Un nuevo capítulo se inició ayer en la comisión investigadora creada en el Senado para indagar presuntos hechos irregularidades cometidos por el hoy senador Charles Carrera durante su gestión al frente de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre los años 2012 y 2017.
Los senadores de la coalición de gobierno -el Frente Amplio ha decidido no integrar este ámbito bajo el argumento de que se trata de una “persecución” contra Carrera- recibieron ayer al comisario Marcos Martínez, en cuya casa se realizó un festejo de cumpleaños el 11 de noviembre de 2012, el mismo día en que Víctor Hernández fue herido de un balazo que lo dejó paralítico.
La víctima estaba en una vivienda ubicada a pocos metros de esa celebración -en La Paloma (Rocha)- y todo el caso salió a la luz en los últimos meses a raíz de un informe de Santo y Seña que indicó que Hernández había sido luego internado en el Hospital Policial -cuando la normativa prohíbe que se atiendan civiles en ese centro de salud-, beneficio que recibió hasta 2016, junto con tickets de alimentación que entonces ascendían al equivalente de $ 22.000 mensuales.
La comparecencia de Martínez y su abogado fue catalogada por el oficialismo como “muy interesante”, en particular por el material que aportaron y las indicaciones que dieron para analizarlo (ver recuadro), indicaron a El País fuentes parlamentarias.
Es a raíz de esa información que se decidió invitar a los peritos que intervinieron en aquella investigación penal, y que culminó sin que se probara autor material alguno de aquel disparo. Tanto los peritos oficiales como los que contrató Martínez, indagado en ese momento, fueron citados para el próximo lunes 20 de marzo.
Asimismo, se resolvió invitar para el 27 de este mes a quien en esos años era el director de Sanidad Policial, Leonardo Anzalone, para esclarecer el mecanismo por el cual se habilitó, por fuera de la ley, a que Hernández y su hermano recibieran un tratamiento especial. “Fue el que hizo ingresar (al sistema) al señor Víctor Hernández como suboficial ayudante, adulterando su condición de civil y pasándolo a policía, que no era”, resumió en declaraciones a la prensa el senador blanco Jorge Gandini, que es el denunciante de esta comisión.
Gandini también subrayó que, a priori, se generó una contradicción entre las partes.
“Hemos escuchado al senador Charles Carrera, ya senador, decir unas 20 veces en los medios de comunicación que no hay ninguna duda de que la bala salió de la casa del comisario. Sin embargo -advirtió el nacionalista- ahora se nos dice que en los expedientes judiciales eso no está demostrado y que la pericia realizada indica que la bala no salió de la casa del comisario”. Y agregó: “Si la bala no salió de la casa del comisario, ¿por qué Charles Carrera dice que sí? Quizás porque eso podría justificar la incomprensible internación y pago de un salario como solidaridad”.
En una conversación mantenida entre Carrera y la familia Hernández, el dirigente frenteamplista -entonces director de Secretaría de la cartera de seguridad- les pidió a sus interlocutores que “no hablen” del servicio que estaban recibiendo, tal como quedó grabado.
“Nosotros los vamos a seguir apoyando porque asumimos la responsabilidad. No es acorde a derecho. Es justo por Justicia. Pero no acorde a derecho porque nosotros no tenemos por qué colaborar”, fue parte de lo que afirmó Carrera, de acuerdo al registro que ahora está en poder de los senadores.
En busca de otra teoría del caso
El comisario Marcos Martínez, que compareció ante los senadores con su abogado, presentó en la comisión los expedientes judiciales generados por este caso.
Se trata un volumen relevante de documentación que los legisladores habían solicitado tanto a la Fiscalía -que se había negado a proporcionarla bajo el argumento de que la normativa no la habilitaba- y al Poder Judicial, que ha solicitado una prórroga de 30 días.
En base a esos expedientes, pero sobre todo en el de la demanda que inició Hernández en 2016 contra el Ministerio del Interior, Martínez y su defensor plantearon la necesidad de que los legisladores evalúen otras posibilidades que expliquen lo ocurrido en noviembre de 2012. En ese sentido, señalaron que debe prestarse particular atención al registro de audio de la conversación que mantuvieron Hernández y su familia con Charles Carrera en 2013.