Redacción El País
Desde el 25 de agosto pasado está vigente la llamada ley de internación compulsiva, una norma que habilitó a las autoridades a trasladar a personas que estén viviendo en la calle —incluso contra su voluntad— siempre y cuando medie una acreditación médica que constate que el paciente tenga adicción a las drogas o presente alguna patología psiquiátrica y que eso pueda ponerlo en riesgo a él o a terceros. Y es una política prioritaria para el gobierno y especialmente en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que tiene un nuevo balance de la aplicación de la normativa, a cuyo detalle accedió El País.

El número total de intervenciones —porque la ley estipula que la cartera reacciona ante denuncias que puede presentar cualquier persona— es, desde la fecha, unas 86. Pero no en todos los casos los equipos técnicos del Mides y de de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) encontraron riesgo como para trasladar a la persona. De hecho, eso se constató en bastante menos de la mitad: en 32 casos. En los restantes 54, "el equipo técnico y médico entendió que no había riesgo para sí o para tercero", según se indica en el balance ministerial.

"Esto resulta relevante pues se constata también que no estamos ante una aplicación indiscriminada sino que priman los criterios técnicos, sociales y médicos", valoró el titular del Mides, Alejandro Sciarra, en diálogo con El País.

Ahora bien, de esos 32 casos en que efectivamente se intervino, en tres no se pudo concretar el traslado por diversas "dificultades". Y respecto a los otros 29, el traslado se dispuso contra la voluntad de las personas en 16 casos —y es aquí en que se hace necesaria la participación del personal policial—, mientras que en 13 esto se dio de manera voluntaria.

Los que continúan internados en procura de obtener una estabilización por su patología son seis —cuatro en Montevideo, uno en Treinta y Tres y otro en Canelones—. Otros tres, de acuerdo a los registros del Mides, "se retiraron por voluntad propia sin tener el alta correspondiente," y siete restantes "fueron dados de alta coordinando seguimiento por parte de los equipos" ministeriales.

Como sea, para el ministro Sciarra es destacable que haya seis personas que continúen recibiendo, ya que todas ellas habían sido trasladados pese a que no prestaron su consentimiento. "Son seis internados de 16 traslados involuntarios, o sea un 40%. Es un número más que positivo para una política sociosanitaria en una población de tan complejo abordaje y que traía años en el exilio social”, dijo el ministro en ese sentido.

Como informó El País días atrás, las patologías más usuales de las personas en situación de calle que han sido atendidas estas semanas son "trastornos psicóticos y esquizofrenia, auto y heteroagresividad, abuso de sustancias, deterioro físico y desnutrición, abandono de medicación y descompensación psiquiátrica", remarca el balance de la cartera.

Una vez atendidos, a los pacientes se les realiza diversos estudios, como hemograma, ionograma, función renal, funcional y enzimograma hepático, "además de glucemia, análisis de orina, y estudios para el diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas, entre estas últimas, HIV, Sífilis, Hepatitis y Tuberculosis", se indicó.