FALLO POR CRÍMENES EN LA DICTADURA

El escritor francés Jean de La Bruyère decía que “una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”. Esta demanda demoró dos décadas y trata de crímenes de hace más de 35 años. Pero para el gobierno uruguayo y para los familiares de víctimas de la dictadura tiene, pese al paso del tiempo, la impronta de la verdadera Justicia. Italia condenó a “cadena perpetua” a 24 jerarcas y militares involucrados en el Plan Cóndor, 13 de ellos uruguayos.

Este histórico fallo de segunda instancia -uno de los pocos con una pena tan extrema y masiva contra uruguayos- adquiere, para dos de los 13 nacionales condenados, una consecuencia práctica. Pedro Mato se ha dado a la fuga y recae sobre él una orden de captura. Jorge Néstor Tróccoli, el único que reside en Italia, está libre luego de que huyera de la Justicia uruguaya en 2007. Y, salvo que la Corte Suprema del país europeo haga lugar a su apelación, pasará el resto de su vida tras las rejas.

Para los otros 11 uruguayos involucrados, el efecto es, sobre todo, simbólico. Ya cumplen condena en Uruguay y, por una relación entre la edad que tienen y los años de condena que les resta cumplir, es poco probable que sean extraditados a Italia en algún momento.

Eso sí: que la Justicia de un país europeo “haya determinado la cadena perpetua confirma la gravedad de la conducta criminal que tuvieron los involucrados, evidencia que estos crímenes no caducan ni reconocen fronteras, y que Uruguay fue, lamentablemente, un partícipe clave en el Plan Cóndor”, explicó Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu y uno de los que inició la demanda en Italia, hace 20 años, “porque la Justicia uruguaya no daba bolilla”.

Desde lo jurídico, a su vez, el fallo italiano “legitima la prueba producida en Uruguay” y que ha llevado que estos 11 uruguayos ya estén presos, dijo Mirtha Guianze quien, cuando era fiscal, se encargó de recopilar buena parte de esta evidencia.

Pero la sentencia de ayer trae otras novedades. El abogado Andrea Speranzoni contó que esta segunda instancia “confirma el vínculo que existió entre Tróccoli y el genocida argentino (Alfredo) Astiz”, conocido como “el Ángel de la Muerte” y uno de los criminales que trabajó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). El dato, no menor, pone en evidencia la idea de un plan internacional orquestado.

Las dictaduras en el Cono Sur no solo coincidieron en tiempo, sino también en un acuerdo, bajo la batuta estadounidense, para “ejecutar” objetivos “subversivos”. Así lo revelan los documentos que desclasificó Estados Unidos este año, las pruebas que se habían recogido en distintos procesos judiciales de la región, y en el fallo italiano de ayer.

“Ejecutar” objetivos “subversivos” no es otra cosa que la persecución, la detención, la tortura, la desaparición e incluso el asesinato de quien manifestara ideas políticas contrarias al régimen de turno. Esta operación clandestina que, de manera activa tuvo a seis países sudamericanos como protagonistas, se le llamó Plan Cóndor.

El hecho de que la Justicia italiana haya dado cuenta de este Plan, “es una señal para la Justicia uruguaya”, señaló el demandante Olivera. “En Italia hubo una preocupación por entender qué había pasado en Sudamérica y hubo un tratamiento de los delitos como parte del terrorismo de Estado… en Uruguay, en cambio, los casos fueron encarados bajo la lógica de delitos comunes”.

Solo en la sentencia por el llamado “segundo vuelo”, Uruguay condenó a militares por 28 delitos que no se cometieron en territorio nacional. En todos los demás casos, siempre se había tratado de víctimas dentro de fronteras y sin que pesara el crimen organizado impulsado por el propio Estado.

Esto vuelve más histórico el fallo de ayer contra Jorge Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vasquez, Luis Maurente, José Sande, José Gavazzo, Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Pedro Antonio Mato Narbondom y Jorge Néstor Tróccoli.

Ayer, unos minutos antes de las cinco de la tarde de Italia (las doce del mediodía de Uruguay), la Justicia italiana publicó la sentencia. El fallo de seis carillas escritas en italiano, y que no abunda en los motivos que recién se conocerán en octubre, se tradujo en abrazos apretados y sonrisas que decían “por fin” en la sede del Pit-Cnt.

Hasta allí llegaron varios de los familiares de víctimas de la dictadura y testigos claves en el juicio. Todos deseaban conocer de primera mano, unas horas después de haberse divulgado el resultado “favorable”, cómo habían sido los detalles. Por eso la central sindical sirvió de sede para una videoconferencia con los abogados del caso.

Martín Ponce De León, que había sido preso político, balbució por lo bajo: “al fin una buena”, cuando el abogado italiano explicaba desde Roma que “el material recogido por el gobierno de Uruguay ha servido para confirmar si los acusados, que no habían sido condenados en primera instancia, habían estado involucrados”.

En el sitio web de Presidencia, el gobierno dejó en claro el logro: “Tras la orden del presidente Tabaré Vázquez, y a instancia del secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma (presente en Roma), los legajos debidamente reproducidos y aportados al proceso en la etapa de apelación fueron los pilares de la decisión de Tribunal de Apelaciones italiano para revocar la sentencia de primera instancia y condenar a todos los procesados”, dijo el prosecretario, Juan Andrés Roballo.

Los representantes del gobierno uruguayo dijeron desde Italia que Tróccoli esperará “suelto” hasta que se conozcan los motivos del fallo y es de esperar que luego presente un recurso de casación. Y también aclararon que el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez había quedado absuelto.

Pero esto era, para los presentes en la sede del Pit-Cnt, “un detalle” ante semejante noticia. Como resumió la exfiscal Guianze: “Ya no podrán decir que los militares fueron procesados sin pruebas”.