Redacción El País
"Venimos convencidos de que el proyecto a llevar adelante es el adecuado y posible en las condiciones actuales”, sentenció el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, al comienzo de su intervención. Tomó la palabra después de que el miembro interpelante, el diputado frenteamplista Felipe Carballo, criticara de manera dura a lo largo casi tres horas el Proyecto Arazatí. Antes de plantear 88 preguntas sobre el proceso que implicó la licitación y adjudicación de una obra millonaria que permitirá contar con una nueva fuente de agua potable para el área metropolitana, Carballo dijo que se hicieron cambios en la normativa para favorecer a algunas empresas. Además, afirmó que “no tiene nombre lo que se va a hacer con esa playa paradisíaca”, y que el modo de financiación no debería haber sido el privado.

Al cierre de la edición de hoy, la interpelación aún continuaba. Durante 12 horas -a las que se le sumaron las que continuaron hasta que terminó la sesión en la madrugada- el Frente Amplio criticó una de las principales obras que lleva adelante el gobierno: una nueva planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata, en la localidad de Arazatí en el departamento de San José. Y las autoridades del Ministerio de Ambiente y OSE presentes en la sala, por su parte, defendieron uno de sus buques insignia, asegurando que todo se realizó dentro de la ley y argumentaron la decisión de priorizarlo en lugar de una represa sobre el arroyo Casupá.

El Partido Colorado y el Partido Nacional votarán una moción de respaldo a la gestión del gobierno en el proyecto Arazatí. En filas cabildantes, en tanto, se decidió no votar en bloque sino que hubo libertad de acción. No obstante, según supo El País, los liderados por Guido Manini Ríos no tenían intención de quitar el apoyo. Uno de quienes se ha opuesto a la iniciativa, sin embargo, fue el legislador cabildante Rafael Menéndez.

Desde el Frente Amplio se planteó una moción pidiendo la “suspensión de los avances del proyecto”, y la priorización de otras alternativas para la captación de agua dulce. Además de que entienden que corresponde la remoción del presidente de OSE, Raúl Montero, y del gerente general del organismo, Arturo Castagnino.

Además de que encuentran “evidentes inconsistencias” en el consorcio Aguas de Montevideo, a quien OSE le adjudicó la construcción del proyecto. Y critican que no se evacuaron los cuestionamientos que realizó la oposición durante la interpelación.

Foto: Francisco Flores

Uno de los puntos de discusión, que tiene larga data, es la resolución del gobierno de priorizar el Proyecto Arazatí por sobre Casupá. Por un lado, Bouvier respondió que, a 2021, el proyecto que se pretendía realizar sobre el Río Santa Lucía aún tenía etapas por cumplir. Y a continuación realizó un repaso sobre los tiempos estimativos de su construcción. De esa manera, a mediados de 2024 estaría pronto el llenado del embalse. “Queda, de esta forma, despejada la duda de que podría haber solución en este período de déficit hídrico”, añadió.

Pero, para el Frente Amplio, en el proyecto Arazatí hay una “inconstitucionalidad bien clara” debido a que la toma del agua del Río de la Plata y la planta será del privado. “Hay una violación clara al artículo 47 de la Constitución”.

El gerente de jurídica de OSE, Marcelo Riviezzo, retrucó que el hecho de que “intervenga el privado en operaciones materiales respecto a la toma de agua y el reservorio no está vedado por la Constitución” y aseguró que “el servicio público de prestación de agua potable es y será de OSE”.

También se alertó desde la oposición que se trata de una iniciativa “inconveniente desde el punto de vista financiero”, de la que se “prevén efectos ambientales adversos”, que es “rechazada por muchas organizaciones sociales”, que “tendría un efecto muy negativo sobre el territorio en que se va a desarrollar”, y que “no resolvería el problema de fondo cuando es una zona (la de Arazatí, en San José) con episodios de salinidad recurrentes”, como indicó el frentista Gonzalo Civila.

Un elemento central de los reparos fue el modelo de financiación que se eligió donde se pagará más de US$ 800 millones en 17,5 años por la obra (unos US$ 300 millones al dólar actual), los costos financieros y el mantenimiento a lo largo de los años. En respuesta, Bouvier dijo que, la manera en la que se procede, “es la única forma de hacerla”. “Y, a su vez, este modelo no es algo novedoso. Se empezó a utilizar en el gobierno anterior, que se ha usado en múltiples oportunidades. (…) Además de que esta obra va a ser más barata que el promedio de las obras que se realizaron durante el período anterior que son similares”, agregó el ministro colorado.

Bouvier indicó que el miembro interpelante “quiso traslucir, y no tanto, que quien habla viene sin preparar esta interpelación y hace referencia a que en la presentación detallamos el contrato” (ver aparte). Y concluyó: “Créame que preparamos mucho esta interpelación y no ponemos en juicio la preparación de los demás. Pero, además, las respuestas que ha tenido el miembro interpelante son de la mayor calidad técnica que tiene el ministerio”.