Redacción El País
Luego de que desde la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) informaran que luego de 10 años el Ministerio del Interior les notificó que a fin de mes deben abandonar el local que utilizan bajo comodato, y donde funciona el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que defendió —entre otros— a víctimas del exsenador Gustavo Panadés, Nicolás Martinelli, director general de la cartera, sostuvo a El País que esto no será así y que en realidad se busca ir hacia una renovación.

Martinelli sostuvo que hoy por hoy existen dos convenios. Uno de ellos implica una alianza entre Interior, Asfavide y la Udelar para la atención de víctimas. Para este Asfavide pone la sede, Udelar los profesionales e Interior les aporta fondos. Este convenio es de 2017, y según dijo el jerarca lo que se pretende hacer ahora es “ver cómo viene funcionando y trabajar en la posibilidad de ampliarlo o de armar uno nuevo”.

Foto: Estefanía Leal

También existe, según Martinelli, un segundo convenio por el cual el Banco de Previsión Social (BPS) le brinda una sede a Asfavide. Este, que habría vencido en el año 2019, es el que ahora buscaría renovarse. El jerarca del interior sostuvo que se va rumbo a hacer esto, ya que Interior está en conversaciones con el BPS “para regularizar lo que es un contrato vencido”.

Martinelli reconoció que la notificación a Asfavide de la necesidad de regularizar estos dos convenios se hizo el día de la formalización de Penadés, aunque también sostuvo que esto fue efectivizado por funcionarios de carrera sin que se les diera ninguna orden y sin que tuvieran en cuenta la agenda política del momento.

"Lamentable coincidieron los dos temas. En ningún se buscó rescindir el contrato. El espíritu siempre fue amplicar convenio para que llegue a más víctimas y lugares. Creo que hubo una confusión entre los dos convenios. Son decisiones administrativas que se dan todos los días. El ministerio funciona independiente de las jerarquías y los mandos. Hay temas burocráticos que funcionan más allá de las jerarquías", enfatizó más tarde Martinelli en conferencia de prensa.

La Asociación de Familiares y a víctimas de la Delincuencia (Asfavide) informó que este miércoles el Ministerio del Interior le notificó que a fin de mes debe abandonar el local que utiliza bajo comodato y donde se encuentra ubicado el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (Udelar). "Quedarán sin atención gratuita más de 100 víctimas", apuntaron desde la asociación.

El llamado se dio el mismo día en que el exsenador Gustavo Penadés fue imputado por 22 delitos sexuales luego de que al menos 11 personas lo denunciaran. Varias de las víctimas del caso son atendidas en dicho consultorio, entre ellas Romina Celeste Papasso.

Según detalló en diálogo con Primera Mañana (El Espectador) el abogado Juan Raúl Williman, parte del consultorio, el comodato estaba vigente desde hacía 10 años. "Temprano me comuniqué con el director del consultorio, Hugo Barone, y con el decano de la Facultad de Derecho y se asegura el servicio donde sea. El convenio con Asfavide va a estar y si no hay convenio la Facultad de Derecho va a cumplir con lo que está escrito que es que nosotros somos los docentes encargados de prestar la asistencia jurídica gratuita a víctimas especialmente vulnerables. Donde Asfavide tenga lugar y si no lo consigue la Facultad de Derecho los va a recibir, porque eso es lo que corresponde".

"El impacto de que Asfavide pierda el lugar donde hace 10 años está, donde están los consultorios... Es un lugar bastante especial. Es emblemático porque personas privadas de libertad lo acomodaron para las víctimas", agregó.

El exfiscal de Corte, Jorge Díaz, lamentó la decisión a través de su cuenta de X. "Me dicen que ayer, precisamente ayer, el Ministerio del Interior le habría comunicado a ASFAVIDE la rescisión del comodato. Quiero creer que no es cierto. Si lo es, será muy difícil no interpretar que se trata de una represalia por la actuación del consultorio. ¿De qué lado de la mecha está el poder? ¿Del lado de las víctimas o de los victimarios?", publicó.

También se expresó al respecto la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. "Si esto se confirma es otro hecho lamentable. Un nuevo ataque a las garantías que tiene la ciudadanía, sobre todo las víctimas, para defender sus derechos. Desde la Intendencia de Montevideo pondremos a disposición de la Udelar todos nuestros locales".