Por Fabián Cambiaso
La coalición de gobierno confirmó este viernes su mayor crisis en lo que va de esta administración. El bloque oficialista corre serio riesgo de partirse luego que el presidente Luis Lacalle Pou le pidiera la renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. La razón: la integrante de Cabildo Abierto adjudicó en forma directa una vivienda en un conjunto habitacional a una mujer que resultó ser militante de su partido.

Según explicó, lo hizo amparada en un “cupo” de unidades de reserva del que dijo disponer como ministra. Una potestad cuya legalidad es puesta en duda por estas horas tanto a nivel gubernamental como en la oposición y que, por lo menos, permitió la adjudicación de cuatro viviendas más en los últimos tres años. Así fue reconocido por la propia ministra en un informe que le presentó el pasado viernes a Lacalle Pou y al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuando fue convocada a la Torre Ejecutiva para dar las explicaciones del caso.

En la lista que presentó Moreira, referida a “reservas de cupo” en “situaciones excepcionales y a la que accedió El País, está el caso de Mónica Píriz, que fue el que detonó la salida de la ministra. Accedió a un apartamento de dos dormitorios en un edificio de Nueva York y Yí a través de un mecanismo de alquiler con opción a compra. La descripción de su situación familiar indica que era una “madre jefa de hogar” con una menor de 17 años a cargo e ingresos totales por $ 42.746. Píriz presentó certificado contable y figuraba con dos incumplimientos en el Clearing de Informes.

Todas las entregas se sucedieron entre 2021 y 2022. Una mujer también accedió a una vivienda de dos dormitorios en alquiler con opción a compra en la zona de Belvedere. Se trataba de un hogar nuclear con un menor de siete años a cargo, con ingresos totales por $ 45.300 y sin incumplimientos ante el Clearing de Informes.

Ese mismo año por decisión de Moreira una mujer recibió una vivienda de tres dormitorios bajo el mismo mecanismo en la zona de Burgues y Aparicio Saravia. También era una madre jefa de hogar, con dos menores de 15 y 16 años a cargo. El hogar tenía ingresos totales por $ 71.611 y había presentado refinanciación ante el Clearing. Se trata del único de los cinco casos en que se indica una situación de violencia de género.

El informe presentado por Moreira indica otra asignación excepcional mediante “reserva de cupo” a un hombre de una vivienda de dos dormitorios en la calle José Cabrera. Se trataba de un hogar nuclear sin menores a cargo y con un hijo de 23 años, con ingresos totales de $ 60.900. Presentaba incumplimientos crediticios ante dos financieras.

Finalmente, se incluye en tanto el caso de una mujer que recibió una vivienda de cuatro dormitorios en Rivera. Se trataba de una familia de cinco integrantes.

En agosto de 2022 Moreira había hecho distribuir una circular en el ministerio dando cuenta de un “procedimiento” que se debía seguir cuando llegara un caso “derivado” por las autoridades para la adjudicación directa de viviendas en complejos habitacionales.

El aviso, al que también accedió El País, aparece firmado por el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta. El “protocolo” daba intervención a distintas reparticiones pero deja en manos de la ministra la decisión final sobre el otorgamiento de la vivienda.

Fuente del ministerio señalaron que dicho documento no constituye ningún tipo de aval para la utilización de este mecanismo y afirmaron que, más allá del listado presentado por la ministra, existen “varios casos más” con las mismas características.