Es en la palabra clave de la ley aprobada por el gobierno a mediados de este año para enfrentar la problemática de las personas que viven en la calle donde reside la diferencia clave, de fondo, estructural, entre la administración actual y la próxima, al momento de abordar un fenómeno que no ha hecho más que crecer en los últimos años. Porque si bien todavía falta análisis y evaluación, el próximo titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, ya adelantó en diálogo con El País que no está de acuerdo con la “compulsividad” como enfoque para atacar el problema.

“Eso creo que ha quedado demostrado”, dijo el dirigente socialista en parte de una entrevista que se publicará esta semana: “(El problema) no se puede resolver de un momento a otro ni se puede resolver solamente con este tipo de herramientas”.

Pero el balance de la aplicación de esta norma, que comenzó a cumplirse el 25 de agosto -y que en los hechos habilita al Estado a trasladar o internar a cualquier persona que viva en la calle, si hay un médico que constate que su estado de salud es grave, que su capacidad de juicio está afectada por el consumo de drogas o una patología psiquiátrica, y que por ende puede estar en riesgo ella o terceros- es positiva entre las actuales autoridades del Mides.

Foto: Ignacio Sánchez

Eso es lo que se desprende de un informe redactado días atrás que, entre otras cosas, concluye que la norma posibilitó una “intervención más efectiva” del Estado en esta población crítica, y que eso a su vez permitió “identificar y asistir” a una cantidad significativa de personas que no contaban “con acceso regular a atención médica o social, y (que) en muchos casos no recibía los estudios clínicos necesarios para diagnosticar y tratar adecuadamente sus problemas de salud”.

“En varios de estos casos -se argumenta en el documento al que accedió El País- los individuos intervenidos no habían tenido acceso a un seguimiento médico adecuado, lo que hacía aún más urgente la intervención”.

En total, hasta mediados de diciembre, el Mides, en coordinación con ASSE y el Ministerio del Interior -los organismos que, de acuerdo a la reglamentación de la ley, deben articular su trabajo- se hicieron 206 intervenciones, aunque no en todas las situaciones se constató riesgo. De hecho, no se encontró peligro para la salud o riesgo para terceros en el 44% de los procedimientos -aunque hubo 16 personas que “aceptaron ingresar voluntariamente a un centro nocturno”-, y sí ocurrió en el 56% restante, que totalizan unos 116 casos, con características que fueron observadas con atención por parte de los jerarcas.

Foto: Archivo El País

Sin embargo, una escena sigue siendo habitual: aquel conocido de cualquier barrio que vive en la calle, y que conoce desde hace tiempo a los vecinos, volvió a sentarse en el muro habitual, a pedir comida en la panadería frecuentada, o a deambular por las cuadras habituales, luego de una ausencia relativamente larga que llevó a pensar a más de uno que tal vez era definitiva. Es decir, una mayoría volvió a donde acostumbraba, algo que a Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social, no resulta llamativo.

“No pretendíamos reducir sustantivamente la cantidad de personas en situación de calle, sino tener una herramienta más para actuar en casos extremos a los que no lográbamos llegar. Y que una vez que las personas fueran compensadas, pudieran acceder a una respuesta tanto para sus adicciones o sus problemas específicos de salud mental”, dijo la directora a El País. “Pero si las personas no acceden a eso y el médico les da el alta, muchas veces deciden volver a sus puntos de referencia”. Porque esa última parte, agregó, es voluntaria, y no todos, señaló, quieren: un 30% fueron los que decidieron seguir siendo asistidos por el Estado.

Luis Lacalle Pou ha impulsado activamente esta norma en su momento, y quienes conducen hoy el Mides, con Alejandro Sciarra a la cabeza, ven con buenos ojos que la próxima administración frenteamplista continúe aplicando esta ley.

Civila ya dijo que no comparte su espíritu, pero también que en principio debe respetarse el marco legislativo actual. “Hay que hacer una evaluación adecuada de las normas vigentes, que no son solo una; hay varias. Pero -insistió- no comparto y nunca compartí la idea de que estos problemas se resuelvan con compulsividad”.

Adelantó en esta línea que buscará “una mirada más amplia, que incluya distintos abordajes”.

Foto:Archivo El País

En el universo de las más de 2.700 personas que viven en la calle, de acuerdo al último censo que el Mides hizo en 2023, hay un problema que comparte la inmensa mayoría: la adicción a las drogas o el alcohol. Un 90% sufre este problema, y un 77% es adicto a una de las peores sustancias: la pasta base. Esto último llamó la atención de las actuales autoridades por el crecimiento que se constató con respecto al censo realizado en 2020, cuando los adictos a la pasta base eran el 56% de los encuestados.