Está sentada sobre una frazada o algo similar y una funda azul cubre sus piernas del insoportable frío húmedo montevideano de fines de agosto. Tiene la mirada perdida y una protuberancia en su cabeza que causa impresión a los transeúntes. A su lado, extendidas en un desorden que dificulta el paso por la vereda de la calle Yaguarón, aparecen desperdigadas sus escasas pertenencias y un tupper sucio, de donde recién comió gracias a la generosidad de algún vecino.

La imagen, tan habitual de la geografía urbana de Montevideo, está contenida en una foto que tomó ayer un funcionario de los equipos de calle del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que en ese sitio preciso del Centro de la capital aplicó por primera vez la nueva ley de internación compulsiva, aprobada este año a impulso del oficialismo, y que habilita el traslado de cualquier persona que esté viviendo en la calle -lo quiera o no- y que, acreditación médica mediante, se constate que sea un adicto a las drogas o que tenga su capacidad de juicio comprometida por alguna patología psiquiátrica.

L. B, de 62 años y con problemas de nutrición, entraba cuajaba en ese cuadro. No supo nunca que lo que le empezó a ocurrir en pocos minutos -un traslado al hospital Maciel, en donde permanecerá unos días hasta ser estabilizada- se enmarca como primer operativo bajo el amparo de la ley 20.279, el primero de cuatro durante las primeras horas de la vigencia de la nueva normativa, como ya se verá.

Pero el contacto con los funcionarios del Mides, como con el personal que envió ASSE -así está dictado en el protocolo creado por el decreto reglamentario- no le fue extraño. Esta mujer, como explicó Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social, estaba registrada en el Mides desde hacía al menos 12 años.

L. B. es de hecho una vieja conocida de los vecinos y comerciantes de la calle San José. Mientras vivió su madre, según supo El País, estaba contenida. Tras su fallecimiento hace algunos años, su vida se vino a pique. Su deterioro es tal, que apenas articula palabra. Su vida ha sido un constante cambio de hábitat: internada, estabilizada, y vuelta a la calle, así durante más de una década de consumo crónico de pasta base.

¿Y qué pasará cuando los médicos le den el alta, luego de ser estabilizada? Esta es una preocupación que tienen en el Mides, especialmente su ministro, Alejandro Sciarra, según contaron allegados al jerarca. Su idea es que su trayectoria tenga a partir de la intervención institucional de este lunes un quiebre definitivo.

Foto: Archivo El País

Consultada al respecto, Auersperg aseguró que lo que se buscará es que la mujer sea enviada “a una casa de medio camino de salud mental, donde se pueda asegurar la continuidad de los cuidados y el tratamiento de la persona, porque esta persona compensada puede ser incluida perfectamente en la sociedad y ser funcional”. “Lo que pasa -agregó la directora del Mides- es que la desprotección que generan las descompensaciones por no tener un tratamiento adecuado es lo que termina con la persona en el estado en que la encontramos en el lugar”.

La jornada del lunes terminó siendo movida para el Mides, atento a la implementación de la nueva ley.

Fuentes de la cartera indicaron a El País que el ministerio recibió 20 solicitudes de intervención para internación compulsiva. Se buscó intervenir en todos las denuncias, con éxito dispar.

En ocho, por ejemplo, el equipo de la cartera no localizó a las personas en el lugar, y hubo un caso en que el afectado se retiró justo cuando estaban llegando los funcionarios y la Policía.

Dos casos -uno es el de L.B.- terminaron con los pacientes trasladados por su propia voluntad, mientras que otros dos lo hicieron con necesidad de apoyo policial, pues hubo resistencia.

Luego, también, indicaron las fuentes consultadas, hubo “siete situaciones en las que el equipo social entendió que no había riesgo o el médico (de ASSE) entendió que no cumplía los criterios para su internación”.

Es en estas situaciones que el gobierno entiende que debe entrar en juego la Intendencia de Montevideo, para aplicar la ley de faltas , y por eso mismo es que se solicitó una reunión con el intendente Mauricio Zunino: para mejorar la coordinación interinstitucional, ya que la nueva ley, además, habla de incluir a los organismos “departamentales con competencia en la materia (para) que coordinen el cumplimiento de lo dispuesto” en la normativa.

Foto: Archivo El País