantelamiento” de las comisarías, entre otras iniciativas.

El Frente Amplio mantiene los reparos desde la última reunión de coordinación. El sociólogo Gustavo Leal, representante de la oposición, denunció entonces la “puesta en escena” del gobierno y la falta de voluntad para acordar políticas públicas. Desde su óptica, el Ministerio del Interior buscaba solo una “foto” para mostrar el respaldo de los partidos a su actuación.

El anuncio de Heber sobre el plan financiado por el BID sumó un nuevo elemento a esta visión. Porque en algunas declaraciones públicas de dirigentes del oficialismo, se solaparon las reuniones entre los partidos y el plan de combate a los homicidios, como si fueran lo mismo. Entonces, según fuentes frenteamplistas, no habría margen para negociar o incorporar los aportes de los partidos, teniendo en cuenta cuán avanzadas están las conversaciones con el organismo internacional.

Sanjurjo precisó que si bien el acuerdo con el BID será una de las propuestas centrales del gobierno a los partidos, no será la única: es uno de los carriles de la estrategia que pretende delinear. También habrá espacio para otras ideas, aseguró, y agregó que hay un “margen de maniobra enorme” con la institución financiera, ya que no están cerrados los detalles del acuerdo.

El Frente Amplio está a la espera de una nueva convocatoria, después de haber entregado un documento con 15 propuestas en tres grandes áreas. Algunos dirigentes dudan de que el gobierno realmente vaya a tener en cuenta los aportes al final del proceso. El cronograma oficial indica que en mayo, después de haber escuchado a organizaciones sociales, se presentará la estrategia.