Redacción El País
El Ministerio del Interior procura que cuatro civiles paguen un total de $ 1.083.256 por el costo de la atención que recibieron durante el pasado período de gobierno, sin tener derecho a ello, en el Hospital Policial.

Entre ellos está la diputada frenteamplista Susana Pereyra, viuda de Eduardo Bonomi, que recibió atención cuando su esposo estaba al frente de esa secretaría. El uso de las instalaciones por parte de Pereyra implicó un gasto de $ 242.672.

También forma parte de la lista Fernando Gil, exdirector de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior. En su caso, el gasto que se busca recuperar es de $ 248.072.

Además de Pereyra y Gil, en la lista está la secretaria personal del entonces ministro Bonomi, Lidia Alonso, a la que el ministerio le reclama ahora que devuelva $ 85.617 por la atención que recibió, también en forma irregular, en el Hospital Policial.

Finalmente, Interior pretende recuperar un total de $ 506.895 gastados por la atención de Andrea Epifanio, que usó las instalaciones del hospital en el pasado período de gobierno mientras fue pareja de Charles Carrera.

El informe aclara que, en todos los casos, todas estas personas utilizaron —sin que les correspondiera— un grado policial para ser atendidas en ese centro de salud, debido a que no eran funcionarios policiales.

El detalle, al que accedió El País, está incluido en un informe que la Dirección Técnica del Hospital Policial elaboró a solicitud del ministerio. Esta fue enviada ya a la Comisión Investigadora que, en el Senado, indaga las denuncias sobre irregularidades en la Dirección General de Secretaría de esa cartera entre 2010 y 2017.

Ese cargo era ocupado entonces por el actual senador frenteamplista Charles Carrera, que aparece señalado por haber ordenado otorgar asistencia en forma irregular a otro civil, Víctor Hernández, que resultó parapléjico a ser herido a finales de 2012 en La Paloma por una bala perdida que, se afirma, salió de una casa donde se desarrollaba una fiesta con policías.

La comisión investigadora fue formada a instancias del senador nacionalista Jorge Gandini.

Los nuevos datos incluyen deudas por consultas en policlínicas, puertas de emergencia, internación, cirugía, exámenes de laboratorio clínicos y paraclínicos, estudios médicos y extra hospitalarios, entre otros procedimientos, además del retiro de medicamentos.