COMISIÓN EN EL PARLAMENTO

La primera sesión de la comisión investigadora sobre la actuación de Charles Carrera cuando fue director general de Secretaría en el Ministerio del Interior dejó una serie de indicios que los senadores profundizarán en marzo. Uno de ellos es la identidad de quien en noviembre de 2012 disparó la bala que dejó paralítico a Víctor Hernández, un ciudadano de La Paloma (Rocha), y quiénes conocían la información.

Este lunes el abogado de la familia, Roberto Ferreira, dio el nombre y apellido del presunto atacante. Además, recordó una conversación en la que -según dijo a El País- el actual comisario de La Paloma, Mario Correa, reconoció que estaba al tanto y que participó de los festejos de donde partió el disparo.

Ante los senadores, el magistrado señaló a Victorio Forapagliero, un joven rochense que declaró ante la Fiscalía, si bien la causa penal prescribió el pasado 11 de noviembre al cumplirse los 10 años del ataque.

Daniel Hernández, hermano de la víctima, aseguró que en junio denunció al padre de Forapagliero ante la Justicia, porque había ingresado al patio de su casa sin permiso. Según su versión, que figura en las actas de la sesión parlamentaria, un vehículo del hombre se había trancado en una senda vecinal a metros de la propiedad.

Por otro lado, Hernández aseguró que los policías que participaron de la fiesta en la casa del subcomisario Marcos Martínez -de donde presuntamente partió la bala- estaban “muy nerviosos” y “deseperados”, y que esa noche estaban dispuestos a inculpar a quien estuviera en el lugar.

“Menos mal que no pasó ningún vecino caminando en ese momento porque lo más probable es que hubiera sido el tirador”, afirmó, y aseguró que intentaron echarle la culpa a un militar retirado que trabajaba como sereno en la terminal de ómnibus de La Paloma.

Ferreira señaló a Correa en la sesión, aunque no lo nombró. Se limitó a decir que era una persona que había sido indagada por la Fiscalía por participar de los festejos y que conocía la identidad del presunto atacante. Consultado por El País, dijo que se refería al comisario.

De acuerdo a la versión de Ferreira, un día se acercó al consultorio jurídico de la abogada Gina Ortega para cobrarle un pago pendiente. Su colega se interesó por el caso de los Hernández.

“Ella me pregunta: ‘¿Quién estaba? ¿Estaba fulano de tal?’ Le contesté que sí, entonces, me dijo: ‘Pará que lo llamo’. Tenía uno de esos aparatos antiguos para enviar faxes que lo puso en altavoz y yo escuché todo lo que decía el hombre del otro lado. El tema es después, ¿cómo lo pruebo?”, relató a los integrantes de la comisión investigadora.

Y aseguró que Correa, en diálogo con Ortega, dijo lo siguiente sobre el presunto atacante: “Este fue a la fiesta, estaba desacatado y empezó a tirar tiros para todos lados; el problema no era este que pegaba los tiros, sino que había gente que no debía estar allí, no era el ambiente adecuado. Entonces, corrimos las cosas, y ahora estamos todos metidos en medio de un baile. (...) ¡A mí qué me importaba el desgraciado ese, si no fuera por la gente que había allí!”.

El País no logró contactarse con Correa.

Los Hernández no descartan recurrir a la Suprema Corte de Justicia por el “funcionamiento irregular” de los juzgados, como lo definió en sala el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech.

Además, el abogado defensor dijo que evalúan iniciarle un “juicio de responsabilidad” al Estado si no logran una indemnización por la vía civil, que está en curso.

En la sesión, los Hernández volvieron a narrar los hechos en orden cronológico, como lo habían hecho al programa Santo y seña de Canal 4 en agosto. Y adjudicaron a Carrera la intención de evitar una demanda al Ministerio del Interior.

El exjerarca, actual senador del Frente Amplio, les proporcionó alojamiento y asistencia durante tres años en el Hospital Policial, tickets de alimentación todos los meses y traslados en navidad y año nuevo. En ese sentido, el hermano mayor cuestionó: “¡Ojalá hicieran caridad así con todos los ciudadanos! Sería maravilloso, el país de las maravillas”.

A su vez, se refirió al contacto “esporádico” que tenía con Carrera y a los sobres marrones que recibían sistemáticamente con los tickets de alimentación. “Todos los meses -los primeros días- venía el mismo muchacho -ya había confianza y nos decía, ¿cómo andan gurises?- a entregar los tickets”, narró.

Por otro lado, cuestionó que la Institución Nacional de Derechos Humanos no tomara la denuncia sobre el caso porque estaba judicializado, ya que un abogado que actualmente se desempeña allí le dijo que hubiera sido posible hacerlo.

El abogado defensor, en tanto, cuestionó cómo se desempeñó la Fiscalía, lo que generó preguntas de los legisladores.