Redacción El País
fue una de las mayores polémicas del gobierno, y puso en peligro la continuidad de Cabildo Abierto dentro de la coalición. Luego de que se conociera la adjudicación de una vivienda a una cabildante por parte de Irene Moreira, se dio una consecución de hechos -entre los que estuvo una conferencia de prensa en la que Guido Manini Ríos desafió al presidente Luis Lacalle Pou y la aparición de otros casos cuestionados- que terminó en su renuncia al Ministerio de Vivienda a pedido del mandatario.

Ahora, -casi 10 meses después de una conferencia donde anunció su renuncia emocionada pero con voz firme, y de un máximo hermetismo sobre la investigación administrativa que se ordenó para evaluar su accionar-, el ministro Raúl Lozano -del mismo partido de Moreira- comunicó y divulgó su decisión tras analizar los informes de dos funcionarias.

Antes de informar la resolución, Lozano no se reunió ni con Manini Ríos, ni elevó la decisión a Presidencia. Tampoco lo compartió con el subsecretario, Tabaré Hackenbruch.

Uno de las polémicas alrededor del accionar de Moreira era si tenía o no un “cupo de reserva” -al que hizo mención el 3 de mayo la hoy senadora al salir de una reunión con Lacalle Pou- para adjudicar inmuebles de manera directa y sin sorteo. Es más, sus declaraciones en ese momento, cuando ya se hablaba de cinco apartamento otorgados, aumentaron los cuestionamientos que resultaron en un pedido de renuncia.

La resolución administrativa que se dio a conocer ayer dice que “ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados” se “enmarcó dentro de la reserva de cupos autorizados por la resolución ministerial” en cuestión. Se llega a esa conclusión porque “no (se) menciona como fundamento de los mismos” en las solicitudes, y “no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma”.

Al mismo tiempo, reconoció que la “reserva de cupos solicitada” por Moreira “no es ilegítima” (es decir, sí existe mediante una resolución de 2009), y “no se violenta ningún derecho subjetivo o interés directo y personal”.

La primera vivienda que se conoció fue a una militante de Cabildo Abierto -que informó Radio Universal- en la calle Nueva York, en Montevideo. Se trató de un apartamento de dos dormitorios que se dio de manera directa a una mujer que tenía vínculo con el Instituto Melchora Cuenca, que pertenece al partido y lo dirige Moreira. Después de que se conociera la polémica, esta persona “renunció” a la adjudicación.

Otro caso que resonó -e informó El País- fue la adjudicación de un inmueble a una mujer que trabajó durante un año en la casa de Moreira como empleada doméstica. Además de que, como consta en la historia laboral en los registros del Banco de Previsión Social, trabajó entre 2010 y 2013 para la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional.

En total, desde la secretaría de Moreira se pidió atender 12 casos a través de correo electrónico. En la resolución ministerial se detalla a grandes rasgos -y sin entrar en especificaciones sobre qué sucedió en cada situación- en qué quedó cada solicitud.

De los 12, dos eran para la modalidad de arrendamiento con opción a compra, de los que uno -el primero que se conoció en la prensa- quedó sin efecto por la renuncia de la beneficiaria.

De los 10 restantes, en cinco casos se “otorgaron autorizaciones de ingresos a viviendas en complejos”, dice la resolución, y añade que tres quedaron sin efecto y dos fueron para “núcleo familiar en situación de género”.

Por lo tanto, en estos dos casos de violencia de género se aplicaría la normativa vigente sobre las condiciones.

Después hay cinco pedidos en los que “no se concedió solución habitacional alguna”.

Cabe destacar que Lozano, al poco tiempo de asumir -y mientras corría la investigación- decidió dejar sin efecto protocolos creados por Jorge Ceretta, quien ocupó el cargo de director de Vivienda durante la gestión de Moreira. Allí se estableció cómo se debían atender las solicitudes que surgieran desde la secretaría de Moreira. Lozano, además, resolvió que quedaran “sin efecto” aquellos “procedimientos en curso de adjudicación de viviendas y/o procedimientos de autorizaciones de ingreso a viviendas”.

Foto: Estefanía Leal

La resolución ministerial apunta que funcionarios de carrera son pasibles de ser sancionados porque “no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, avalando las solicitudes enviadas desde la secretaría” de Irene Moreira cuando era ministra, “sin cumplir estrictamente la normativa”.

Por otra parte, se informa que en el período de 2009 a 2020 -que también se analizó en esta investigación administrativa- se dieron 74 viviendas bajo esta normativa.

Sin embargo, en ninguno de los casos de los gobiernos del Frente Amplio se encontraron irregularidades firmes, según supo El País.