Al menos nueve personas que viven en la calle fueron trasladas a centros de salud en la primera semana de aplicación de la ley de internación compulsiva en Montevideo, Treinta y Tres y Durazno. La norma, que fue aprobada por el oficialismo y ha generado cuestionamientos, permitió atender a personas con problemas de consumo y otras enfermedades graves, según un relevamiento realizado por El País.

Se trata de individuos cuya edad oscila entre los 32 y 76 años. En varios casos, resultan conocidos para los transeúntes y vecinos de diferentes barrios de Montevideo y zonas del interior del país, y padecen múltiples enfermedades cada uno, de acuerdo a la información relevada.

Bajo el amparo legal que se activó el domingo pasado, al menos nueve personas fueron trasladas contra su voluntad luego de que las autoridades recibieran denuncias telefónicas y se realizaran recorridas por varios puntos del país.

Esto se desarrolló en el marco de los operativos que realizan los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública e Interior, junto a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), según la reglamentación de la Ley 20.279.

La redacción señala que la actuación de esos organismos apuesta a la “protección de bienes supremos, como son la salud y la vida de las personas, sin que implique privación correccional de su libertad”.

Entre las personas trasladadas, hay una de unos 60 años que tiene VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), padece esquizofrenia, un deterioro cognitivo y tiene un consumo de pasta base crónico.

Otro traslado fue el de una persona de 76 años que también contaba con deterioro cognitivo y consumo problemático de alcohol. Mientras que a otro individuo, de 55 años, se lo derivó por una patología psiquiátrica. Lo mismo que a otro de 54 años, que además padece un consumo de pasta base crónico.

También fue derivada en la primera semana de aplicación de la nueva normativa una persona de 42 años con una psicosis crónica, que al momento de su detección estaba sin tratamiento, acotaron las fuentes.

Otra de las personas trasladadas fue un hombre de 38 años que padece un trastorno psicótico y esquizofrenia. Mientras que otro individuo, de 53 años, también padece esquizofrenia y tiene un nivel cognitivo descendido.

A otra persona, de 32 años, se le detectó una patología psiquiátrica y un nivel cognitivo descendido. Y además fue derivado otro individuo, de 47 años, con bajo peso y consumo problemático de alcohol.

La directora de Protección Social del Mides, Fernanda Auersperg, dijo en rueda de prensa esta semana que se han detectado dos casos “complejos” al momento de llevar adelante el traslado.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Uno es el caso de una persona que contaba con un cuadro respiratorio tal que “no podía quedar a la intemperie”, según diagnosticaron los médicos. Y en el otro la intervención se hizo en momentos en que la persona sufría un coma por intoxicación por uso de drogas.

Ambos fueron trasladados “rápidamente” a hospitales, donde luego se determinó que se encontraban “fuera de peligro”, añadió la jerarca.

Estos son los casos que el gobierno comenzó a tratar en el marco de la Ley 20.279, una redacción que se presentó en febrero de 2022, durante la gestión del exministro de Desarrollo Social Martín Lema, y que tras idas y vueltas fue promulgada este 25 de mayo y comenzó a regir el 25 de agosto.

Días antes de su aplicación, el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino pidió no “revictimizar” a estas personas, cuestionando la nueva ley, a lo que Lema llamó a “dejar un poquito la hipocresía de lado”.

“El Frente Amplio, con ese tipo de cuestionamientos, sigue insistiendo con que vivir en la calle es un derecho, y eso no lo compartimos. Vivir en la calle es una situación dramática y es la ausencia de derecho”, enfatizó Lema en rueda de prensa en la pasada semana.

La nueva normativa, que modificó la Ley 18.787 que regía desde 2011 -en el gobierno de José Mujica-, habilitó a trasladar a cualquier persona que vive en la calle, sin que preste su consentimiento, si mediante una acreditación médica se determina que es adicto a las drogas, o que su capacidad de juicio está comprometida por alguna patología psiquiátrica, que implique un riesgo inminente para sí o terceros.

Cabe recordar que desde la ley anterior se habilitó el traslado involuntario solo para casos de riesgo de “grave enfermedad” o de “muerte”, como se aplicó en dos de los nueve casos señalados anteriormente.

Es decir, los organismos públicos no trasladan a todos los casos que se observan en la vía pública, sino a aquellas personas que cumplan con estas condiciones, lo que debe ser avalado por un médico.

La reciente reglamentación de la Ley 20.279 establece que el Mides recibirá las denuncias sobre aquellas personas que viven en la calle que están en “completa intemperie y necesitan algún tipo de asistencia”.

La misma cartera brindará una asistencia primaria a estas personas. Si se detecta un riesgo, se solicitará a ASSE el envío de personal médico para el diagnóstico.

