Fueron dos días incómodos para el flamante ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, que debió acudir al Parlamento para responder sobre las solicitudes de asignación directa y discrecional de viviendas que hizo su antecesora, Irene Moreira.

Y aunque si bien Lozano se limitó en ambas instancias a hablar sobre el futuro -dejando al director de Vivienda, Jorge Ceretta, ser quien defienda las actuaciones de Moreira- a medida que pasan los horas surgen elementos que comprometen a la exministra.

La hoy senadora de Cabildo Abierto se excusó el 3 de mayo ante el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, diciendo que existía normativa del año 2009 que la avalaba para otorgar viviendas sin pasar por sorteo. Y entregó una lista con cinco casos en los que había asignado soluciones habitacionales de esa forma. Luego, en rueda de prensa, lo planteó diciendo que ella tenía “un cupo”.

Tras la renuncia, días después, El País informó en las semanas siguientes que la lista de asignaciones que se pidieron desde la secretaría de Moreira ascendía a 14 y que entre ellas había unidades ya asignadas y otras en trámite.

Un informe jurídico, que manejan dirigentes del Frente Amplio y al que accedió El País, ratifica que la resolución ministerial 1058/2009 de octubre de 2009 -norma en la que se amparó Moreira- “en ningún momento otorga potestad discrecional para el otorgamiento de unidades habitacionales”.

Las consultas jurídicas coinciden en que Moreira habría incumplido varios artículos del Código de Ética de la Función Pública aprobado en 2019. Entre ellas, el artículo 6° que plantea que se debe actuar “en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas”.

También se indica que la actitud de la entonces ministra es contraria al artículo 14° referido a “conductas contrarias a la probidad” entre las que se enumera “valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio de cualquier tipo, directo o indirecto para sí o para un tercero”.

A partir de estos análisis, y tras las comparecencias de las autoridades del MVOT, desde el Frente Amplio se evaluarán los pasos a seguir tanto a nivel parlamentario como en la Justicia. La directora por la oposición en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, ya reclamó que el organismo analice el caso (ver aparte).

El miércoles las autoridades de Vivienda asistieron a la comisión de Vivienda y Territorio de Diputados para explicar las adjudicaciones realizadas por la entonces ministra Moreira.

El día anterior Lozano junto al subsecretario Tabaré Hackenbruch y el director de Vivienda habían acudido por la misma razón ante la comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado.

Ceretta fue el encargado de defender la actuación de Moreira, quien fuera la persona que lo designó como director de Vivienda. En ambas sesiones Ceretta optó por “retrotraerse” a los gobiernos del Frente Amplio para describir el accionar de la exministra y relatar los “antecedentes”, criterios y resoluciones que, a su juicio, fueron “sentando las bases” de la actual normativa.

El jerarca sostuvo que de allí sale la “reserva de cupos” para el ministro de turno para asignar viviendas “en situaciones de emergencia habitacional”.

Por su parte, Lozano informó a los legisladores que de las 14 solicitudes que se iniciaron desde la secretaría de Moreira, cuatro de ellas llegaron a que los beneficiarios ocupen las unidades. Y no serán retirados.

Informes jurídicos encargados por Lozano marcan que se daría una relación totalmente desigual, en la que “el administrador es potente” y el “débil es al que se le entregó la vivienda. Se aplica entonces, dijo, el principio “in dubio pro adjudicado”: todo lo que esté ocupando la vivienda va a permanecer en ella.

“Si hiciéramos lo contrario, estaríamos sometiendo al Estado a que los removidos de su vivienda se presenten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, advirtió Lozano ante el Parlamento. Si así lo hicieran, agregó, los informes jurídicos indican que la cifra en perjuicio del ministerio “sería realmente muy importante”.