Frente a la negativa de la persona a ser atendida por un equipo médico de ASSE, se podrá requerir a Interior su “auxilio y colaboración para asistir al personal médico para que brinde la atención y los cuidados que correspondan”.

Si un médico del prestador público detecta una de las situaciones extremas antes citadas, se lo trasladará al centro que determine. Una vez allí, deberá ser atendida por otro médico para que certifique la situación límite marcada previamente.

Tras este paso, y en caso de confirmarse la hospitalización por un psiquiatra, los procesos de abordaje a la persona trasladada “deberán cumplir” con la normativa prevista en la Ley. N° 19.529 de Salud Mental.

Al menos una de las nueve personas trasladadas permanece en el Hospital Vilardebó (ASSE), tras la derivación a las pocas horas de su traslado, confirmó El País con fuentes de ese centro de salud.

El último censo del Mides, presentado en agosto del año pasado, constató que la población en calle en la capital subió 24% en 2023 frente a 2021, llegando a 2.758 personas, al mismo tiempo que subió la cifra de cupos en refugios. Mientras que un 91% de los consultados dijo tener problemas de consumo de drogas, entre otros datos.

A su vez, un reciente informe de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU ) de la Universidad de la República, elaborado por Gonzalo Bustillo y Leticia Moreno, marcó que también en Montevideo hay 5.015 personas “sin hogar”, cuando en 2006 se contabilizaban 739 personas en esa condición. Es decir, hubo un crecimiento de casi 600%.

MINISTRO

Sciarra: “Se han salvado situaciones críticas”

El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, hizo un “balance positivo” de la primera semana de aplicación de la Ley 20.279, tras ser consultado por El País, en medio de cuestionamientos desde la oposición y sindicatos médicos.

“Se han salvado situaciones realmente críticas, que hoy están en el sistema de salud, a quienes se les va a encontrar un futuro mejor”, enfatizó Sciarra.

En esa línea, el sucesor de Lema en el Mides añadió que la aplicación de la nueva ley “confirma que esta es una herramienta más, en el marco de todas las que estamos desplegando, la cual echa por tierra las teorías de desborde del sistema de salud, como ya hemos escuchado en la pandemia”. Así el secretario de Estado aludió a los dichos del presidente del SMU, José Minarrieta esta semana.

Y también marcó que el aterrizaje de la Ley 20.279 “echa por tierra teorías de que se iba a estigmatizar o vulnerar derechos de personas, cuando es todo lo contrario”.

Si bien planteó que hay aspectos para “mejorar”, sostuvo que se trata de una herramienta que “no nos podíamos amputar”.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Tras la primera reunión de trabajo por la aplicación de la normativa, con el presidente Luis Lacalle Pou y otros jerarcas, el ministro de Desarrollo Social remarcó a la salida que “el objetivo es salvaguardar la vida y la integridad de las personas”.

“En este caso, de personas que tienen una vulnerabilidad muy grande por problemas de salud mental o por problemas de adicciones, que han perdido su libertad”, resaltó en rueda de prensa en Torre Ejecutiva.

En línea con otros dirigentes del oficialismo, el ministro puntualizó que la activación de esta ley “responde a un reclamo de la organización civil”, en referencia a las Madres del Cerro.

Sciarra dijo que la aplicación de la nueva normativa “no significa necesariamente que una persona con adicciones vaya a ser trasladada a la fuerza a un centro hospitalario”.

“Para que ese traslado sea de manera involuntaria tiene que estar la persona en ese momento en una situación de descompensación que no pueda responder a su libertad”, precisó el jerarca.

La directora de Protección Social del Mides, Fernanda Auersperg, no vio como algo probable que exista una “saturación” de los centros asistenciales por los traslados a partir de la nueva ley, tal como advirtió el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), José Minarrieta, según marcó el organismo en un comunicado.

“No creo que vaya a haber una saturación en la puerta de los hospitales (...) porque no es que van a quedar por meses ahí. Depende la situación y el tratamiento que el médico o psiquiatra especifique”, dijo Auersperg en diálogo con Radio Universal.

“Es muy probable que esto empiece a saturar las puertas de salud pública que ya de por sí tienen problemas de funcionamiento”, había dicho horas antes Minarrieta en rueda de prensa.

Poco después de sus declaraciones, el SMU emitió el comunicado indicando que “el riesgo de saturar las, ya congestionadas, puertas de emergencia es real y el resultado inevitable será que el paciente internado vuelva a la calle a los pocos días”.

La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay indicó el 24 de agosto, en otro comunicado, su “total desacuerdo” con la Ley 20.279. Y también manifestó la “alarma” por la implementación de la nueva norma, la “estigmatización y el riesgo de vulneración de derechos para las personas en situación de calle”.